El TS pone coto a los partidos: la batalla jurídica de PP y Vox choca con un muro

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha cortado las alas a PP y Vox en su batalla jurídica contra el Gobierno. El primer aviso llegó con la ratificación de Dolores Delgado como fiscal general, el segundo con el plan para combatir las 'fake news' y el tercero con el rechazo a todos los recursos contra los indultos del 'procés'. Frente a los argumentos de ambas formaciones, la respuesta en los últimos meses ha sido la misma: carecen de un interés legítimo para impugnar estas medidas.

Los magistrados apuntan al artículo 69 de la ley que regula esta jurisdicción, que establece que el recurso será inadmitido cuando "se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada". De esta manera, la Sala de lo Contencioso ni siquiera entra en el fondo de sus argumentos: reconoce que "son instrumentos fundamentales de participación política de los ciudadanos en el Estado democrático", pero no por ello pueden ejercer una constante acción popular contra los actos del Gobierno. En algunos de los casos, esta postura ha dividido a los magistrados del Supremo, y tanto el PP como Vox ya han anunciado que recurrirán.

"Hay una regla general de que no se admite una legitimación por la mera defensa de la legalidad salvo en los casos de urbanismo", explica Javier Albar, magistrado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. "El problema es que la legitimidad siempre es discutible, siempre lleva apreciación", advierte. "Se mueve entre lo más abierto, que es la acción pública en el urbanismo, y luego una valoración en la que el Supremo está siendo últimamente más bien restrictivo".

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Mientras la Sala de lo Contencioso-Administrativo no abandone ese criterio "más bien restrictivo", los dos principales partidos de la oposición se encuentran así con que sus recursos contra el Gobierno apenas tienen recorrido. El último caso se conoció este mismo martes, cuando 'Europa Press' informó sobre el rechazo del escrito de una decena de diputados del PP contra el procedimiento de actuación contra la desinformación del Gobierno. Una vez más, concluyó que carecían de legitimación.

División en el Supremo

Entre los últimos ejemplos se encuentra además la ratificación de Delgado como fiscal general. Los recursos de PP y Vox pusieron en duda su idoneidad e imparcialidad por haber tomado las riendas de la Fiscalía tras ejercer como ministra de Justicia, pero la Sala de lo Contencioso concluyó en octubre que ambos carecían de legitimación activa para impugnar la designación del Gobierno. Su sentencia, de hecho, les reprendió por ejercer una “acción popular de carácter político” y "ayuna de cobertura legal".

Para reforzar esta idea, los magistrados citaron hasta veinticuatro resoluciones —sentencias y autos— con los que se habían inadmitido recursos de partidos políticos entre 2004 y 2021, pero el pronunciamiento no estuvo exento de polémica en el seno del tribunal: de los siete magistrados, dos se desmarcaron del resto y emitieron votos particulares en los que defendieron que sí tenían legitimación y, apoyándose en esa idea, entraron en el fondo de los recursos de PP y Vox.

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El siguiente caso más sonado fue el del rechazo de los recursos contra los indultos del 'procés'. Aunque la sentencia todavía no se ha hecho pública, la sección Quinta de la Sala de Tercera de lo Contencioso-Administrativo volvió a tumbarlos por falta de legitimación activa. Esta vez, por una ajustada mayoría de tres votos a dos.

Desde el inicio, la legitimidad del PP para recurrir era muy dudosa, pero levantaba mayores dudas si Vox, que fue parte en el proceso como acusación popular, podía tenerla. Como informó El Confidencial el pasado 2 de febrero, la división entre los magistrados se basó a su vez en extender esta falta de legitimación al resto de los recurrentes. En concreto, a dos asociaciones ciudadanas y a los diputados que integraban el Parlament cuando se produjeron los hechos que analiza la sentencia del 'procés'.

En cuanto al rechazo del recurso de una decena de diputados del PP contra el procedimiento de actuación contra la desinformación del Gobierno, la decisión se conoció este martes, pero el auto, al que ha tenido acceso este diario, se remonta al 22 de diciembre. En aquella deliberación no hubo división alguna: "Declarar la inadmisibilidad, por falta de legitimación activa". La sala de lo Contencioso-Administrativo se ha convertido en un muro para la batalla jurídica de la oposición.