El independentismo busca otro 'golpe' a España en los 'márgenes' de Europa

El independentismo intenta asestar otro 'golpe' al crédito internacional de España como Estado de derecho de plenas garantías. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa somete este lunes a consideración un informe sobre los condenados por el ‘procés’ que equipara a nuestra democracia constitucional con la de Turquía. La realidad es que se trata de un debate menor, que no tiene efectos prácticos porque el Consejo de Europa no es una institución europea, pero sí busca el desprestigio internacional de nuestro país. Una "afrenta" al Poder Judicial español, según han denunciado tres de las cuatro asociaciones de jueces, que han pedido sin éxito al Ministerio de Asuntos Exteriores que neutralizara este nuevo ataque del independentismo.

El informe, elaborado por el socialista letón Boris Cilevics, pide a los tribunales españoles que retiren los enjuiciamientos de líderes catalanes y funcionarios de menor rango involucrados en la convocatoria de un referéndum ilegal en 2017. También defiende la concesión del indulto o liberación de prisión a los políticos catalanes condenados. Y la rebaja de las penas de sedición. Estos dos últimos argumentos están sobre la mesa del Ejecutivo del PSOE y Podemos. El documento está plagado de "falsedades", según las asociaciones judiciales. Su título, apuntando a que "la mera expresión de opiniones independentistas no es motivo de persecución penal", ya da idea de hacia dónde se dirige: equiparar el sistema de derechos y libertades de España con el de Turquía, ya que se trata de un documento de análisis híbrido, sobre los dos países.

Tres de las cuatro asociaciones mayoritarias (APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) difundieron la semana pasada un duro comunicado para exigir al Gobierno que, "como responsable de la política internacional del Estado, despliegue los instrumentos diplomáticos en su mano" para evitar que el Consejo de Europa apruebe este texto. Sin embargo, más allá de si el Consejo de Europa se muestra favorable a este informe, y lo que el independentismo logre embarrar el tablero exterior, lo cierto es que la discusión en sí no tiene trascendencia práctica, porque al no ser una institución europea sus resoluciones no tienen el mismo peso que sí pueden tenerlo las del Consejo Europeo o el Consejo de la Unión Europea.

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En el Consejo de Europa participan países como Rusia o Azerbaiyán, a pesar de que según sus normas únicamente pueden ser miembros países democráticos, ya que el objetivo de la institución, fundada en 1947, es la protección de los derechos humanos. Su asamblea parlamentaria (PACE, por sus siglas en inglés) lleva años en decadencia bajo fuertes críticas por casos de corrupción, por servir como plataforma de blanqueamiento para regímenes autoritarios y, con ello, por una pérdida de prestigio. Los tres puntos están conectados.

El independentismo ha encontrado en el Consejo de Europa una buena plataforma. Por su nomenclatura, que genera confusión y puede hacer creer que se trata de una institución en el corazón de la Unión Europea, y por su naturaleza, que ayuda a que sus ideas prosperen. Porque desde hace una década las puertas de la Comisión Europea están cerradas para el independentismo, mientras que el Consejo de la UE y el Consejo Europeo son las “casas” de los Estados miembros, y una región poco tiene que sacar de ello.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se ha convertido en el epicentro de lo que se conoce como “diplomacia de caviar” por la que regímenes como Azerbaiyán o Rusia “compran” a los miembros que deben votar sobre la situación de los derechos humanos en sus países a través de regalos, comidas y viajes. Junto a Volontè otros dos miembros del Consejo de Europa fueron condenados, y en Alemania hay investigaciones en marcha tras levantar las inmunidades de algunos miembros.

El PP niega que haya presos políticos

El PP ha registrado en el Congreso la petición para que comparezca la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. Además, los populares han presentado cuatro enmiendas contra el informe para defender que el procedimiento penal contra los acusados fue trasparente y contaba con todas las garantías. "El Partido Popular defenderá en Estrasburgo la democracia española y las decisiones de los tribunales de justicia", ha avanzado a Europa Press el portavoz adjunto de Exteriores del Grupo Popular, Pablo Hispán, que participará en este debate en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Ciudadanos también intenta plantar batalla a esta última campaña de desprestigio enviando una carta al Consejo de Europa para que retire el informe del diputado letón, al que acusan de "asumir propaganda" independentista.

Los jueces piden al Gobierno que actúe

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han pedido al Gobierno que impida que el Consejo de Europa apruebe este informe que pone en entredicho a la Justicia española y lesiona el prestigio del Poder Judicial.

En este sentido, los jueces reprochan en un comunicado el proyecto del Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea del Consejo de Europa en el que consideran que se "pone en entredicho la objetividad y transparencia del Poder Judicial y su compromiso de garantizar la libertad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos" al comparar a España con Turquía.

"El texto sugiere una equiparación entre la situación de España y de Turquía, países cuyos regímenes políticos y situación del Estado de derecho y garantías democráticas difieren de manera rotunda, sin que sea preciso abundar en las diferencias por su carácter patente y conocido", señalan.