El pacto de Sánchez y ERC para la sexta prórroga no pone fecha a la mesa de diálogo

Seis puntos sostienen el nuevo acuerdo de los socialistas con ERC sellado este sábado. En este caso, para la sexta y última prórroga del estado de alarma, que se extenderá hasta el 21 de junio. El pacto que se convertirá en una abstención de los 13 diputados independentistas el próximo miércoles en el Congreso y que sirven, junto con el ya seguro voto a favor del PNV, para dar oxígeno a Pedro Sánchez en el momento más crítico de su gestión de la pandemia del covid-19. El presidente logra reconstruir así el bloque de la investidura y finalizar la desescalada con la cobertura de la alarma, como deseaba, sin repetir la agónica negociación de las dos anteriores extensiones y la controvertida y contestada alianza con Bildu.

A cambio, ERC arranca al Ejecutivo mayor poder de codecisión en la fase final de la transición a la nueva normalidad y la gestión para el Govern de los fondos europeos para la reconstrucción. Pero no consigue plasmar por escrito [aquí en PDF] ningún compromiso respecto de la mesa de diálogo sobre Cataluña. No aparece ese punto en el acuerdo, pese a que era una de las demandas de los de Oriol Junqueras. Estos reconocen que no aparece "explícitamente" en el texto, aunque sí subrayan el compromiso del jefe del Ejecutivo de volver a sentarse una vez pase la emergencia sanitaria. Tampoco habla el escrito de la gestión del ingreso mínimo vital (IMV), nueva prestación aprobada el viernes por el Consejo de Ministros.

En definitiva, ERC, con este pacto a cambio de su abstención, adelantado por 'La Vanguardia', se acerca para "volver a influir" en la arena nacional, como interpretan en la Moncloa. O sea, asumir un papel de nuevo protagonista en la vida política, como antaño lo era CiU, y de paso desplazar a Ciudadanos como socio sobrevenido del bipartito de PSOE y Unidas Podemos. ERC regresa a la abstención tras haber votado no en la cuarta y quinta extensión.

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El documento hecho público en la tarde de este sábado [aquí en PDF], trabajado entre Sánchez y su Gabinete —en esta ocasión, no ha participado en la interlocución la vicepresidenta primera, Carmen Calvo—, y aprobado por la permanente de ERC, asegura, en su primer punto, que el Gobierno solicitará autorización al Congreso para una sexta prórroga de 15 días del estado de alarma —o sea, hasta las 00:00 del 21 de junio— para "afrontar, de manera ordenada, la recta final del plan de desescalada". Los republicanos subrayan que esta será ya la "la última, por 15 días y no habrá otra". A cambio, ERC, dice el segundo punto, se abstendrá en la votación del miércoles en el Congreso.

Tercer aspecto: una vez que la unidad territorial de referencia —provincia, isla o, en el caso de Cataluña, regiones sanitarias— alcancen la fase 3 de desescalada, "corresponderá a las comunidades autónomas la condición de autoridad competente delegada para la adopción y la ejecución de las medidas de dicha fase, con la única excepción de las referidas a la libertad de circulación. "También serán las CCAA las que puedan proponer al ministro de Sanidad, con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase 3 de las diferentes provincias, islas o unidades territoriales de su comunidad y, por tanto, su entrada en la denominada nueva normalidad”.

Desvincular medidas de la alarma

Esto supone que una vez que los territorios lleguen a la etapa 3, el ministro Salvador Illa pierde la capacidad de autoridad competente delegada —la única ya activa desde la quinta prórroga— en favor de los gobiernos autonómicos. Pero se reserva, eso sí, el poder de limitar la circulación entre provincias, que es la verdadera razón de ser de la solicitud de ampliación, porque el Ejecutivo considera que aún es pronto para permitir el desplazamiento entre distintos puntos de España y la única forma que tiene para restringirlo es la alarma. Por tanto, con este pacto con ERC (idéntico en este punto al suscrito con el PNV), las CCAA ganan más poder de decisión, tal y como habían pedido los presidentes autonómicos en las últimas semanas. De hecho, esa presión y la necesidad de contar con el apoyo del PNV forzó al Gobierno a ceder más poder a las comunidades.

