De las querellas a las acusaciones: los políticos, a la caza de votos en los tribunales

Entre alusiones al 1-O y al Govern de Carles Puigdemont, la sentencia del 'procés' incluía en la página 150 un dardo inesperado: "La presencia de partidos políticos en el proceso penal no es, desde luego, positiva". La frase se erigía en gancho directo a Vox, que ejerció como acusación popular en el juicio, pero también a todos los partidos que buscan sacar rédito político en los tribunales. La judicialización de la política lleva años sobre la mesa y durante la pandemia del covid-19 no ha amainado: los partidos presentaron sus primeras querellas y denuncias en pleno abril, tan solo un mes después de que arrancara el confinamiento. Cuando el político se disfraza de justiciero, aplicar la ley se entremezcla con buscar titulares.

El último capítulo se produjo el pasado lunes, cuando el Tribunal Supremo inadmitió una querella del PSOE contra la diputada de Vox Macarena Olona, a la que acusaban de injurias, calumnias y coacciones graves contra el Gobierno por haber relacionado en un programa de televisión el fallecimiento de ancianos por la pandemia del covid-19 con los proyectos sobre la eutanasia. “Es comprensible la queja de la parte querellante, pero no cabe subsumir en la norma penal el exceso verbal con fines políticos realizado en medio de una entrevista”, advirtió la Sala de lo Penal. Una vez más, el alto tribunal se veía obligado a repetir el mismo mensaje: "El exceso no es suficiente para cubrir las exigencias del derecho penal".

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"Es verdad que en no pocas ocasiones se produce un abuso del derecho. Se formaliza en formas de querellas o denuncias lo que en realidad son operaciones de desgaste político", explica a El Confidencial el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez. "No hay filtro ni freno que impida eso, solo que la querella sea tan infundada como para que la leas y veas que no tiene ni pies ni cabeza. Ahí la archivas, pero basta que cuente algo que exija una mínima investigación para que el proceso sea puesto en marcha, que es lo que quieren muchas veces", añade el juez de violencia sobre la mujer y portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero. "En estos casos, para el que interpone la querella es irrelevante el éxito de la acción penal".

En los últimos meses, los enfrentamientos entre partidos por la gestión de la pandemia no han dejado de llegar a los tribunales. Ya en abril, Vox dirigió un escrito al Supremo en el que acusaba a Pedro Sánchez y su Ejecutivo de "liberticida por los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte", querella con la que respondían a una denuncia previa de los socialistas contra los de Santiago Abascal por "incitar al odio" con bulos en Twitter. De forma paralela, Vox acudió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para denunciar al 'president', Quim Torra, y parte de sus 'consellers' por su respuesta al covid-19, además de recurrir ante el Tribunal Constitucional la aplicación del estado de alarma por una "vulneración (...) de los más elementales derechos fundamentales".

"Siempre hablamos de la politización de la Justicia, pero los políticos han judicializado su actuación. Por todo presentan querellas y denuncias"

Junto a los escritos del PSOE y Vox, destaca también la denuncia que Unidas Podemos presentó ante la Fiscalía por la difusión de bulos en las redes durante el estado de alarma, escrito que se centraba en la difusión de imágenes trucadas en las que aparecían cadáveres que no se correspondían a España para criticar la gestión del Gobierno con el covid-19. La respuesta de la Fiscalía de la Audiencia Nacional llegó este mismo septiembre, cuando dio carpetazo a sus alegaciones al considerar que los hechos no van más allá "del derecho a expresar libremente opiniones". "No puede restringirse ni perseguirse penalmente una opinión solamente por ser contraria al Gobierno y por considerar que las imágenes que se acompañan a la misma no se ajustan a la realidad", zanjó el Ministerio Público.

"Cuando se ponen querellas o denuncias por los intereses particulares de unos y otros, se judicializa la política y se entorpece muchísimo la marcha de la Administración de Justicia, la labor del servicio púbico", critica Ascensión Martín, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia y magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. "No basta con que se impongan las costas a esa persona o grupo político si no tiene razón, porque al final revierten en el ciudadano. Hemos tenido asuntos de un concejal contra otro simplemente por ser oposición y, cuando ya había condena, el primero ya estaba en el ayuntamiento: si le condenas a costas, ¿quién lo paga? Los ciudadanos de ese municipio. No el alcalde".

