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López-Guerra: "Dudo que los indultos influyan en la decisión de Estrasburgo"
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EXMAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE DERECHOS HUMANOS

López-Guerra: "Dudo que los indultos influyan en la decisión de Estrasburgo"

El exjuez del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo habla en esta entrevista de los indultos y de los recursos ante Europa. Su opinión es relevante porque ha sido nueve años miembro del alto tribunal

Foto: Luis López-Guerra. (Ana Beltrán)
Luis López-Guerra. (Ana Beltrán)

Luis López-Guerra (León, 1947) estuvo nueve años como juez en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Le tocó lidiar asuntos vidriosos como la condena a España por la aplicación de la doctrina Parot en el caso de la etarra Inés del Río. Y, aunque el caso de los indultos a los independentistas catalanes no tiene nada que ver, está convencido de que los magistrados seguirán aislando el contenido político de la disputa de lo estrictamente jurídico una vez que todos los condenados presenten sus recursos. Al fin y al cabo, como asegura en la entrevista, celebrada este martes, Estrasburgo dicta sentencias pensando en un vasto territorio sin tener en cuenta cuestiones de política interna. López-Guerra ha sido vicepresidente del Tribunal Constitucional, secretario de Estado de Justicia y catedrático de Derecho Constitucional, además de vicepresidente del Poder Judicial.

PREGUNTA. Para un jurista que ha estado muchos años en Estrasburgo, le debe parecer singular la sistemática judicialización de la vida política en España. Es como si los jueces estuvieran obligados a resolver problemas de naturaleza política.

RESPUESTA. Sí, yo creo que ha sido un error considerable, y la política no puede regirse por el Código Penal. La judicialización de los problemas políticos solo puede producirse en situaciones extremas. El problema está en dejar que las cosas lleguen a un punto que finalmente lleve a la aparición de ilícitos penales. La labor del político es evitarlo. Hay un deber constitucional que obliga al Gobierno a resolver los problemas. No hablo de un partido determinado, pero creo que cualquier Gobierno es el responsable de que las cuestiones políticas pasen al ámbito judicial.

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Luis López Guerra. (Ana Beltrán)

P. Es paradójico, en este sentido, que no solamente el PP o Vox o Ciudadanos recurran de forma sistemática a la vía judicial, sino también los independentistas, que tienen la vista puesta en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, como si fuera su última esperanza.

R. Aquí hay un error en el que incurren todas las partes. Y es confiar en el ‘deus ex machina’ [el dios que conduce la máquina] en la jurisdicción internacional. Pensar que Estrasburgo va a resolver los problemas en un sentido o en otro es una ilusión. Para empezar, Estrasburgo actúa después de muchos años, y el tiempo tiene su importancia en estas cuestiones. Si realmente hay una solución a los problemas en Cataluña, es una cuestión que debe resolver España. No podemos pensar que se va a resolver en Estrasburgo. Hay una falsa ilusión por parte de todos. Unos piensan que una condena acabaría con el problema, y otros creen lo contrario, que sería una derrota inapelable. La función de un tribunal como el de Estrasburgo es establecer criterios generales de respeto del derecho para toda Europa.

No podemos pensar que el problema de Cataluña se va a resolver en Estrasburgo

P. Pero, políticamente, cualquier decisión sobre la condena a los presos independentistas sí que sería muy relevante.

R. Obviamente, tendría mucha relevancia, pero hay que contar con el factor tiempo. La decisión de Estrasburgo puede ser cuestión de años, y eso puede influir en el equilibrio partidista, pero, insisto, el problema que tenemos ahí no lo resuelve Estrasburgo.

P. Fíjese que incluso el propio tribunal que condenó a los independentistas se curó en salud e hizo una sentencia pensando que no la pudiera tumbar el Tribunal de Derechos Humanos. Fue extremadamente pulcro en todas las cuestiones procesales para evitar dar argumentos jurídicos a los independentistas.

R. La sentencia fue una manifestación de lo que digo. Da la impresión, cuando uno lee la sentencia del Supremo, que se ha puesto la venda antes que la herida, pensando en Estrasburgo. Yo siempre hago la comparación con lo que le pasó al barón de Münchhausen, que se cayó a un pantano y pensaba que podía salir tirándose de sus propios cabellos. Pues así estamos en España. Estrasburgo no nos va a sacar del problema catalán.

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Luis López Guerra. (Ana Beltrán)

P. Estrasburgo entrará solo en la forma o también en el fondo.

R. Veremos, por el momento lo que sabemos es que ya hay varios recursos. Hay una primera fase que es muy importante, que es la de admisión. Esto es importante porque hay veces en que el tribunal ‘a limine’ corta la posibilidad de resolver cuestiones de fondo. Hay una segunda línea, que no presenta muchas esperanzas, pero cualquiera sabe, que consiste en la búsqueda de un acuerdo amistoso, si no se llega y se ha admitido el caso, se abre una fase muy amplia de alegaciones de las partes. Estamos hablando de meses que se van acumulando. Esto puede durar uno, dos, tres años… ¿Quién lo sabe? Y finalmente, esto lo puede resolver una sala formada por siete magistrados, en la que debe haber un juez nacional, en este caso español, o bien, en casos más importantes, puede decidir la Gran Sala con 17 jueces. A la vista de esto, hacer profecías sobre por dónde va a salir el tribunal es realmente complicado.