"Cataluña recuperará las competencias y será la autoridad en la toma de decisión del proceso final de la desescalada", subrayan desde ERC

Dicho de otro modo, y en palabras de ERC, "Cataluña recuperará las competencias y será la autoridad en la toma de decisión del proceso final de la desescalada a partir de que las regiones sanitarias entren en la fase 3". Illa pierde su liderazgo dos semanas antes de lo programado. No en la nueva normalidad, sino a medida que los territorios toquen la estación avanzada. Pero Barcelona y su área metropolitana, Madrid y Castilla y León (salvo el área de salud de El Bierzo) son las zonas más rezagadas, que no entrarán en fase 2 hasta el 8 de junio. El lunes 1 de junio, estrenarán en Cataluña la segunda estación Girona, Catalunya Central, Alt Penedès y El Garraf, sumándose a Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre y Alt Pirineu-Aran. Otra consecuencia: como España saldrá como máximo de la alarma el 21 de junio, será entonces cuando, en principio, se permitirá la movilidad entre provincias.

El cuarto punto recoge una de las cuestiones que ya el Ejecutivo había abordado con Ciudadanos en las dos anteriores prórrogas: el impulso de un plan B para controlar rebrotes sin tener que recurrir a la alarma. El Gobierno, así, se compromete, "siempre que sea posible, a priorizar medidas normativas y legales de carácter menos excepcional que el estado de alarma en un futuro y a desvincular de esta medida las propuestas económicas y sociales que tendrán que adoptarse para superar los efectos de esta crisis".

El Ejecutivo promete analizar las "reformas legales necesarias para fortalecer la respuesta a estas pandemias". En concreto, se revisará "la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio y todas las leyes sanitarias, tales como la Ley de Salud Pública, con el fin de mejorar y, en su caso, articular un mecanismo alternativo al de estado de alarma, que pueda garantizar la cogobernanza con las CCAA e incrementar la protección de los derechos fundamentales y libertades ciudadanas ante una situación análoga a la padecida por los efectos del covid-19". La modificación de las diversas leyes sanitarias (entre ellas, la que cita el acuerdo, de 2011), ya estaba en la hoja de ruta del Gabinete, pero es cierto que no se contaba con el análisis de la ley de 1981, a la que ha recurrido Sánchez en todo este tiempo, desde el pasado 14 de marzo. No se precisa en qué línea iría esa metamorfosis de la norma.

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Las reformas legales serán presentadas, dice el documento, a la comisión de evaluación del sistema sanitario que se creará en el Congreso con la voluntad de ser tramitadas "en un periodo de tres meses desde su creación para su aprobación". Ese órgano aún no está creado, luego la modificación no será tan inminente. En esa comisión "también se tratará de la reserva estratégica de material sanitario y de su autoabastecimiento con el fin de que nuestra ciudadanía esté más protegida".

El Gobierno se compromete a impulsar los mecanismos para que las CCAA participen en la gestión de los fondos de reconstrucción europeos

Uno de los aspectos más reseñables del acuerdo, y que precisamente ERC subraya, es que una vez cuaje el acuerdo en la Unión Europea sobre el plan de recuperación y el llamado Next Generation EU —un instrumento dotado con 750.000 millones de euros—, el Gobierno "impulsará mecanismos para la participación de las CCAA en la gestión de fondos que provengan del mismo".

El sexto y último punto señala que "se impulsarán los cambios normativos necesarios para que lo dispuesto en la disposición adicional 21ª del real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, se extienda, en términos similares, a los trabajadores por cuenta ajena residentes fuera del territorio confinado pero cuyo centro de trabajo se encuentra situado en el interior del mismo". Como advertía ERC en su comunicado explicativo del acuerdo, este punto beneficia a los trabajadores de la Conca d'Òdena (donde se halla Igualada) que viven fuera de la zona y que no pudieron ir a trabajar cuando el territorio estaba confinado. Tendrán una prestación equivalente a "los que viven dentro de la zona, que ya fue reconocida como baja laboral".

