El paradigma de Chicago o cómo la caza de brujas covid dificulta la respuesta al rebrote

La aviación ofrece el ejemplo perfecto. Cada vez que se cae un avión, especialmente si hay víctimas, se corre a buscar culpables. La opinión pública pide depurar responsabilidades y los familiares reclaman justicia e indemnizaciones. De manera paralela se abre otro procedimiento igual o más importante: determinar qué falló para evitar que se repita, para aprender de la tragedia. Hace ya décadas que el mundo de la aviación entendió lo difícil que resulta combinar ambas cosas. Por eso en 1944 se firmó el Convenio de Chicago y de él derivó la decisión de que tras cada accidente se abra una comisión independiente y blindada de lo que hagan los tribunales. Un espacio en el que las declaraciones no tienen consecuencias penales.

María Jesús Guerrero, catedrática de mercantil y miembro durante años de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIC), explica que esta comisión trabaja básicamente al margen de la justicia, que lo que se declara ante la CIAIC está protegido. "Un juez puede llamar a declarar a la misma gente que declara ante la CIAIC pero no puede usar nuestras declaraciones. En la comisión generamos un clima de confianza para tener testimonios francos porque es humano intentar salir ileso cuando se abre una investigación sobre un accidente".

Esas declaraciones no culpables son esenciales para aprender qué es lo que falló, sobre todo cuando surgen problemas o situaciones que no se habían dado antes. "Para aprender de los errores se articula una investigación de tipo técnico con independencia de las responsabilidades penales, civiles, laborales. Además, todas las reformas que ha habido han servido para blindar esa investigación de los tribunales", añade Guerrero. Cuando hay un accidente aéreo —a veces un incidente menor con una avioneta— los jueces a menudo se dirigen a esta comisión a pedir un peritaje, pero estos lo rechazan.

Cuanto más se necesita la autocrítica, quienes han afrontado la pandemia no pueden hacerlo público porque pueden acabar ante un juez

En España acaba de caerse un gigantesco avión que ha dejado 43.000 muertos. Nos hemos convertido en uno de los países con más muertes por millón de habitantes por una pandemia que se inició a casi 10.000 kilómetros de Madrid en línea recta. Y, al igual que empieza a suceder en países del entorno europeo como Francia o Italia, nos hemos enfrascado en una caza de brujas en los medios, los tribunales y los parlamentos en busca de culpables por las muertes del covid.

El problema es que nos estamos olvidando de la segunda parte. Médicos, científicos y gestores advierten de que ninguno de estos esfuerzos por depurar responsabilidades se centra en lo más importante: en evitar tropezar en las mismas piedras si en otoño cae otro avión en forma de rebrote. La comisión del Congreso, que podría tener ese fin, ha servido más para que el vicepresidente Iglesias llame golpista a Vox que para escuchar a responsables que han gestionado el covid. Cuanto más se necesita la autocrítica, quienes han afrontado la pandemia no pueden hacerlo público porque probablemente acabarían ante un juez.

La politización y la judicialización del proceso resulta tan dañina que algunos de los comparecientes del mundo médico y científico que llegaron a declarar a la comisión del Congreso haciendo autocrítica han decidido guardar silencio tras comprobar, aterrados, que sus palabras se utilizaban como arma arrojadiza entre partidos políticos. "Criminalizar a quien ha podido equivocarse en una situación como la que hemos vivido es un disparate", explica uno de ellos a condición de no ser citado para evitar verse arrastrado a un "lodazal" que, dice, le hace sentir "muy incómodo".

"Criminalizar a quien ha podido equivocarse en una situación como la que hemos vivido es un disparate"

"Mi opinión es que estamos centrando todos los esfuerzos en ver quién es el culpable, lo cual no permite hacer la reflexión serena para aprender y cambiar las cosas. Nos importa quién tiene la culpa, pero no nos importa evitar que ocurra de nuevo. Y no se quiere entender que una pandemia ocurre, por definición, cuando no se tiene suficiente preparación o conocimientos para hacerle frente. Absolutamente nadie es capaz de multiplicar por cuatro o cinco las camas de UCI de la noche a la mañana. Y en un régimen normal ningún sistema sanitario se puede permitir cinco veces más camas de las necesarias por lo que pueda pasar", señala uno de los médicos que ha pasado por esa comisión.

Las investigaciones judiciales se multiplican. La oposición se lanza contra el Gobierno por haber permitido el 8-M y Pablo Iglesias, el vicepresidente de la materia en teoría, viene a animar a los familiares de los fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid a denunciar: "Lo visto en las residencias de Madrid es un escándalo, si es que no es un crimen". Asociaciones de pacientes han denunciado solo en la fiscalía de Madrid más de 140 fallecimientos por covid. El PP ha llegado a denunciar al Ministerio de Sanidad por repartir unas mascarillas defectuosas pese a que Andalucía y Madrid, con gobiernos liderados por el PP, incurrieron en errores parecidos. No ha habido un solo país en el mundo que no haya tenido problemas al abastecerse de material sanitario en los últimos tres meses.

