Judicializar la ira: enfurecidos por el covid, los ciudadanos del mundo buscan culpables

Esta semana, la autoproclamada Asociación Española de Víctimas y Afectados por el Covid-19 presentaba ante la Corte Penal Internacional de la Haya una denuncia contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, “por el genocidio de 50.000 personas”. Aunque la noticia fue difundida por algunos medios haciendo entender que el CPI admitió a trámite la querella, en realidad se trata de un mero acuse de recibo. Un sello en ventanilla. La denuncia, aseguran los expertos, no tiene ni pies ni cabeza. Pero es síntoma de un inédito fenómeno global: la judicialización de la ira (personal, económica o política) causada por la pandemia.

Países, presidentes de Gobierno, ministros de Salud, expertos virólogos, empresas e incluso médicos y personal sanitario están ahora expuestos a una andanada de demandas y pleitos en la urgencia global por encontrar culpables a la catástrofe —ya sea en Francia, Italia, Estados Unidos o Austria—. Espoleadas por el dolor de perder a un ser querido, la amenaza de la ruina o por convicción ideológica, estas heterogéneas causas judiciales amenazan con agregar una nueva capa de incertidumbre al enrarecido panorama social.

En España, con más de 40 denuncias contra políticos haciendo cola en el Supremo, las demandas se dirigen ahora contra médicos y sanitarios —especialmente por los casos de las residencias—, como publicó recientemente El Confidencial. Pero nuestro país no es la excepción.

En Italia, el confinamiento propició unas semanas de tranquilidad y unión nacional atípica en un país tan polarizado. Pero con la desescalada, las serenatas en los balcones, los aplausos de ánimo y el idilio ante la adversidad quedaron atrás. Y con más de 34.000 muertos —todavía el cuarto país con más fallecidos, según las cifras oficiales—, hay muchas culpas para repartir.

Queremos que la Justicia nos confirme si existe alguna responsabilidad (y de quién sería) por todos los miles de muertos

En Bérgamo, uno de los epicentros de la epidemia, la plataforma Nosotros Denunciaremos (Noi Denunceremo) quiere llevar la investigación del covid-19 hasta sus últimas consecuencias. Buscan respuestas. Consuelo Locati, abogada de la asociación, perdió a su padre durante la pandemia. Ella, junto a Luca Fusco y otros seis abogados, se está encargando de que las denuncias se vayan tramitando en los juzgados. Esta semana se presentaron 42, pero Locati dice que a finales de junio podría haber muchas más.

"Queremos que la Justicia nos confirme si existe alguna responsabilidad (y de quién sería) por todos los miles de muertos que ha habido en Bérgamo, en Lombardía, y también en el resto de Italia", afirma Locati en una entrevista con El Confidencial. "Será un trabajo muy largo", reconoce la abogada, quien ve "discutible" la gestión del sistema sanitario italiano durante la emergencia sanitaria.

"Queremos saber la verdad"

¿Por qué no se cerró antes Bérgamo? ¿Por qué Lombardía impidió a los médicos ir a los domicilios a diagnosticar casos sospechosos? ¿Por qué el Gobierno de Italia no tenía material sanitario? "Nosotros solo queremos saber la verdad. No nos interesan ni el dinero, ni las compensaciones ni que alguien vaya a la cárcel; eso no nos va a devolver a nuestros seres queridos", apunta Luigi Fusco, otro de los impulsores de la iniciativa y cuyo padre también murió por covid-19. La plataforma, insisten sus fundadores, busca identificar los responsables últimos en la toma de decisiones, no demandar a médicos o sanitarios.

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Pero, llegados a este punto, la frontera entre lo sanitario y lo político comienza a distorsionarse. “Hay una descarga de responsabilidad entre el presidente Giuseppe Conte y el presidente de la región de Lombardía [de la ultraderechista Liga] sobre quién tenía que tomar la decisión de cerrar el área y evitar así la propagación de la infección”, explica Cristiano Cupelli, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Roma Tor Vergata.

Sin embargo, Cupelli, quien impulsa una iniciativa para ‘blindar’ a los sanitarios italianos en tiempo de pandemia como han intentado otros países, como Reino Unido, advierte de que es poco probable que estas causas avancen en su país. “Encausar al Gobierno puede suponer una injerencia del poder judicial en la política y su actividad administrativa, algo que solo se podría hacer en investigaciones y casos especialmente grandes [macrocasos] de violación de la legislación vigente, lo cual no parece ser el caso”.

No todos los expertos coinciden. Philip Stolkin, abogado de derechos humanos afincado en Suiza, advierte de que, en algunos casos, las acciones legales podrían llegar a tener consecuencias. “Si se puede probar que los políticos implicados estaban en condiciones de reaccionar antes y no lo hicieron, por los motivos que sean, tendrán que asumir las responsabilidades legales. Ellos tienen la obligación en condición de garante de proteger la salud pública del país”, asegura Stolkin en una entrevista con El Confidencial. Y en Francia lo saben bien.

El fiscal público de París, Rémy Heitz, ha declarado a medios franceses haber recibido "docenas" de denuncias dirigidas a políticos y funcionarios de la Administración pública, además de ministros (como el primer ministro y el ex ministro de Sanidad). Todas estas quejas se presentaron por "poner en peligro la vida de otros", "no ayudar a una persona en peligro", "homicidio involuntario" o incluso en virtud del artículo 223-7 del Código Penal francés, que indica que "quien se abstenga voluntariamente de tomar o provocar las medidas que hacen posible (...) luchar contra un desastre que pueda crear un peligro para la seguridad de las personas es castigado con dos años de prisión y 30.000 euros de multa".

