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La Abogacía del Estado defiende los indultos ante el Tribunal Supremo
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En contra de suspenderlos

La Abogacía del Estado defiende los indultos ante el Tribunal Supremo

Recalcan que no hay ni urgencia ni riesgo que respalde tumbar una decisión en la que el Ejecutivo ha cumplido todos los requisitos formales

Foto: Los presos, tras abandonar la cárcel. (EFE)
Los presos, tras abandonar la cárcel. (EFE)
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La Abogacía del Estado ya ha presentado el primero de sus escritos ante el Tribunal Supremo (TS) sobre los indultos concedidos por el Gobierno a los nueve acusados en la causa del 'procés' que habían sido condenados a penas de prisión. En sus alegaciones, conocidas por El Confidencial, se opone a la petición de tres dirigentes de Ciudadanos (Cs) de que se suspenda el perdón de forma cautelar mientras se decide sobre el fondo. Los servicios jurídicos estatales no ven motivos para congelar la gracia otorgada que permitió el pasado 23 de junio a Oriol Junqueras y al resto de políticos catalanes encarcelados recuperar su libertad. Recalcan que no hay ni urgencia ni riesgo que respalde tumbar una decisión que es prerrogativa del Ejecutivo y para la que se han cumplido todos los requisitos formales.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS despacha estos días la segunda fase de los recursos presentados por los parlamentarios de Cs. La pieza de cautelares se abrió después de que rechazaran proceder a la suspensión cautelarísima de los indultos, al no apreciar que exista especial urgencia para tramitarla ‘inaudita parte’, es decir, sin escuchar a la Abogacía.

Foto: La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. (EFE)

En su último auto, los magistrados del alto tribunal no apreciaron el "riesgo" que sí veían los de Inés Arrimadas. Señalaron que no podían acoger el argumento genérico de que existe la "posibilidad" de que huyan de la acción de la Justicia o que continúen delinquiendo. Avisaron de que no se acompañaba de "ninguna justificación que permita apreciar la inmediata materialización de tal riesgo". "Difícilmente puede considerarse suficiente a efectos de acreditar (…) la concurrencia de circunstancias de especial urgencia que justifiquen el sacrificio del principio de contradicción", decían.

Una vez ordenada la tramitación del incidente cautelar, se dio a la Abogacía del Estado como contraparte un plazo de cinco días para formular alegaciones. La Sección Quinta estudiará sus argumentos, presentados este martes, antes de decidir de nuevo, aunque todo apunta a que volverá a rechazar una suspensión por motivos similares. El tribunal consideró que la libertad, como derecho fundamental, no puede ser limitada sin motivos suficientes que lo respalden. Añadió que mantener el indulto en el tiempo "no supone sino respetar el derecho fundamental a la libertad del que la persona solo puede verse privado en los casos y la forma previstos en la ley".

El área penal sí valoró su concesión en un informe remitido al tribunal sentenciador que reclamó su criterio por ser parte ofendida

Es la primera vez que el área contenciosa de la Abogacía se pronuncia. El área penal sí valoró su concesión de forma previa, en un informe remitido al tribunal sentenciador que reclamó su criterio por ser parte ofendida. Entonces evitó apoyar o rechazar que se otorgaran aunque sí señaló que los condenados habían reparado el daño económico aparejado al delito de malversación tras la entrega de una fianza de 4,1 millones de euros en el Tribunal de Cuentas.

Los primeros pasos

La tramitación de los recursos de los indultos está dando sus primeros pasos, aunque la resolución final no se espera hasta la primavera del próximo año. Si la Sección Quinta atiende a la Abogacía, los agraciados con el perdón continuarán disfrutándolo al menos durante los próximos meses. Además de Cs, han presentado recursos Vox y el PP. Otra de las primeras decisiones que adoptará la sección se referirá a la legitimación o la falta de ella de los partidos recurrentes. La del PP está muy cuestionada, mientras que en el caso de Vox, su personación en el procedimiento como acusación popular provoca dudas. Ciudadanos, por su parte, ha atinado en el recurso al cederlo a los tres parlamentarios que se sentaban en el Parlament en el momento en que los indultados organizaron el referéndum del 1-O para proclamar, a continuación, la independencia. Los populares han seguido su estela y cinco dirigentes del partido en Cataluña también presentarán recursos individuales.

Pese a que los precedentes indican que las decisiones controvertidas suelen elevarse al pleno para que se adopten tras la deliberación de todos los magistrados, por el momento es la quinta, formada por cinco jueces, la que se ocupará de estudiar los recursos. El presidente de la sala tiene en su mano la posibilidad de elevarla para un estudio conjunto por parte de los 29 jueces que integran la tercera. Lo más previsible es que una decisión de este calado se adopte contando con un criterio lo más reforzado posible.

Foto: Un grupo de CDR quema una bandera de España. (EFE)

Los tres recurrentes de Ciudadanos indicaron que "vieron atropellados sus derechos" cuando, estando "en primera fila" como diputados en el Parlament en 2017, "a través de procedimientos ilegales, se tramitaron las leyes de transitoriedad y la ley de referéndum". Solicitaron que "se suspenda ya la ejecución de los indultos", que consideran "inmorales y gravísimos". "Son un peligro para el interés general", defendieron.

Al margen de esta pieza cautelar, la Sala Tercera ya tramita el fondo del recurso y ha reclamado al Ministerio de Justicia que remita los expedientes de indulto a la sala en un "plazo improrrogable" de 20 días.

La Abogacía del Estado ya ha presentado el primero de sus escritos ante el Tribunal Supremo (TS) sobre los indultos concedidos por el Gobierno a los nueve acusados en la causa del 'procés' que habían sido condenados a penas de prisión. En sus alegaciones, conocidas por El Confidencial, se opone a la petición de tres dirigentes de Ciudadanos (Cs) de que se suspenda el perdón de forma cautelar mientras se decide sobre el fondo. Los servicios jurídicos estatales no ven motivos para congelar la gracia otorgada que permitió el pasado 23 de junio a Oriol Junqueras y al resto de políticos catalanes encarcelados recuperar su libertad. Recalcan que no hay ni urgencia ni riesgo que respalde tumbar una decisión que es prerrogativa del Ejecutivo y para la que se han cumplido todos los requisitos formales.

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