Bruselas permitirá a los países de la UE hacer contraofertas para evitar la fuga de empresas

El fantasma se está materializando. En las últimas horas Volkswagen ha amenazado con abandonar el proyecto de una fábrica de baterías en Europa del este para trasladarla a Estados Unidos, donde gracias a la nueva Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de Joe Biden, que pone sobre la mesa 400.000 millones de dólares en subvenciones y ayudas fiscales a las industrias limpias que se ofrecen de forma rápida, directa y sencilla. No solamente se lucha contra el atractivo de EEUU: China también riega con miles de millones de subvenciones a las empresas europeas que también deslocalizan al gigante asiático alguno de sus proyectos.

A partir de otoño en Bruselas empezó a correr la voz de alarma. Era necesario tomar medidas antes de que la industria europea acabara marchándose a un lado o el otro de la gran competencia global. Alemania y Francia querían manga ancha con las ayudas de estado que les permitieran competir con las subvenciones que ofrece por ejemplo Estados Unidos, pero el resto de Estados miembros temían los efectos de esa flexibilización: de los más de 670.000 millones de euros de ayudas de estado autorizadas por la Comisión Europea en los últimos años, cuando las normas de ayuda de estado han sido más laxas, el 77% han sido de Alemania o Francia.

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Por eso había una propuesta franco-alemana que este jueves se ha hecho realidad en una propuesta del Ejecutivo comunitario: la posibilidad de hacer contraofertas a las compañías europeas que reciban por parte de EEUU, China u otro país tercero ofertas para reubicar su actividad allí. Se trata de una modificación del Marco Temporal de Crisis y Transición y Bruselas confía en que podrá evitar casos como el conocido esta misma semana: Volkswagen medita trasladar su proyecto de fábrica de baterías para coches eléctricos desde Europa del este hasta Estados Unidos, donde obtendría ayudas por valor de 10.000 millones de euros.

La nueva ampliación del Marco de ayudas de estado se ha limitado a aquellas tecnologías que coinciden con los objetivos del IRA de Estados Unidos. “El Marco que hemos adoptado hoy ofrece a los Estados miembros la opción de dar ayuda estatal de forma rápida, clara y predecible. Nuestras normas permiten a los Estados miembros acelerar las inversiones en tecnologías limpias en este momento crítico, al tiempo que protegen la igualdad de condiciones en el mercado único y los objetivos de cohesión. Las nuevas normas son proporcionadas, específicas y temporales”, ha asegurado Margrethe Vestager, vicepresidenta a cargo de Competencia, replicando los tres adjetivos que los líderes europeos exigieron en la cumbre del 9 de febrero centrada en esta cuestión: que las ayudas fueran proporcionadas, específicas y temporales. En concreto el marco estará en vigor hasta 2025.

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En todo caso, el Ejecutivo comunitario ha puesto algunos “peros” a estas cláusulas de contraoferta para los Estados miembros. Por ejemplo, solamente se podrán utilizar cuando el proyecto en cuestión se encuentre en regiones que reciben fondos de cohesión, que en el caso de España superan el 60% del territorio, o bien para proyectos transnacionales que afecten a tres Estados miembros.

El objetivo es poner algún tipo de límite para evitar lo que algunos expertos creen que ocurrirá: que las grandes compañías podrán enfrentar a las grandes potencias con el objetivo de aumentar el nivel de ayudas que recibirán, provocando una “carrera subvencionista”. Otra de las salvaguardias del plan presentado este jueves es que una vez que una compañía haya recibido una ayuda deberá permanecer al menos cinco años en el territorio.