El Consejo de Europa apoya los indultos y pide reformar el delito de sedición

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha avalado este lunes la resolución presentada por el diputado socialista letón Boriss Cilevics en la que se invita al Gobierno a reformar los delitos de sedición y de rebelión, se plantea el indulto de los presos del 'procés' e incluso se pide ir más allá y retirar la solicitud de extradición contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Pese a las enmiendas presentadas por el PSOE, finalmente la resolución de Cilevics, en base a su informe '¿Deberían los políticos ser perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?', ha sido avalada por 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones. El diputado letón ha insistido en todo momento en que las penas impuestas por el Tribunal Supremo fueron "desproporcionadas".

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El texto aprobado, además de respaldar la decisión ya anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de indultar a los presos del 'procés' y reformar los delitos de rebelión y sedición, defiende que "considere abandonar los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que viven en el extranjero que están buscados por los mismos motivos".

Asimismo, se plantea a las autoridades españolas que "se abandonen los procesos pendientes para cargos de rango inferior implicados en el referéndum inconstitucional de 2017 y no se sancione a los sucesores de los políticos encarcelados por acciones simbólicas que simplemente expresan su solidaridad con los detenidos".

Por otra parte, la resolución plantea a las autoridades españolas que se contengan de "pedir a los políticos catalanes detenidos que renieguen de sus opiniones políticas profundamente arraigadas a cambio de un régimen penitenciario más favorable o una posibilidad de perdón" si bien apunta a que sí se les puede pedir que busquen alcanzar sus objetivos políticos "sin recurrir a medios ilegales".

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Además, invita al Gobierno a que entable "un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas en Cataluña, incluidos quienes se oponen a la independencia, para fortalecer la calidad de la democracia española" mediante el "Estado de Derecho, la buena gobernanza y el total respeto de los Derechos Humanos, sin recurrir al derecho penal, sino en pleno respeto del orden constitucional de España".

Fracasan las enmiendas de PP y PSOE

El PSOE había pedido expresamente suprimir el punto referido a la regulación de los delitos de sedición y rebelión. "Esto no puede hacerlo el Gobierno porque es una competencia judicial" y por tanto "sería contrario a la independencia del poder judicial, a la separación de poderes", ha defendido el senador socialista Antonio Gutiérrez Limones. "El Gobierno no puede incumplir una sentencia o una resolución judicial", ha recalcado.

Tampoco han prosperado las enmiendas formuladas por el PP, que ha insistido en que los políticos independentistas no fueron condenados por ejercer su libertad de expresión sino por sedición y malversación de fondos públicos tras un juicio con todas las garantías.

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"España es una democracia sólida, un país descentralizado con tribunales independientes y cuya realidad es totalmente distinta y no tiene nada que ver con lo que se muestra en este informe", ha defendido el diputado popular Pablo Hispán.

Críticas de Laya y celebración de Aragonès

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado este lunes que el informe del Consejo de Europa contiene recomendaciones sobre el poder judicial "un tanto incoherentes y confusas, dado que en España rige el principio de separación de poderes". Al mismo tiempo, ha explicado que el documento reconoce que el Estado de derecho en España es "pleno". Laya ha añadido que pedirle al Ejecutivo español "que se inmiscuya en decisiones que competen al Judicial nos parece simplemente desconocer el funcionamiento básico del Estado de Derecho".

En una nota de prensa, el ministerio critica la comparación que establece el documento entre España y Turquía, si bien matiza que "ha evolucionado mucho en las últimas semanas en favor de posiciones más matizadas y respetuosas de la democracia y del funcionamiento del Estado de derecho en España".

La resolución, sin embargo, ha sido muy bien acogida por el independentismo. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha opinado que el texto "marca el camino para revertir la represión y la causa general contra el 1-O". "Claro mensaje del Consejo de Europa a la justicia española. Marca el camino para revertir la represión y la causa general contra el 1-O", ha expresado en un tuit.

Aragonés ha añadido que este dictamen "es oxígeno para la resolución del conflicto político entre Cataluña y España mediante la negociación y la democracia", un hecho con el que, ha insistido, la Generalitat está comprometida.