Al calor del dinero, abogados galos con pocos escrúpulos se han lanzado a la búsqueda de víctimas con las que poder demandar al Estado, según explicaba 'Le Monde' este jueves. El periódico francés contaba el caso de Olivia Mokiejewski, cuya abuela había fallecido por coronavirus tras haber sido contagiada en una residencia de ancianos. “Al principio de abril, alerté a mis amigos y familiares en Facebook de la propagación de la epidemia y la falta de información en las residencias de ancianos. ¿Resultado? He sido contactada por media docena de abogados que insistían en quedar conmigo, ayudarme y representarme”.

La mayor demanda colectiva por el virus

Probablemente, los abogados franceses estén siguiendo el ejemplo de la mayor demanda colectiva por coronavirus en Europa que se ha producido hasta el momento. Ha sucedido en Austria, en el pueblo de esquí de Ischgl, donde hasta 5.000 personas se han unido en una acción legal contra las autoridades por haberse infectado en esa región de Los Alpes. Aunque distintos países como Islandia consideraron el pueblo turístico como “área de riesgo” de coronavirus a principios de marzo y el 7 del mismo mes se detectó un positivo en el Kitzloch, uno de los bares más frecuentados de Ischl que no se cerró hasta el 10, la ciudad no tomó medidas drásticas hasta el 13.

Peter Kolba, presidente de la Asociación de Protección al Consumidor de Austria (VSV) y el hombre que ha creado la plataforma 'online' para estos demandantes, asegura que todos los testimonios que ha recibido van en la misma línea: se tardó en cerrar las zonas de esquí “por razones comerciales”, lo cual facilitaría el proceso legal contra las autoridades, explica por correo electrónico a El Confidencial.

Kolba, quien recalca que en caso de confirmarse las sospechas habrá compensaciones económicas para los damnificados, espera que la situación se reproduzca en otros lugares de Europa. Especialmente donde se haya primado el carácter económico al sanitario y se pruebe que, aunque los políticos tenían en su mano todas las evidencias, decidieron ignorarlas. Sin embargo, este resort de Austria es una excepción en el caos jurídico que se aproxima. Sobre todo porque no es tan fácil probar intencionalidad o el lugar exacto de contagio.

¿El nuevo asbesto?

En ese sentido, el coronavirus puede ser “el nuevo asbesto”, según la firma de abogados internacional Duane Morris. "Al igual que en los casos de asbesto, es probable que la ciencia de la causalidad sea imposible de resolver satisfactoriamente". La firma Hunton Andrews Kurth está realizando un conteo de denuncias civiles, administrativas y penales tanto a nivel federal como estatal relacionadas con el covid. Ya llevan 2.655, según explican por correo electrónico a El Confidencial. Hace un mes, el 11 de mayo, apenas eran 917.

“El mayor número de demandas está siendo de casos relacionados con los derechos civiles, con peticiones de salida de presos, contra las compañías aseguradoras que se niegan a pagar y, también, demandas relacionadas con el trabajo, como aquellos empleadores que estén violando protecciones laborales en la Families First Coronavirus Response Act”, explica Torsten Kracht, representante de la firma.

“Según el contagio se extienda y aumente el impacto económico, es muy probable que aumenten las demandas”, explicaba un reciente informe de la firma de abogados Baker & McKenzie. “La combinación entre el clima económico y la crisis sanitaria es la receta perfecta para las demandas, pues mucha gente tratará de recuperarse de una pérdida personal o económica”, continuaba el informe.

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En Estados Unidos, país popularmente conocido como 'litigolandia' por la facilidad para resolver cualquier conflicto mediante acciones legales, se están sucediendo todo tipo de demandas a raíz de la pandemia: contra China por ocultar el virus, contra cruceros infectados en alta mar por ser focos de contagio, contra gimnasios cerrados que siguen cobrando a sus clientes; hasta la Asociación de Amigos del Rifle litigó para que las tiendas de armas permanecieran abiertas por ser productos de primera necesidad. Pero los trabajadores son los que más acciones legales están tomando contra sus propias empresas.

A finales de mayo, cinco empleados de un Mcdonald’s de Chicago demandaron a la compañía por contagiarse de coronavirus. Los litigantes reclamaban que McDonald’s no les había proveído de jabón de manos, guantes y máscaras ni tampoco notificaba a los empleados cuándo uno de sus compañeros había sido contagiado por coronavirus, según una copia de la demanda a la que tuvo acceso Reuters. En California, otros empleados de la misma cadena de comida rápida emprendieron acciones administrativas contra la empresa. Esta situación también la han sufrido Walmart y las empresas cárnicas JBS SA y Tyson Foods Inc, donde varios empleados murieron a causa del coronavirus.

Los expertos, sin embargo, apuntan a que en los próximos meses la lista será mucho más larga. Y no sería la primera vez que un desastre sanitario prospera en las cortes estadounidenses, desde la epidemia de opioides a las enfermedades causadas por el tabaquismo, la pintura con plomo o el Agente Naranja. “Fácilmente puedo predecir que las demandas relacionadas con el covid-19 continuarán en los próximos dos o tres años por lo menos”, añade Kracht. “Y, probablemente, la próxima década entera”.