UP abre un frente judicial por la difusión de bulos a través de una "organización criminal"

La segunda denuncia de Unidas Podemos presentada ante la Fiscalía por la difusión de bulos en las redes durante el estado de alarma señala directamente la existencia de una "organización criminal". La denuncia se centra en la difusión de un vídeo con bolsas de cadáveres y una foto con ataúdes que falsamente se identifican con España pero que corresponden respectivamente a un centro hospitalario de Guayaquil (Ecuador) y un naufragio en Italia en 2003, y en el escrito que la acompaña, firmado por los diputados Enrique Santiago y Martina Velarde, se advierte sobre la supuesta existencia de una “organización criminal” que de forma dolosa acusaría directamente al Gobierno de “ocultar información a la población, de ser incapaz de gestionar la crisis sanitaria, de desatender a enfermos, a fallecidos y de ocultar información a los familiares de estos últimos, acusando a las instituciones oficiales de estar ocultando el número de fallecidos”.

El pasado viernes ya se realizó otra denuncia por parte de este grupo parlamentario sobre un falso vídeo en el que se acusaba al Gobierno de rechazar material sanitario. Esta cruzada judicial coincide con el incremento de bulos a través de redes sociales y programas de mensajería instantánea, principalmente WhatsApp, durante las últimas semanas. Solo Twitter ha asegurado haber detectado más de un millón y medio y cuentas sospechosas de manipular información sobre el coronavirus y en las últimas dos semanas ha procedido a borrar 1.100 mensaje con información considerada engañosa.

Desde Unidas Podemos se sostiene en el texto de la denuncia que la difusión de dichos bulos supone un supuesto delito de “simulación de peligro, calumnias e injurias a altas instituciones del Estado y organización criminal”, así como “por cualquier otro que se apreciara de oficio por esta Fiscalía General a la vista de los hechos denunciados”. Se añade asimismo que “estamos sin duda ante una estructura organizada con el fin exclusivo de difundir graves infundios y falsedades a sabiendas, mentiras que buscan causar alarma social, desestabilizar la situación política y debilitar la actuación de las instituciones del Estado, es decir, que buscan dañar a la sociedad española, a las instituciones y a todas las personas que viven en nuestro país”.

Por otra parte, se concluye que la difusión de estos mensajes tendría “la única intención de causar malestar y alarma social, debilitando así la necesaria confianza en el Gobierno de España y la unidad de toda la sociedad en la lucha contra una pandemia que ha causado una emergencia sanitaria -en España y en todo el planeta- de una naturaleza hasta ahora nunca conocida”.

En esta segunda denuncia no se apunta a la autoría o el origen de dichos bulos, aunque sí se apunta a algunos de los usuarios que la han difundido. En la primera denuncia presentada el pasado viernes, respecto a otro de los vídeos falsos que están circulando con mayor profusión desde que se decretó el estado de alarma, se especificaba que entre sus principales difusores "figuran un trabajador del Ayuntamiento de Palos (Huelva), que fue una de las personas que primero lo publicó profusamente en redes sociales y un subinspector de Policía Nacional, que fue candidato de Vox a la Asamblea de Madrid".

Para justificar por tanto la existencia de una "organización criminal" detrás de la creación y difusión detrás de estas falsas noticias a través de las redes sociales, los denunciantes se escudan en que se trata de una “estructura integrada por distintas personas concertadas, con distintas tareas repartidas, al único fin de difundir masivamente falsas noticias, cambiando algún contenido de la información difundida tan pronto uno de estos contenidos ha sido desmentido eficaz y públicamente, como se comprueba con la información adjuntada sobre la atribución de las imágenes del mismo video sucesivamente a distintos hospitales españoles, todas ellas afirmaciones y atribuciones falsas difundidas a sabiendas”.

Es por ello que reclaman a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación "con carácter penal para esclarecer los hechos y, en su caso, sancionar a los responsables, siendo del todo incomprensible que las conductas relatadas queden impunes”.