¿Hasta dónde nos va a llevar esta situación? "Una persona que no hace lo necesario sabiendo que puede pasar una décima parte de lo que ha pasado es un auténtico psicópata. Y no creo que haya ningún partido político, en el Gobierno o las administraciones autonómicas, formado por grupos organizados de psicópatas. Lo que sí están haciendo todos es intentar sacar réditos políticos de esto, algo que me resulta muy desagradable de ver", opina Fernando Gómez, radiólogo e intervencionista en el Hospital Clínic de Barcelona y en el Netherlands Cancer Institute.

Gómez, que vive a caballo entre Ámsterdam, Madrid y Suiza, asegura que la miopía ante el covid-19 fue prácticamente idéntica en toda Europa. "Primero nos daban unas instrucciones, luego otras, al día siguiente otras. No porque estuviesen creando confusión a propósito, o porque sean imbéciles, sino porque nadie, ninguno, teníamos ni puta idea sobre este virus. En Holanda, por poner un ejemplo, durante semanas y bien entrados en marzo no nos dejaban llevar mascarillas, ni utilizar gel hidroalcohólico con pacientes asintomáticos. Y mi hospital hacía cribados sintomáticos cuando en Barcelona llevábamos semanas haciendo PCR", dice.

"Una puta epidemia de dimensiones globales es una amenaza a la especia humana no gestionable, está por encima de cualquier gobierno"

"Habrá mucho ruido estos meses. Es asqueroso. Una puta epidemia de dimensiones globales es una amenaza a la especie humana no gestionable como occidente está acostumbrado, está por encima de cualquier gobierno de cualquier color. Judicializar esta epidemia y politizar este drama para sacar rédito político es nauseabundo", opina bajo la condición del anonimato un gestor de hospital en Madrid.

Sobre las supuestas advertencias políticas o técnicas que los políticos desoyeron, el doctor Gómez niega la mayor. "Los científicos, como en todo, tenían opiniones muy dispares. Ninguna de ellas era acertada o equivocada en el momento de pronunciarse. Esto se ha gestionado haciendo apuestas diarias porque no había otro modo. Cada gerente, cada persona con responsabilidad, tenía una ruleta y colocaba sus fichas esperando que saliese su número. Había tan poca información fiable y el comportamiento del virus era tan difícil de entender que cualquier hipótesis podía haber sido la correcta. De hecho, siguen cambiando día tras día las indicaciones. A la gente le genera frustración que le den versiones distintas sobre qué hacer, pero es que nadie sabe cómo funciona algo desconocido. Solo se puede jugar a aventurar hipótesis".

Uno de los puntos más polémicos es la gestión de las residencias, especialmente en Madrid pero también en Castilla y León, Galicia o Cataluña. Las comunidades elaboraron protocolos para limitar el traslado de ancianos en un momento en que los hospitales estaban colapsados. "Eso se hace de siempre y a nadie le escandaliza. Ahora ha habido una sobrecarga tan brutal y ha habido una serie de enfermos que no han tenido acceso a las UCI o que no han tenido indicación. Las UCI son para tratar a las personas que se pueden recuperar y mientras se recuperan", explica Rafael Matesanz, padre de la Organización Nacional de Trasplantes, alto cargo de Sanidad durante décadas y uno de los citados en la comisión de reconstrucción.

En los momentos críticos, las camas de hospital y, especialmente los respiradores, fueron como los órganos en los trasplantes: no se asignaban al último en llegar sino a quien más posibilidades tenía de sobrevivir y así lo explicaron los médicos y los bioéticos y las sociedades médicas. Solo la obstinación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, en mantener durante lo peor de la pandemia que en Madrid no se estaba realizando un tratamiento según la edad y la guerra interna en su Gobierno con Ciudadanos lo puede convertir en un escándalo novedoso. Ayuso ha anunciado una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre el asunto.

El doctor que ofreció su testimonio en la comisión del Congreso y que no quiere volver a aparecer en los medios se desespera al ser preguntado al respecto. "Cuando uno tiene a su padre en una residencia, a un anciano de 95 años con una calidad de vida ínfima y en mal estado mental, ¿de verdad quiere trasladarlo a un hospital donde no se cabe en los pasillos y no hay camas UCI? ¡No tiene ningún sentido! ¿De qué nos culpamos? ¿De no haber puesto un ventilador mecánico a ese anciano de 95 años? Los cribajes los hacemos a diario en las decisiones médicas. Y obviamente hay que hacerlos en una pandemia. Les pediría a los políticos que dejen de tirarse los trastos a la cabeza y se pongan juntos a trabajar sobre qué vamos a hacer con las residencias de ancianos y cuál es nuestro reservorio futuro", protesta. "¿Vamos a hacer un gran plan de contingencia nacional? ¿Vamos a reformar el régimen educativo de especialidades médicas? ¿Vamos a reformar y crear un gran CDC con más recursos? De eso tendríamos que estar hablando y no de estas tontadas".

