Bruselas propone endurecer las penas por malversación frente a las rebajas de Sánchez

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles que la Unión Europea armonice sus condenas por corrupción y también que se endurezcan las penas por algunos delitos, como por ejemplo por malversación. Se trata únicamente de una propuesta legislativa y tiene que ser acordada por el Parlamento Europeo y por el Consejo, donde se sientan todos los Estados miembros, muchos de ellos muy celosos respecto a las cuestiones penales. La propuesta de la Comisión Europea va más allá del delito de malversación y también afecta por ejemplo a los casos de soborno en el sector público o la obstrucción a la justicia, para lo que se pide que haya un máximo de como mínimo 6 años, o en el caso de tráfico de influencias y abuso de poder, con un techo como mínimo de 5 años. La Comisión Europea calcula que la corrupción le cuesta a la economía europea unos 120.000 millones de euros al año y asegura que esta propuesta busca únicamente establecer lo que ya está acordado como estándares internacionales.

En el caso malversación, definida por Bruselas como "la comisión, el desembolso, la apropiación o la utilización por un funcionario público de bienes cuya gestión le haya sido confiada directa o indirectamente en contra de la finalidad para los que fueron destinados", debería tener, según el texto del Ejecutivo comunitario, una pena máxima de, como mínimo, cinco años. Tras la reforma del Código Penal por parte del Gobierno las penas van de uno a cuatro años, por debajo del techo mínimo que la Comisión Europea considera que debería aplicarse. En Moncloa, en todo caso, considera que la reforma de 2022 tendría cabida en la propuesta de Bruselas al diferenciar entre malversación con ánimo de lucro y la que no lo tiene y fuentes del Gobierno señalan que España llega con "los deberes hechos" al recoger delitos como el enriquecimiento ilícito que otros Estados miembros todavía no tienen tipificado.

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Pero en la Comisión Europea no gustó la reforma que sacó adelante el Gobierno tras el acuerdo con ERC para beneficiar a los líderes independentistas catalanes detrás de la organización del referéndum ilegal del 1-O, precisamente porque en Bruselas ya estaban trabajando en el paquete anticorrupción que buscaba precisamente lo contrario: armonizar las penas a nivel de la Unión Europea y elevar las condenas por los delitos de corrupción.

De hecho esa reforma está siendo estudiada por el equipo del comisario de Justicia, Didier Reynders, y se incorporará al informe del estado de derecho que cada año publica la Comisión Europea. "La Comisión está analizando actualmente estas nuevas disposiciones para verificar la compatibilidad de esta reforma con la legislación de la Unión Europea, en particular en lo que respecta a la protección de los intereses financieros de la UE", explicó Reynders en enero. Cuando se tocan las penas por delitos de este tipo se hace una comprobación de oficio por parte del Ejecutivo comunitario de que todo está en orden, y es eso lo que se está haciendo. "Aunque es cierto que si en vez de bajar las penas se hubieran subido, no habría que hacer comprobación alguna", señaló en su momento una fuente comunitaria.

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"La corrupción es como un cáncer. Si se deja correr sofocará nuestra sociedad democrática y destruirá sus instituciones. Al igual que con el tratamiento del cáncer, necesitamos mejorar la prevención", ha explicado la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová. "También necesitamos contar con fuertes instrumentos de represión y sanciones contra la corrupción, no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo. El paquete de hoy elevará el nivel de las definiciones y sanciones de los delitos de corrupción en toda la UE y ayudará a las autoridades a atrapar y castigar a los delincuentes", ha añadido la política checa.

Además, la Comisión Europea propone ampliar las herramientas de sanciones con el objetivo de poder sancionar también a personas que hayan cometido actos graves de corrupción. "Es una prueba clara de nuestra determinación de intensificar nuestra acción para prevenir y combatir la corrupción tanto dentro como fuera de la UE, y de utilizar todos nuestros instrumentos con ese fin. Estamos enviando un mensaje claro: la UE no está abierta a los negocios para aquellos que se dedican a la corrupción, dondequiera que ocurra", ha explicado Josep Borrell, Alto Representante de la Unión para Política Exterior y de Seguridad.