La cuenta atrás para implantar un canal de denuncias pilla a las empresas desprevenidas

El pasado martes, el BOE publicó la nueva ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, también conocida como ley de Informantes. La norma, que nace como consecuencia de una directiva europea, se va a convertir en uno de los grandes retos (y dolores de cabeza) de las empresas españolas, ya que introduce una importante novedad que es de obligado cumplimiento para todas aquellas que tengan 50 o más trabajadores. Así, estas organizaciones deberán implantar un canal de denuncias interno que permita a la plantilla comunicar posibles irregularidades. Este sistema deberá cumplir, además, con una serie de exigencias, como la de garantizar el anonimato del denunciante, si así lo desea, o asegurar que no haya represalias contra los que informan de incumplimientos ajenos.

Pero no solo eso. La ley introduce, además, una batería de sanciones para aquellas entidades que no cumplan con sus obligaciones legales. Aunque las cuantías varían dependiendo de la gravedad de la conducta, lo cierto es que todas son, en general, bastante elevadas. Las multas por infracciones leves pueden llegar hasta los 100.000 euros, las graves tienen un tope de 600.000 y las muy graves —no contar con un canal de denuncias o adoptar algún tipo de castigo contra el informante, por ejemplo— pueden alcanzar el millón de euros. Por último, la norma otorga un periodo de gracia de tres meses (que puede extenderse en algunos casos) para que todas las entidades obligadas puedan adaptarse a las nuevas exigencias.

A pesar de que la cuenta atrás ya ha comenzado, la mayoría de las compañías todavía no están muy familiarizadas con esta novedad. "Aunque llevábamos un tiempo recibiendo consultas muy puntuales, desde el martes se han cuadriplicado", relata María Pardo de Vera, abogada en el bufete Helas Consultores, y agrega que muchas de las dudas son todavía básicas. "Te preguntan: esto de qué va, cómo se monta. Es la primera vez que lo escuchan", explica, si bien matiza que este tipo de preguntas vienen más de compañías pequeñas y medianas, ya que las grandes sí cuentan con sistemas similares.

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Pedro del Rosal

En la misma línea se pronuncian desde el departamento de laboral de Ceca Magán, donde aseguran que las grandes organizaciones sí tienen parte del trabajo hecho. "Muchas empresas, fundamentalmente las más grandes, ya conocían la ley. No obstante, muchas de ellas son conscientes de que necesitan revisar sus sistemas de comunicación y denuncia para cerciorarse de que cumplen con los requisitos de la nueva norma, mucho más exigente en algunas cuestiones, y están en ello o comenzando", indican.

Confirma esta visión Ignacio Esteban Ros, socio del departamento laboral de Garrigues, que señala que, a día de hoy, la mayoría de empresas no cuenta con un sistema interno de información adaptado a la nueva normativa. "A modo de ejemplo, ya no bastará con tener un correo electrónico habilitado para recibir potenciales denuncias, sino que el sistema deberá permitir de manera segura las comunicaciones verbales, escritas y, también, presenciales, pudiendo ser gestionado interna o externamente", apunta.

Teniendo en cuenta este contexto, ¿conseguirán adaptarse a tiempo las compañías a las nuevas obligaciones? Manuel Quintanar, director de Investigaciones de Report@, opina que sí, aunque admite que la implantación de algo nuevo "siempre cuesta". Menos optimistas se muestran en Ceca Magán, donde aseguran que hay un gran porcentaje de entidades que no llegará a tiempo. "Les pasará como con los Planes de Igualdad", lamentan, aunque admiten que el obstáculo principal no será implantar un canal en sí, sino cumplir con cada uno de los requisitos que se exigen. "Muchas carecen aún de sistemas de cumplimiento normativo o cultura de compliance a la que asociar el canal suficientemente maduro", concluyen.