El PP pide al Supremo que tumbe el nombramiento de Dolores Delgado

El Partido Popular ha recurrido al Tribunal Supremo contra el nombramiento de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. En un escrito dirigido a la Sala de lo Contencioso, al que ha tenido acceso El Confidencial, el partido que preside Pablo Casado cuestiona la idoneidad de la exministra de Justicia para asumir el cargo, pone en duda su imparcialidad e incluso su capacidad para ejercer la dirección de la Fiscalía. Explica que lo que motiva el interés del partido con esta demanda "es asegurar que el nombramiento del Fiscal General del Estado se efectúe de acuerdo a las normas predefinidas al respecto en el ordenamiento jurídico, pues de su jefatura de un órgano de relevancia constitucional". "Su ocupación por persona que no cumple dichos requisitos podrían derivar efectos perturbadores de alcance difícilmente estimable tanto para el principal partido de la oposición en las Cortes Generales, como, en definitiva, para la ciudadanía en su conjunto", dice.

A lo largo de 79 páginas, el PP destaca la "inequívoca vinculación" de Delgado con el Gobierno y con el PSOE, tanto como ministra como diputada. "Tan solo dos días después de ser cesada como Ministra de Justicia, en el mismo día en que entregaba simbólicamente a su sucesor la cartera del referido Ministerio en acto público y notorio, Doña Dolores Delgado fue propuesta para su nombramiento como Fiscal General del Estado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de enero de 2020", indica. Destaca el escrito desde un punto de vista simbólico, que Delgado entregó la cartera a su sucesor el día 14 de enero de 2020, esto es, el mismo día en que se propuso su nombramiento como Fiscal General del Estado. "¿Puede acaso imaginarse un mayor desprecio por nuestra Carta Magna y la imparcialidad del Ministerio Fiscal que la misma consagra en su artículo 124.2 CE? Difícilmente", dice.

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Para la formaciónpopular, Delgado no solo no es imparcial sino que ha demostrado una "pública y notoria aversión a mi mandante" y una "notable escasez de mesura, prudencia y respeto por las diversas posiciones políticas de otros grupos políticos". Refleja en su escrito la entrevista que protagonizó el presidente del Gobierno en Radio Nacional de España el pasado 6 de noviembre de 2019 cuando, a modo de respuesta a un periodista, indicó "¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?". La iniciativa de los de Pablo Casado se lleva a cabo coincidiendo con las semanas clave para alcanzar un acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional de cara al próximo otoño.

Los populares señalan que la fiscal general del Estado no cumple dos de los elementos reglados para la designación: la imparcialidad y el "reconocido prestigio" como jurista que se exige para el cargo. Siete vocales del Consejo General del Poder Judicial dudaron de su idoneidad -señalan- y pone de manifiesto que la actuación del Ministerio Público, con sujeción a los principios que deben regirle, resulta "sencillamente imposible" si la pieza clave de la Fiscalía la ocupa una persona cuyas condiciones personales le impiden, objetivamente, actuar con la debida imparcialidad. Para el PP la figura de Delgado consigue que se degrade, se desnaturalize, y con ello se entierre el Ministerio Fiscal. "Y la muerte de una Institución como el Ministerio Fiscal, tal y como lo define la Constitución, es también la muerte de la Constitución", dice.

Prestigio "ignoto"

La demanda cuestiona también su prestigio. "Es jurista, en efecto, con más de 15 años de servicios efectivos en la carrera fiscal, pero su prestigio como jurista es ignoto", dice y añade que el jurista de prestigio reconocido es aquel "que genera respeto y confianza, no por su conducta personal o su situación social o su adscripción ideológica o por sus amistades, sino porque se ha ganado ese prestigio por su actividad jurídica de modo que es reconocido como tal en la sociedad y en particular, entre los juristas".

La intención del Ejecutivo con la designación es la de resucitar leyes franquistas que conferían al fiscal la función de mero órgano de comunicación entre el Gobierno y los tribunales. La "longa manus" del Gobierno, dice el PP que vuelve a implementar deciciones propias del régimen político franquista. "El fin es situar al Ministerio Fiscal a su servicio, bajo su dependencia y con plena subordinación", destaca. Por todo ello reclama que se declare la nulidad de pleno derecho del Real Decreto por el que se designó a Delgado y remita una cuestión prejudicial al considerar violados los principios del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.