En la Moncloa subrayan que "no hay nada más que estos seis puntos". ERC reconoce que la mesa no aparece, y añade: sí hay compromiso de Sánchez

Como siempre ocurre con los acuerdos, cada firmante hace hincapié en aquello que quiere resaltar. Así, ERC remarca que gracias al acuerdo con el Gobierno, validado de manera telemática por la permanente nacional del partido (y que aún habrá de ratificarlo la ejecutiva del lunes), el Govern de la Generalitat podrá "gestionar los fondos europeos de reconstrucción". Y supondrá "avanzar el retorno pleno de competencias" a Cataluña. Los republicanos presumen de haber "forzado" a Sánchez a "replantear su postura, tras el toque de atención" que le dieron en la negociación fallida de la quinta prórroga.

Desde el Gobierno, se recuerda que "no hay nada más que estos seis puntos" firmados y hechos públicos. Por eso ERC reconoce que "a pesar de no incluirse explícitamente en el acuerdo, el Gobierno español ya ha expresado públicamente su voluntad de volver a reunir la mesa de negociación entre el Govern de Cataluña y el Gobierno del Estado una vez la pandemia entre en la fase de nueva normalidad". Eso es cierto: Sánchez y su Ejecutivo han insistido en estas semanas, para convencer a los republicanos, que los compromisos de investidura están intactos y se retomarán una vez pase la emergencia sanitaria. Pero, en cualquier caso, esta cuestión no aparece en el escrito de poco más de una página, como tampoco aparece una fecha para una próxima reunión.

Es Sánchez, no Calvo

Tampoco se habla de la gestión del IMV. Fuentes de la Moncloa subrayan que ERC quería compromisos por escrito del Gobierno respecto a la mesa de diálogo y respecto a esta renta mínima. De hecho, el Ejecutivo ya alcanzó esta semana un acuerdo con el PNV por el cederá a Euskadi y Navarra, antes del 31 de octubre de 2020, la gestión de esta nueva prestación. En el equipo del presidente explican que aunque el real decreto ley que crea la renta mínima —aún no publicado en el BOE— incluye la referencia a ese traspaso a las haciendas forales, no es posible replicar ese modelo en el resto de CCAA. País Vasco y Navarra tienen su propio concierto con el Estado, pero Cataluña, como las demás comunidades, forma parte del régimen común.

En el Ejecutivo interpretan que ERC ha aceptado pasar a la abstención para "volver a influir" en la arena política y apuntalar su perfil de "nueva CiU"

La negociación de esta sexta prórroga ha sido muy diferente a las anteriores. En primer término, porque la interlocución con ERC ha recaído, de manera directa, en Sánchez. Esta vez el diálogo con los republicanos no ha recaído en Calvo, a la que corresponde, por su cargo de ministra de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, liderar las conversaciones con los grupos. Por ERC, el negociador ha sido el coordinador nacional del partido y 'vicepresident' de la Generalitat, Pere Aragonès. Él era, de hecho, el interlocutor habitual de Calvo. Que Sánchez en persona haya asumido la tarea de reconstruir puentes con el socio fundamental de investidura lleva explícito el mensaje de que la vicepresidenta ha sido preterida en este caso.

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ERC, por su parte, vuelve al tablero después de haber quedado desplazada en las últimas semanas, revalidando su condición de socio imprescindible para el bipartito. Salvado el escollo de la alarma y del IMV, el siguiente paso serán los Presupuestos de 2021. Y los avances en la mesa de diálogo. Porque la interlocución con Cataluña no aparecerá en este papel conocido el sábado, pero la intención del Gobierno es retomar el foro, si es posible, antes de las vacaciones de verano.