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Más allá de las querellas por la gestión del covid-19, dentro de la judicialización de la política destaca también la personación de las formaciones como acusaciones populares en las causas mediáticas. El presidente del tribunal del 'procés', Manuel Marchena, se mostró tajante a este respecto el 16 de octubre de 2019, cuando compareció ante el CGPJ: "Un partido político nunca debe ser parte activa en un proceso penal". Si el caso Villarejo acapara titulares, ahí están Podemos e IU para "luchar contra las cloacas del Estado"; si se abre una causa al independentismo, ahí está Vox para pedir la mayor condena; si al PSOE se le abre un frente con el caso Delcy, ahí está el PP para intentar ejercer de acusación, y si al PP se le acorrala con Lezo o Púnica, ahí están los socialistas para sentarse al lado de la Fiscalía.

"La acción popular está regulada en nuestra Constitución, pero no como un derecho fundamental", explica a El Confidencial la jueza decana de Madrid y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco. "Es evidente que hay causas en las que, si no existiera esa acusación popular, quizá no se hubiera seguido el enjuiciamiento de determinados delitos en los que luego ha habido condena", argumenta. Pese a ello, la magistrada no deja de subrayar los peligros que entraña, sobre todo con los políticos: "En cuanto al abuso que se hace de esa acusación popular, los políticos son unos expertos. Siempre hablamos de la politización de la Justicia, pero los políticos han judicializado su actuación. Por todo presentan querellas y denuncias, usando la Justicia como un arma arrojadiza".

"Hace tiempo que se debate restringir la acción popular a personas u organizaciones que tengan un interés legítimo, una proximidad con el asunto"

Entre los últimos juicios más mediáticos con acción popular, destaca el de los ordenadores de Bárcenas, en el que el PP se encontraba imputado e Izquierda Unida ejercía como acusación. La Fiscalía pidió el sobreseimiento y archivo de la causa para el partido, como finalmente ocurrió, pero la personación de tres acusaciones populares, entre ellas IU, permitió llegar a juicio. "A veces, las acusaciones populares logran impulsar o apoyar que las causas puedan seguir adelante cuando el Ministerio Fiscal pide el sobreseimiento en contra del criterio del juez", explica a este diario la jueza Rosa María Freire, instructora del caso. "Los partidos políticos tienen sus intereses, pero forma parte del juego político, y más hoy en día". "Yo no soy partidaria de limitar las acusaciones populares más allá de que tengan un interés legítimo", añade.

Entre las acusaciones populares que más polémica han suscitado en los últimos meses, se encuentra la de Podemos en el caso Villarejo. En los chats internos del partido, adelantados por El Confidencial, sus abogados dan a entender que los fiscales les han filtrado diligencias secretas durante la instrucción, entre ellas, la existencia de las piezas sobre BBVA e Iberdrola cuando ninguna otra parte las conocía. En junio, la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado abrió una investigación para esclarecer los hechos, pero una vez más un partido entró en escena: Vox presentó una denuncia en la que sostiene que "todo obedece a una estrategia política debidamente orquestada por Iglesias" y, al estar el fiscal aforado, las pesquisas pasaron a manos de la Fiscalía Superior de Madrid.

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"La acción popular es una figura controvertida. No puede servir para que cualquier persona, por así decirlo, se sume a un proceso penal, tratando de convertirse en actor cuando a lo mejor esconde otras finalidades", explica el presidente del TSJM. "Hace mucho tiempo que se viene debatiendo sobre la conveniencia de restringir la acción popular a personas u organizaciones que de verdad tengan un interés legítimo, una proximidad con el asunto del que se trata, porque entonces sí se encuentra explicación en que se interesen en ese proceso penal y participen en él". La cuestión suscita opiniones distintas, y más cuando se trata de imponer límites, pero todos los magistrados consultados coinciden en un aspecto: la judicialización de la política no ha cesado durante la pandemia del covid-19.