El alud de causas judiciales salpica ahora a los médicos que afrontaron la pandemia

Primero fueron a por los políticos, con multitud de denuncias y querellas —solo en el Supremo, hay más de 40 contra aforados—. Ahora, las denuncias por la gestión del covid empiezan a salpicar a los médicos. Los sanitarios, aplaudidos durante la crisis, están empezando a ser llamados a declarar en procedimientos, especialmente por los tratamientos a ancianos en residencias. "Siempre hemos trabajado con protocolos y con una escasez de medios y conforme lo que cita la 'lex artis'. Es impresentable que se produzcan estas denuncias. No podemos pasar de ser aplaudidos a encontrarnos con estas demandas", señala Julián Ezquerra, secretario general de Amyts, el sindicato mayoritario en Madrid.

Polonia Castellanos, abogada de la Asociación de Abogados Cristianos, ha conseguido que un juzgado en Extremadura abra una causa por la muerte de un anciano con covid. "Se trata de una persona de más de 80 años que murió con coronavirus en una residencia. La estuvieron mareando pese a que la familia pedía que la trataran en un hospital y había plazas de UCI libres. Creemos que hay muchas irregularidades". Castellanos se congratula de abanderar uno de los primeros casos abiertos sobre los más de 40.000 fallecidos con el virus en la pandemia. "Ha habido eutanasia o un homicidio en contra de la voluntad de la familia y del enfermo. Ha fallecido sin que se le haya tratado y en condiciones sospechosas. Queremos saber si los responsables son la residencia, el hospital, la comunidad autónoma, el ministerio o Pablo Iglesias. Vamos a pedir la declaración de los médicos y seguro que del responsable de la comunidad autónoma".

"Queremos saber si los responsables son la residencia, el hospital, la comunidad autónoma, el ministerio o Pablo Iglesias"

Las denuncias proliferan. No solo por los tratamientos en residencias sino también contra las funerarias. Solo la Asociación el Defensor del Paciente ha denunciado unos 150 casos en la Fiscalía de Madrid. Francisco Damián Vázquez, abogado de esta asociación y experto en negligencias médicas, explica el gran melón que se abre con miles de fallecidos sin tratamiento mientras los hospitales estaban desbordados. "Habrá que abrir el abanico de reclamaciones a las comunidades, al propio ministerio y, si no se ha derivado o trasladado, habrá que ver de quién es la culpa. Así, si se presenta una denuncia en un juzgado, lo ideal es pedir primero los historiales médicos, los expedientes, ver qué personal lo ha atendido y que declare. Habrá que ver caso por caso quién es el responsable".

Fuentes jurídicas, sin embargo, dudan de que estos casos acaben teniendo recorrido. La Fiscalía de Madrid ya ha archivado una de estas denuncias por el fallecimiento de un matrimonio de 92 y 86 años. Con todo, pasará tiempo y se tendrán que realizar investigaciones, por mínimas que sean, antes de meter los expedientes en el cajón. La Fiscalía de Madrid, por ejemplo, ya ha pedido al Hospital de La Princesa los criterios que siguió para elegir a quién se trataba en las UCI.

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Ante la tormenta que se les viene encima, muchos médicos —y algunos juristas— han empezado a movilizarse para pedir que se excluya al personal sanitario de las acciones de reclamación derivadas de la gestión de la pandemia del coronavirus. La Asociación Humanizando la Justicia (AHJ) publicó a mediados de mayo un manifiesto al que se han ido sumando organizaciones de todo tipo, incluido el Colegio de Médicos de Madrid.

"Los sanitarios no son responsables de los medios técnicos y humanos que se han puesto a su disposición", reza el texto en su primer punto. Se trata de reforzar la idea de que fueron a luchar a una guerra sin fusil e hicieron lo que pudieron. Incluso más de lo que pudieron. “Han aceptado trabajar sin los medios de protección individual adecuados a los que tiene derecho cualquier profesional y/o trabajador” y “han estado dispuestos a renunciar a su legítimo interés de proteger su salud”, trabajando “de forma voluntaria durante horarios superiores a los exigidos legalmente”, insiste el texto.

