Bruselas revisa si la nueva malversación sube el riesgo de corrupción con los fondos de la UE

La reforma del delito de malversación está siendo estudiada por Bruselas para comprobar si está en línea con el derecho de la Unión Europea y si los cambios pueden traducirse en un aumento del riesgo de fraude en el uso de los fondos europeos. “La Comisión está analizando actualmente estas nuevas disposiciones para verificar la compatibilidad de esta reforma con la legislación de la Unión Europea, en particular en lo que respecta a la protección de los intereses financieros de la UE”, ha explicado Didier Reynders, comisario de Justicia, durante un debate en el Parlamento Europeo sobre la situación del Estado de derecho en España. La Unión Europea tiene distintos cuerpos destinados a perseguir posibles casos de corrupción relacionados con los fondos europeos y recientemente creó una nueva Fiscalía Europea para ello.

La Comisión Europea tiene que vigilar de cerca que el presupuesto de la Unión Europea, que está financiado por los Veintisiete, se gaste de forma adecuada. Se esfuerza por intentar que los estándares legales que reglan el uso de estos fondos sean cada vez más altos, y en este sentido la rebaja de las penas por malversación no ha sentado nada bien en el Ejecutivo comunitario.

TE PUEDE INTERESAR

La reforma de la malversación provoca la primera revisión de penas por corrupción

Beatriz Parera

Ha sido el enésimo ejemplo de la exportación del bronco debate nacional al Parlamento Europeo, donde un nutrido grupo de eurodiputados españoles se ha enzarzado en un debate impulsado por el Partido Popular y su líder en la Eurocámara, Dolors Montserrat. Ha sido un debate bronco, de cuerpo a cuerpo entre los partidos españoles, una discusión totalmente nacional. Los distintos partidos se han lanzado a la cabeza todos los elementos del debate político patrio en las últimas semanas y meses: el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los nombramientos del Tribunal Constitucional, la ley del solo sí es sí, el uso de Pegasus e, incluso, los planes de Vox en Castilla y León sobre el aborto. Y también la derogación del delito de sedición y la reforma del de malversación.

Todo el debate ha seguido las líneas típicas de estos debates nacionales que los eurodiputados españoles tienden a llevar a la Eurocámara. La única sorpresa ha llegado durante el discurso de Reynders, que ha deslizado esa novedad: la Comisión Europea está estudiando la compatibilidad de la reforma de la malversación con el derecho de la Unión. El Ejecutivo comunitario lo hace de oficio con las nuevas normas nacionales, porque es el papel de la institución velar por la protección de los Tratados de la Unión Europea.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno teme que la reforma del delito de malversación provoque rebajas de penas

Iván Gil Beatriz Parera

Pero, aunque se haga de oficio, en Bruselas prestan especial atención. “La comprobación es de oficio y no específica al caso español, aunque es cierto que si en vez de bajar las penas se hubieran subido, no habría que hacer comprobación alguna”, explica una fuente comunitaria al ser consultada por las palabras de Reynders. En el Ejecutivo comunitario no están cómodos con la reforma, incluso aunque crean que vaya a estar en línea con el derecho de la Unión.

“Tocar tipos penales relacionados con la corrupción cuando vamos a sacar un paquete anticorrupción de aquí al verano, pues no es la mejor de las ideas”, ha señalado la misma fuente. Y cuando el Ejecutivo comunitario presente ese paquete, la Moncloa puede verse en una situación delicada, con Bruselas pidiendo que las penas se muevan en la dirección contraria a la que acaba de hacerlo el Gobierno. El resto de la intervención de Reynders ha consistido en insistir, una y otra vez, en las conclusiones del informe del Estado de derecho sobre España, como hace cada vez que tiene que salir a hablar del asunto, subrayando que la prioridad sigue siendo renovar el CGPJ e, inmediatamente, al finalizar esa renovación, proceder a acordar una reforma en el método de elección de sus miembros.

Debate nacional

El debate nacional se ha trasladado al pleno de Estrasburgo de una forma similar al del Congreso de los Diputados: bronco, duro, lleno de dedos que señalan, de voces demasiado altas y algunas miradas de sorpresa por parte de otros eurodiputados. El Partido Popular, a través de sus miembros españoles y algunos otros, como, por ejemplo, el portugués Paulo Rangel, ha atacado al Gobierno por la derogación del delito de sedición y la reforma del de malversación, la negativa a la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el nombramiento para el Tribunal Constitucional de Juan Carlos Campo, exministro de Justicia.

TE PUEDE INTERESAR

La rebaja de penas por corrupción abre a Sánchez otro frente de desgaste electoral

Iván Gil

Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, también ha recorrido esas acciones. “¿De quién creo que hablo? ¿De Orbán? No, de Pedro Sánchez”, ha señalado entre gritos de la bancada socialista. “El PP no ha sabido perder las elecciones”, ha replicado Juan Fernando López Aguilar, del PSOE, señalando que el único culpable del bloqueo de la renovación del CGPJ es el Partido Popular. Ernest Urtasun, de Catalunya en Comú, ha acusado a los populares de estar haciendo un “boicot a la presidencia [española del Consejo] en un ejercicio de deslealtad”.

El debate ha sido tan intenso, tan agresivo y tan visceral que la presidencia del pleno ha tenido que interrumpir a uno de los oradores. “Por favor, le pido que hable un poco más despacio, para los traductores”, ha señalado la presidencia. Sira Rego, de Izquierda Unida, también ha sacado en el pleno la cuestión del plan de Castilla y León sobre el aborto impulsado por Vox.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno tapa la rebaja de la malversación con una nueva pena para cargos públicos

B. Parera A. López de Miguel

“Un debate político serio sobre la crisis institucional muy seria que se está viviendo en España tiene todo el sentido del mundo, pero debe celebrarse en el lugar adecuado: en el Parlamento de España, no aquí, en el Parlamento Europeo”, ha explicado el socialista portugués Pedro Silva Pereira.

“A nadie le importa el Estado de derecho en España”, ha indicado por su parte Clara Ponsatí, huida de la Justicia española y eurodiputada de Junts per Catalunya. Después, otros eurodiputados han sacado sus propios asuntos: Izaskun Bilbao, del PNV, ha hablado de las medidas cautelares del Tribunal Constitucional que suspendió el debate en el Senado sobre la reforma del TC; Diana Riba, de ERC, ha hablado de Pegasus.

Ni Francia, ni Alemania, ni Italia, ni ninguno de los principales países europeos llevan sus debates al Parlamento Europeo de forma tan directa. Es inevitable que el debate nacional se filtre a los debates europeos. Pero el único caso parecido ocurrió durante la presidencia francesa del Consejo, cuando Emmanuel Macron, presidente francés, habló ante el Parlamento Europeo en plena campaña de las elecciones presidenciales y el debate mutó en un debate electoral francés que fue criticado por prácticamente todo el mundo.