Sánchez deja vía libre a Yolanda Díaz para que abra camino en la ley de amnistía con JxCAT

El PSOE ha levantado la línea roja de la amnistía a los encausados del procés y Sumar avanza ya en una propuesta para darle encaje legal. La iniciativa del partido de Yolanda Díaz parte de un acuerdo implícito con los socialistas, que les están dejando vía libre para abrir el camino en las demandas de los partidos independentistas catalanes. En Ferraz, apuestan por la discreción en esta fase de la negociación, por situar el foco en deslegitimar la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que tildan de "falsa" y "fallida", y repartir los papeles con sus potenciales socios de coalición para mitigar el desgaste. En la dirección del PSOE evitan así censurar los pasos que están dando desde la nueva formación para materializar una norma, que según la propia Díaz se encuentran en proceso de definir sus "márgenes", y se limitan a apostar por un acuerdo que permita la "gobernabilidad" dentro del margen de la Constitución y ahonde en la convivencia en Cataluña. El mismo argumento que se expuso para la concesión de los indultos y la llamada "desjudicialización".

Desde Sumar, avanzan que lo único definido por el momento son los "carriles" para el procedimiento legislativo. Según fuentes del grupo parlamentario, se tramitaría mediante una propuesta de ley acompañado de una declaración de urgencia. Un proceso para acortar los tiempos que asimilan a la reforma del Código Penal llevada a cabo para eliminar el delito de sedición y modificar el de malversación.

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En su alcance se sigue trabajando y ahí es donde se sitúa la "complejidad", según reconocía la vicepresidenta segunda en funciones este lunes durante una entrevista en TVE. Esto es, los hechos a los que se refiere la amnistía, el marco temporal que comprende y las personas a las que afecta. En lo que sí insisten desde Sumar es en que la ley tiene encaje constitucional, mientras que los socialistas repiten, en la estela de Pedro Sánchez, que seguirán el método de esta legislatura basado en el "diálogo y dentro del marco de la Constitución". Según la ministra de Educación en funciones y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, se trataría de "dar soluciones políticas a problemas políticos", buscando la vía del "reencuentro y la convivencia".

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya se abrió la semana pasada a explorar fórmulas, que por primera vez evitó situar fuera del marco de la Constitución. Este fue el argumento utilizado siempre por los socialistas y al que no dejó de recurrir Sánchez en la última campaña electoral. Según remarcó a tres días de la cita con las urnas, los independentistas reclamaron ya durante la pasada legislatura sus máximas de "amnistía y autodeterminación", y el resultado fue que no consiguieron "ni una cosa ni la otra". Ahora, el jefe del Ejecutivo defiende al respecto que "quien decide qué es constitucional es el Tribunal Constitucional", con mayoría progresista.

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Los socialistas mantienen la máxima de la discreción en las negociaciones y en controlar los tiempos. No radiar las conversaciones o avances y dejar los anuncios para cuando se cierren acuerdos. Un guion que resumen como "discreción en las conversaciones, publicidad en los acuerdos". Lo que sí dejan claro es que aprovecharán el mes que resta hasta la investidura de Feijóo para "seguir trabajando" en la búsqueda de apoyos, al dar por descontado el fracaso del líder popular. En el caso de los independentistas catalanes, se prioriza la búsqueda de fórmulas para una suerte de amnistía que de momento solo verbalizan en Sumar.

La carpeta del referéndum, la otra máxima de ERC y JxCAT, no está sobre la mesa. Los republicanos no renuncian a esta reivindicación, pero consideran que para abordarla es necesario encarar en una fase previa la amnistía a los condenados por el procés. Este mismo lunes, la portavoz de ERC, Raquel Sans, celebraba que la medida "forme parte" de la negociación para una posible investidura de Sánchez y volvía a invitar a JxCAT a sumar esfuerzos en las conversaciones.

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La dependencia de los diputados del partido de Carles Puigdemont para conseguir una mayoría en la investidura es el principal nudo gordiano en las negociaciones para una investidura de Pedro Sánchez. Uno de los principales motivos por los que no se quieren dar prisas en el avance de estos contactos, dejando además que este espacio resuelva sus diferencias internas con la confianza de que vaya ganando más peso el sector pragmático. Sin que nadie en la dirección de Ferraz considere como una opción el escenario de la repetición de elecciones, los socialistas son comedidos ante las aristas de una negociación con un partido que ha optado por el rupturismo durante toda la pasada legislatura, votando incluso en contra de la reforma del Código Penal para desjudicializar el procés. Más todavía con la salida de una amnistía, que siempre se consideró fuera de la Constitución desde el PSOE.

Acuerdo de coalición

Este manejo de los tiempos por parte del PSOE choca con los de Sumar, que apuesta por ir cerrando acuerdos con la mayor celeridad posible. Con los potenciales socios de investidura, pero también para sellar un acuerdo programático de gobierno de coalición. Desde el partido de Díaz ya se precipitaron la noche electoral del 23-J a reclamar el inicio de conversaciones en este sentido, pero no ha sido hasta los últimos días cuando se han comenzado a intercambiar documentos, sin oficializarse una negociación como tal.

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De producirse una investidura fallida, entienden que lo normal sería que Sánchez acudiese a la siguiente ronda de contactos con el jefe de Estado con un acuerdo ya cerrado con sus socios de coalición y formalizando avances con otras formaciones que se han mostrado más pragmáticas de cara a su apoyo. Sánchez necesitará, además de los votos de PSOE y Sumar, el apoyo de los diputados de ERC, JxCAT, EH Bildu, PNV y BNG. En caso de que sumasen a Coalición Canaria, algo que no descartan los socialistas pese a llegar ya a un acuerdo con el PP para la investidura de Feijóo, en lugar del voto a favor de los diputados del partido de Puigdemont, bastaría con su abstención. Por el momento, Sumar va abriendo el camino con el asunto más polémico.