"La responsabilidad no deriva de las decisiones de los sanitarios sino de las de políticos o, como mucho, de los gerentes de centros hospitalarios"

Paloma Rodrigo, abogada y directora de la AHJ, espera una avalancha en los tribunales durante las próximas semanas. "Están ya todos los bufetes preparándose para ello", dice. Los sanitarios tocan estos días su puerta para sumar su firma al manifiesto y organizar una respuesta coordinada. Están "muy preocupados" por esta “segunda batalla” después de la del virus, dice. "Después de casi tres meses enfrentándose a la pandemia, esto es lo que les faltaba. La responsabilidad no deriva de sus decisiones sino de las de políticos o, como mucho, de los gerentes de centros hospitalarios (...) Está muy bien salir a aplaudir a las ocho de la tarde, pero ese agradecimiento se debería extender". Pide evitar arrastrarlos a pleitos "que pueden durar años y que los van a desgastar mucho en un momento en el que tienen que estar para otra cosa".

Aunque los denunciantes dicen ir a por responsables políticos, el corte nunca es limpio y estos casos acaban a menudo desembarcando en los hospitales. Incluso si la mayoría de denuncias acaban archivadas, los procedimientos tendrán un impacto para los médicos. "Solo la ansiedad que genera en el profesional ya es una pena que dura mucho tiempo. Los procedimientos en España siempre se alargan y someten al profesional a un estado de ansiedad y es muy duro", señala Ezquerra, de Amyts.

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El propio Colegio de Abogados de Madrid ha publicado un par de informes en los que analiza la "responsabilidad de los profesionales sanitarios ante la crisis del covid-19". El autor de uno de ellos, Ángel Sánchez Blanco, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Málaga, plantea que los profesionales sanitarios son quienes podrían "ejercitar las acciones de responsabilidad que les resarzan de los correspondientes daños o perjuicios personales" durante la pandemia.

Los gestores empiezan a temer además el impacto de estas denuncias sobre el desempeño de su personal en un eventual rebrote. Ildefonso Hernández, que fue director general de Salud Pública, explica que el miedo que dejará la ofensiva judicial en la profesión puede tener un efecto rebote dramático. "Una de las mejores cosas que ha habido en la respuesta al covid ha sido la versatilidad en los hospitales y la autoorganización del personal sanitario. Se han trasladado de servicio, había cirujanos ayudando. Ahora pueden temer que los persigan legalmente por hacer una tarea que no es la suya. Da igual si tiene recorrido o no, es que al judicializarlo ya condiciona. Uno de los problemas que puede haber es que alguien no asuma una tarea que no es suya". "Una cosa es que haya negligencias claras, otra cosa es que se aproveche la mínima cosa, porque los procesos penales despistan al sistema sanitario".

"Ningún médico se plantea que esté en sus manos la decisión sobre si un paciente vive o no"

Miguel Ángel Chillón, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, subraya la "ansiedad y el estrés" que han sufrido ante "una nueva enfermedad para nosotros desconocida, con unas condiciones anímicas de máxima angustia, al no tener control sobre la situación a la que hacíamos frente". Durante la pandemia, abunda, "ha habido que echar mano de toda la energía que teníamos, ya que, en ningún caso, ningún médico se plantea que esté en sus manos la decisión sobre si un paciente vive o no".

El caso del 8-M es la instrucción más avanzada y el imputado es el delegado del Gobierno, pero lo es solo porque la jueza no esperó con el estado de alarma. Con la reanudación de la actividad, se van a producir muchos más. Un juzgado de Málaga ya ha admitido una denuncia, que se suma al de Extremadura. Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal, señala dos claves del sistema procesal español. "Por una parte en España, a diferencia de los países de nuestro entorno, un procedimiento penal puede iniciarse sin pasar por el filtro de la Fiscalía, solo con una querella de un particular".

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"Por otra —continúa Dopico—, cierta praxis problemática en la instrucción penal que lleva a que se admitan a trámite y se inicien investigaciones penales por causas que en principio tienen un recorrido nulo. La combinación de ambos factores permite que ciertos grupos puedan lograr ‘penas de banquillo’ en causas que todo el mundo sabe que no van a terminar con condenas. Un ejemplo palmario son los casos de delitos contra los sentimientos religiosos: ahí hemos visto cómo se abren y se mantienen en el tiempo durante años causas penales que se han iniciado con plena conciencia de que nadie será condenado, y se interponen querellas solo para conseguir esa pena de banquillo".

Jesús Fernández, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, explicaba hace unas semanas ante El Confidencial su opinión sobre estas denuncias. "Ahora nos tocará enfrentarnos a las denuncias y habrá que explicarlo en el Parlamento y en el juzgado. Creo que tenemos suficiente documentación para explicar lo que ha pasado por duro que sea. (...) Por dios, ¿a qué medico, enfermera o celador se le ocurre no cuidar a los mayores? ¿Esos mismos a los que aplaudimos son los que lo hacen mal? ¿Y es por culpa del consejero?".