El tipo penal de la sedición es de una dureza y de una gravedad que lo hace difícilmente compatible con los estándares europeos

P. De qué manera puede influir el hecho de que el Gobierno haya planteado una reforma del Código Penal para suavizar el delito de sedición, que es el tipo penal que se aplicó a los indultados.

R. Estoy absolutamente seguro de que sí influirá. La regulación penal en este caso no es muy ajustada y lo demuestra la discusión que ha habido en la sentencia del Supremo. Y segundo, en lo que se refiere a la sedición, es de una dureza y de una gravedad que la hace difícilmente compatible con los estándares europeos, y no solo por la literalidad del precepto, sino también por lo que es el derecho vivo. Es decir, la aplicación de estos preceptos en Europa. La tipificación de estos delitos requiere una reforma, independientemente de la sentencia en el caso catalán.

P. Pero eso, políticamente, puede interpretarse como otro balón de oxígeno a los independentistas.

R. Hay que pensar que el tribunal actúa con mucho distanciamiento. Son jueces que no tienen nada que ver con España y que actúan pensando en establecer criterios para toda Europa. Es por eso que cuestiones coyunturales, como una reforma de la ley, se pueden tener en cuenta, pero no son decisivas.

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Foto: Ana Beltrán.


P. ¿Qué importancia pueden tener los votos particulares que han presentado los magistrados Xiol y Balaguer en el Tribunal Constitucional?

R. Son importantes porque esos votos particulares se unen a la sentencia y a la documentación que tiene que examinar el tribunal. Así como el tribunal no le da importancia a otras cuestiones, a esa sí. El propio tribunal de Estrasburgo, a veces, incluye votos particulares, y la evolución de su jurisprudencia, a veces, también ha dependido de esos votos particulares.

P. ¿Los indultos también pueden influir en la decisión de Estrasburgo al darles argumentos a los independentistas?

R. No estoy tan seguro porque un indulto es una decisión política. Es decir, se puede estar de acuerdo con la sentencia condenatoria y al mismo tiempo con los indultos. Tengo mis dudas de que el tribunal lo considere importante.

Lo más grave para Estrasburgo es el contenido sustantivo de asuntos como la libertad de expresión, reunión y manifestación

P. El Gobierno justifica los indultos como un asunto de utilidad pública, ¿cómo se sustancia eso en términos jurídicos?

R. El indulto es una figura excepcional y no supone poner en cuestión la justicia. Desde ese punto de vista, la utilidad pública se puede ver como las consecuencias prácticas que puede tener para la convivencia y para el bienestar general. Y ahí la Constitución da un margen al poder ejecutivo, pero sin que en ningún momento el indulto ponga en duda la justicia o la sentencia condenatoria. Al contrario. Pero hay que separar claramente la utilidad pública de la justicia.

P. ¿Para la opinión pública y los legos en la materia no puede ser sorprendente que una sala (la de lo penal) cuestione los indultos y otra, la de lo contencioso, pueda aceptarlos?

R. Son cuestiones distintas. Pero es verdad que no todos los ciudadanos son expertos en derecho. Se puede entender que un tribunal que ha condenado no sea muy proclive a eliminar las consecuencias. Pero lo que observa la otra sala es el cumplimento de los requisitos formales de los indultos, que es lo que corresponde a la sala tercera.

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Luis López Guerra. (Ana Beltrán)

P. ¿Qué opina usted de los indultos?

R. En mi opinión, son convenientes. Se trata de romper una espiral de confrontación que no nos lleva a nada bueno ni a Cataluña ni a España. Además, hay que tener en cuenta que se han cumplido ya casi cuatro años, pero insisto en que se puede estar de acuerdo con la sentencia y con el indulto. No podemos confundir estas dos cosas, que son muy distintas. El futuro nos dirá si los indultos han valido la pena.

P. Otro de los argumentos que esgrimen los independentistas es el derecho al juez ordinario, es decir, que tendrían que haber sido juzgados por el Tribunal Superior de Cataluña y no por el Supremo.

R. Lo más grave para Estrasburgo es el contenido sustantivo de asuntos como la libertad de expresión, reunión y manifestación. La cuestión del tribunal es menos relevante, ya que Estrasburgo considera que ellos no están para errores procesales, y lo que hace es fijarse en el proceso en su conjunto. Es decir, si ha habido o no suficientes garantías. Obviamente, salvo que haya un error procesal muy grave. Para mí, y en eso estoy de acuerdo con los votos particulares del Constitucional, el eje de la cuestión son los temas sustantivos, ya le digo, los límites a la libertad de expresión, de manifestación o de reunión.