"No tiene sentido trasladar a un anciano a un hospital a que muera en un pasillo pero sí tenemos que ver que han muerto solos y eso no puede pasar"

Fernando Marín, médico y presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de Madrid, explica que en las UCI siempre se siguen criterios restrictivos: "Las posibilidades de sobrevivir en la UCI un anciano con factores de riesgo y neumonía por covid son casi cero. Es un 'totum revolutum' decir que todos a la UCI. Eso no puede ser así. Es evidente que algunas personas se han podido beneficiar y no han tenido camas. Pero en una sociedad de recursos limitados, sin capacidad para atender la demanda, es imprescindible aplicar criterios éticos basados en el pronóstico, obviamente. No es tanto una cuestión de edad, como de enfermedad. A una persona con 50 años que tenga un cáncer no se le debe ingresar en la UCI, ni a alguien con ELA avanzada. Sería una obstinación. Es el mundo al revés".

El debate, según Marín, no es si había que trasladar a todo el mundo a un hospital saturado sino cómo fallecieron muchos ancianos en las residencias: solos y abandonados por el sistema sanitario. "No es tanto cómo podíamos haber evitado que se murieran, sino qué deberíamos haber hecho para mejorar su asistencia y evitar que murieran así. Eso hay que desarrollarlo. No tiene sentido trasladar a un anciano a un hospital a que muera en un pasillo pero sí tenemos que ver que han muerto solos y eso no puede pasar y mucho menos repetirse".

El problema es que los protocolos de la Comunidad de Madrid, y de otras comunidades, requerían una valentía de explicación que no ha habido. Marín lo razona: "No puedes decir que tus UCI no estaban saturadas y a la vez dar una orden de que no vinieran ancianos. Hay que explicar que el sistema estaba absolutamente sobrepasado y es difícil. También hay que reconocer que algunas cosas se hicieron mal, especialmente en las residencias. Hay gente que lo va a entender y gente que no. La gente que no lo entienda tendrás que hacérselo ver".

Ahora, cuando mucha gente se escandaliza, conviene recordar lo que vivían los hospitales aquellos días. "En una catástrofe, como el 11-M, se hace triaje de guerra. Verde, es recuperable y está leve; amarillo, es recuperable; rojo es crítico y hay que actuar; negro es no recuperable y se le seda. Y gris son los pacientes que ni me molesto en triarlos porque tienen más de una edad y si me da tiempo ya los triaré cuando haya terminado con los otros 200. Y si no, morirá sin que le haya visto nadie salvo que empiece a tener síntomas y se le pone sedación. Ese es el protocolo de catástrofes que casi nadie conoce", explicaba a su servicio el jefe de un hospital del sur de Madrid. Y más adelante añadía: "Esto es drástico. Esto es horroroso. Ojalá no nos hubiera tocado vivirlo". "Ya se está negando tratamiento a los ancianos en residencias. Se le está dando antibioterapia para infección bacteriana y si es un covid, mala suerte".

Hay que recordar aquellos días: "Esto es horroroso. Ojalá no nos hubiera tocado vivirlo. [...] Ya se está negando tratamiento a los ancianos en residencias"

El Vall d’Hebron llegó a redactar un protocolo en el que limitaba el acceso a las UCI a los mayores de 80 años, aunque finalmente no lo aprobó. La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) publicó el 19 de marzo un documento sobre ética en el que advertía: "Hay que tener en cuenta que admitir un ingreso puede implicar denegar otro ingreso a otra persona que puede beneficiarse más. Evitar el criterio 'primero en llegar, primero en ingresar'".

Además, la mayoría de estos procesos tienen muy pocas posibilidades de prosperar, según juristas consultados. "Hay que tener en cuenta la situación de excepcionalidad en la que nos hemos encontrado, las recomendaciones contradictorias de los organismos internacionales, el desconocimiento generalizado del origen, formas de contagio, tratamiento del virus... lo que hace que, desde el punto de vista penal, posiblemente sea difícil que se pueda llegar a determinar la existencia de responsabilidades penales, tanto de políticos como de gerentes", dice Pablo Montalvo Rebuelta, responsable del Área Jurídico Contenciosa de De Lorenzo Abogados, despacho especializado en derecho médico.

