Moncloa tendrá la llave para volver a salvar a los presos del 1-O si el TS tumba los indultos

La decisión adoptada este martes por el Tribunal Supremo vuelve a levantar la incertidumbre sobre la iniciativa del Gobierno de indultar a los políticos catalanes condenados por el 'procés'. Una sala con una magistrada de reciente incorporación revirtió el fallo original y los recursos contra la gracia, cuya admisión a trámite fue rechazada de plano, han sido ahora admitidos. En los próximos meses, los cinco magistrados de la Sección Quinta estudiarán cada una de las impugnaciones. Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial apuntan que, en caso de que alguno de ellos fuera estimado, será de nuevo Moncloa, la misma que decidió exonerar a Oriol Junqueras y al resto de penados, quien tenga la llave para evitar su regreso a prisión.

La sala tendrá que pronunciarse sobre si los motivos que dio el Gobierno para el indulto se ajustaron a los requisitos requeridos o si se vulneró el deber de motivarlos de forma adecuada. Es decir, valorará la forma más que el fondo y, en caso de atender las pretensiones de los recurrentes, anularía por ello el acto de concesión, pero no evitaría que el Ejecutivo volviera a dictar un nuevo decreto con motivación distinta. Un regreso a prisión de los condenados es muy improbable.

El Gobierno justificó la concesión de los indultos apoyándose en la utilidad pública que, según su criterio, supone el deber de "asegurar la convivencia libre y pacífica". Según indican los expedientes en los que se basa la decisión, la falta de un equilibrio en la convivencia provocaría un daño a otros valores como la prosperidad social, el crecimiento económico o el bienestar individual y familiar de los catalanes. Añadía que, con este gesto, los ciudadanos catalanes entenderían que pueden expresar sus opiniones en libertad y justifica que la conducta no ha quedado impune, puesto que ya han pagado por ello "un alto precio".

Contra esas razones se posicionaron, ante el TS, PP y Vox en calidad de partidos y los dirigentes de Ciudadanos Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa y José María Espejo-Saavedra, los diputados y exdiputados del PP en el Parlamento de Cataluña Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, Andrea Levy, Juan Bautista Milian y Lorena Roldán, la asociación Convivencia Cívica Catalana y el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Milló.

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La incertidumbre para los indultados empieza ahora y puede prolongarse entre 10 meses y un año, en función de los tiempos que vaya marcando el presidente de la sección. La admisión no equivale a una aceptación de los recursos. Ni siquiera la legitimación de los partidos está decidida y no será hasta el fallo definitivo cuando los magistrados se pronuncien sobre la cuestión. Ya existe un precedente: el TS admitió a trámite el recurso del PP y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado, pero acabó rechazando su legitimación para recurrirlo.

Cambio de Gobierno

A pesar de todo, a ERC y Junts les inquieta un hipotético cambio de Gobierno en un escenario en el que la legislatura acaba en 2023. En caso de que la estimación se produjera y se solventara con un nuevo decreto, la complicación sería máxima si el Ejecutivo cambiara de manos y pasara a depender de un partido que se ha opuesto a su concesión y que, por ello, no estaría dispuesto a motivar absolutamente nada.

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Tras conocer la decisión, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, defendió la legalidad de los indultos y su "utilidad". "Por supuesto que el Gobierno defiende la legalidad de todas sus actuaciones", dijo, para añadir que el reflejo de la decisión en la convivencia es indiscutible. "La actual situación de la convivencia en Cataluña no es igual que la de 2019", defendió.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, acusó a los magistrados del TS de adoptar decisiones "políticas y no judiciales". "El Tribunal Supremo es un órgano judicial altamente politizado. Todos podemos coincidir en que, si cambia el criterio, es porque han cambiado las mayorías. Y es muy fácil atribuir las simpatías de los jueces a un partido u otro", afirmó.