Una sentencia en contra no supone que el país condenado no sea un Estado de derecho. Hay errores, arbitrariedades, para eso está el tribunal

P. ¿Se pueden tener en cuenta aquellas palabras de "revancha" y "venganza" que dijo el presidente del Gobierno?

R. En un Estado de derecho podemos partir de la idea de que no hay represalias. Otra cosa es que en el debate político se utilicen esos términos. No me entra en la cabeza que las autoridades puedan hablar de ensañamiento.

P. Lo que sí puede pesar es la reciente declaración de la Asamblea del Consejo de Europa apoyando los indultos...

R. Esa es una decisión de tipo político a la que se refiere mucho la jurisprudencia del tribunal. Estrasburgo lo tendrá en cuenta, puesto que se ha producido en el seno del Consejo de Europa, de la misma forma que el tribunal tiene en cuenta, por ejemplo, los dictámenes de la Comisión de Venecia o las decisiones de otras comisiones o comités del Consejo de Europa. Es un elemento más a tener en cuenta. En todo caso, lo relevante es que Estrasburgo busca criterios que puedan aplicarse en toda Europa, una base jurídica común para 47 países.

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Luis López Guerra. (Ana Beltrán)

P. ¿Es un caso único el de la política española, siempre tan atenta a lo que decide el tribunal de Estrasburgo?

R. Hay países que tienen problemas sistémicos que se reproducen periódicamente. No somos un país que haya sido condenado muchas veces porque falla la base del sistema. Esto no es así. Hay fallos en situaciones concretas. Una condena no supone que el país condenado no sea un Estado de derecho. Países como el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Suiza... han sido condenados muchas veces por Estrasburgo y nadie pone en duda que son Estados de derecho. En España, a veces, se extrapola demasiado. Un Estado de derecho, por definición, no es un paraíso. Hay errores, hay arbitrariedades, y para eso está el Tribunal Europeo. Nos condenan como a todos.

P. ¿Qué tipo de presiones reciben los jueces de Estrasburgo? Usted mismo estuvo sometido a fuertes tensiones con ocasión de la doctrina Parot y el caso de la etarra Inés del Río.

R. Para España aquel caso tenía mucha importancia, pero desde la perspectiva de Estrasburgo aquello se planteó como un caso relacionado con el valor objetivo de los derechos fundamentales y hasta qué punto la legalidad de una pena y cómo se podía ver afectada por cambios en la interpretación de la jurisprudencia. En el caso del que usted habla, la sentencia Del Río Prada, es frecuentemente utilizada como precedente en la jurisprudencia posterior del tribunal en casos que no tienen nada que ver con España.

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Luis López Guerra. (Ana Beltrán)

P. ¿Cómo se asegura la independencia de los jueces respecto del poder político?

R. El tribunal de Estrasburgo, al contrario que otros, está formado por jueces permanentes que tienen la obligación de residir allí físicamente. A veces se habla de que son jueces aislados en una torre de marfil, abstraídos de la realidad. Esa es una crítica razonable, pero también sirve como garantía de objetividad, de distanciamiento. Por eso, ya digo que hay que tener mucho cuidado en trasladar las cuestiones coyunturales de un país determinado con las cuestiones, vamos a decirlo así, más abstractas.

P. ¿Quién decidirá si los recursos de los independentistas los juzgará una sala o la Gran Sala?

R. En principio, es una sala de siete, y en casos simples puede ser un comité de tres jueces, que no es el caso. Caben dos posibilidades. La primera, que la misma sala de siete decida que el caso es muy complejo y que es conveniente que resuelva una sala de 17, y la otra fórmula es que, una vez que la sala de siete ha tomado una decisión y ha dictado sentencia, se pida que el caso pase a una sala de 17, lo cual no se concede siempre, hay una especie de filtro de cinco jueces. Pero también puede suceder que la sentencia de la sala de siete pueda ser revocada por la más numerosa. Una sentencia emitida por una sala de 17 jueces tiene mucho más peso desde un punto de vista jurisprudencial. Yo no excluiría que esto acabara en la Gran Sala del tribunal.

Luis López-Guerra (León, 1947) estuvo nueve años como juez en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Le tocó lidiar asuntos vidriosos como la condena a España por la aplicación de la doctrina Parot en el caso de la etarra Inés del Río. Y, aunque el caso de los indultos a los independentistas catalanes no tiene nada que ver, está convencido de que los magistrados seguirán aislando el contenido político de la disputa de lo estrictamente jurídico una vez que todos los condenados presenten sus recursos. Al fin y al cabo, como asegura en la entrevista, celebrada este martes, Estrasburgo dicta sentencias pensando en un vasto territorio sin tener en cuenta cuestiones de política interna. López-Guerra ha sido vicepresidente del Tribunal Constitucional, secretario de Estado de Justicia y catedrático de Derecho Constitucional, además de vicepresidente del Poder Judicial.

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