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¿Tendrá España un debate sobre esos protocolos y qué hacer en caso de rebrote? Pues es difícil que lo haya, al menos en público, porque los juzgados empiezan a admitir denuncias por ancianos que no recibieron tratamiento. Cualquier cargo, médico o directivo de hospital corre el riesgo de ser llamado a declarar, como han advertido los colegios médicos. Aunque se archive después de tiempo, no quieren pasar por eso.

Puestos a buscar culpables, en un caso así, las responsabilidades siempre están algo compartidas. ¿Habrá debate sobre si la decisión del mando único de Sanidad de no imponer movilidad entre pacientes en distintas comunidades autónomas y qué hacer en un rebrote? El 21 de marzo, en pleno pico de la pandemia y cuando las enfermeras de Leganés salían llorando de sus turnos por el colapso en el centro, el ministerio de Sanidad afirmó a este diario que la comunidad estaba aguantando bien: "La Comunidad de Madrid está soportando mucha presión asistencial pero de momento, por lo que aseguran, tienen capacidad. Y las camas que va a desplegar la UME en Ifema serán un refuerzo". Ayuso había hecho bandera de la fortaleza del sistema sanitario y, al menos públicamente, nunca pidió esos traslados. El mando único tampoco los promovió movimientos. Cada comunidad trataba a sus pacientes. Los límites autonómicos eran fronteras menos porosas que las de los países de la UE, ya que Alemania sí trató a pacientes de otros países.

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Gabriel Heras, médico de la UCI de Torrejón, en Madrid, uno de los primeros focos afectados, ha contado en un libro ('En primera línea', editorial Península), la frustración al ver que no había movimiento entre provincias. "Madrid, Cataluña y las dos Castillas, en Cuidados Intensivos, las hemos pasado putas, y eso es una mierda, porque realmente, si tienes recursos o espacios en otras comunidades una de dos: o trasladas a pacientes —cosa que no parecía difícil cuando Italia estaban mandando gente a Alemania— o pides que movilicen profesionales y recursos técnicos. Esa reivindicación yo la hice el 20 de marzo y no contestó nadie. Luego, el 28 de marzo, las sociedades científicas de medicina y enfermería intensiva replicaron esta petición y nadie contestó. Ahí estábamos a una ratio de casi 1.000 muertos al día. Yo no sé qué habría pasado si nos hubieran hecho caso, lo que sí que sabemos es lo que ha pasado cuando no nos han hecho caso. Los que estábamos en primera línea estábamos saturados, y encima proponiendo soluciones. En resumen, que es una putada que mucha gente haya tenido que tomar la decisión de '¿a quién ingreso, a uno de 60 o a otro de 70?' cuando en otras comunidades había gente de brazos cruzados. Y le digo más, hay jefes de servicio y cuadros directivos de hospitales que han dicho 'estamos de acuerdo, vamos a mandar gente para ayudaros' y las consejerías no les han dejado", explicó a este diario.

Sánchez ha pactado con Ciudadanos y ERC crear una "comisión de evaluación del sistema sanitario" que se creará en el Congreso con la voluntad de ser tramitadas "en un periodo de tres meses desde su creación para su aprobación". En esa comisión "también se tratará de la reserva estratégica de material sanitario y de su autoabastecimiento con el fin de que nuestra ciudadanía esté más protegida".

Esa comisión se une a la de reconstrucción que lleva semanas en el Congreso y por la que pasarán expertos como Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública y que ya fue director general en Sanidad. Él ha asesorado y es una voz autorizada, pero no ha estado en primera línea. "En la comisión habla con libertad gente que no ha tenido la responsabilidad. Yo puedo decir que no se interpretaron bien los datos". No veremos a Fernando Simón hablando sobre los días en los que el Gobierno decidió no prohibir el 8-M y otros actos y lo que aquello produjo ni a un consejero hablando con franqueza. Ningún diputado podrá preguntarle. Las lecturas de los errores se harán de forma interna. "En momentos críticos hay que tomar decisiones muy difíciles, como el triaje. Hay que ponerse en ese momento para ver la decisión que se tomó", explica Hernández.

Algunos de los científicos y médicos consultados sí creen que hay que buscar responsabilidades cuando termine realmente la pandemia. "Quizá el momento no es ahora, habrá que esperar a que se resuelva y a que tengamos más datos, pero si se ha producido una mala gestión se tendría que revisar", dice Salvador Macip, médico e investigador de la Universidad de Leicester y la Oberta de Cataluña. "La información que tenía y transmitía Fernando Simón, que no era mucha, es la que tenían todos los científicos. Pero había un ángulo político en cada decisión que no era su responsabilidad. Cosas como anunciar un estado de alarma antes de imponerlo permitiendo que se propague el virus... ese tipo de decisiones son claramente errores serios. Hay una responsabilidad política en todo esto y en algunos sitios han fallado estrepitosamente".