LA FORMACIÓN RECURRE A LA SALA DE LO PENAL

El juez avisa al PSOE del riesgo de "incurrir en fraude procesal" por sus recursos en Lezo

El partido ejerce como acusación popular en la pieza en la que se investiga la operación con la que el Canal de Isabel II se hizo con la empresa colombiana Inassa en 2001

Foto: El expresidente de Adif y exconsejero de Hacienda Juan Bravo, investigado por la compra de Inassa en 2001. (EFE)
El expresidente de Adif y exconsejero de Hacienda Juan Bravo, investigado por la compra de Inassa en 2001. (EFE)

Los últimos recursos del PSOE en la pieza de Inassa del caso Lezo no han sentado bien al juez. El 29 de mayo, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón dio por finalizada la fase de instrucción respecto a la operación con la que el Canal de Isabel II se hizo con la empresa colombiana Inassa en 2001, pero el partido, que ejerce como acusación popular, ha presentado desde entonces una batería de escritos contra esta decisión. Ante su insistencia, el magistrado ha llegado a advertirle del riesgo de "incurrir en fraude procesal", a lo que el PSOE respondió el pasado 5 de septiembre con un nuevo recurso en el que pide la intervención de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El enfado de los socialistas se remonta a finales de mayo, cuando García-Castellón levantó la imputación de 15 personas, entre ellos los expresidentes de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González, y decretó la apertura de una pieza separada en la que siguen imputadas otras 22 personas por un delito de malversación de caudales públicos agravado. El 4 de junio, el PSOE contestó a esta decisión con un recurso en el que solicitaba "suspender todos los plazos hasta que con pleno respeto del principio de igualdad de armas se nos dé traslado de todo lo instruido", apuntando además a que discrepaba "de los sobreseimientos acordados en el auto recurrido".

"Es obvio que esta acusación popular no dispone de la prueba necesaria, ni ha podido proceder a su análisis a efectos de aquietarse o recurrir el auto, especialmente en lo que se refiere a las personas contra las que continúa el procedimiento y a aquellas que quedan sobreseídas", argumentaba el PSOE en el mencionado escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial. Mediante una diligencia de ordenación fechada el 27 de junio, el Juzgado Central de Instrucción número 6 defendió entonces que los socialistas sí habían tenido acceso a las actuaciones y que no procedía la suspensión de los plazos, explicación a lo que el PSOE respondió con un nuevo recurso el 3 de julio: "No se nos puede pedir, en aras de la celeridad de la instrucción, que nos aquietemos a un auto que adopta decisiones de máxima relevancia".

Sus argumentos, sin embargo, no convencieron al juez: “No procede tramitar el recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto de 29 de mayo de 2019, por estar presentado fuera de plazo”, decretó el magistrado en una providencia el 5 de julio. Lejos de conformarse con esta decisión, el partido volvió a la carga y presentó un recurso que, según defienden, no era más que "una mera ampliación 'ad cautelam" del que ya habían presentado en junio, pero García-Castellón no lo entendió así: “Resulta improcedente admitir el recurso de reforma y subsidiario de apelación que ha presentado por segunda vez contra el auto de 29 de mayo de 2019, por lo que no puede interponerlo nuevamente, pudiendo incurrir en fraude procesal”, advirtió en un auto el 25 de julio.

Con esta advertencia sobre la mesa, el PSOE optó por interponer otro recurso el pasado 5 de septiembre en el que pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que "revoque la resolución recurrida y ordene al juzgado admitir a trámite nuestro recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto de 29 de mayo de 2019". El partido alega para ello que "se ha limitado a hacer uso del derecho al recurso que nos ampara 'ad cautelam' para el caso de que la providencia de fecha 5 de julio de 2019 fuera susceptible de recurso de reforma", para lo que sostiene que esta "no indica si es o no firme ni qué recurso cabe contra la misma, contraviniendo el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".

El PSOE descarta además que su recurso contra el auto del 29 de mayo se presentara "fuera de plazo", para lo que subraya que el 30 de mayo de 2019 las defensas de los investigados Miguel Ángel Saldaña Egido, Andrés Muñoz Hernández y Juan Bravo Rivera solicitaron aclaración del mismo: “Los plazos para los recursos que procedan contra la resolución de que se trate se interrumpirán desde que se solicite su aclaración, rectificación, subsanación o complemento", alegan los socialistas en su último escrito. Tres meses después de que interpusiera el primer recurso, el partido mantiene así el pulso contra el instructor de Lezo, una batalla jurídica que ahora pretende llevar a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

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