El caso Tsunami suma indicios contra cargos de ERC y el núcleo de Waterloo que exige amnistía

La Guardia Civil ha ahondado en sus sospechas sobre la implicación directa de distintos miembros de ERC en las estructuras de la organización Tsunami Democràtic, que lideró, en 2019, distintos actos de revuelta urbana en protesta por la condena dictada por el Supremo contra Oriol Junqueras y el resto de políticos catalanes implicados en el procés. En distintos informes a los que ha tenido acceso El Confidencial, los investigadores recopilan nuevos contactos atribuidos a cargos intermedios de la formación con el núcleo directivo del entramado. También concretan la participación del núcleo de afines al expresidente Carles Puigdemont, fugado en Waterloo. La causa está pendiente de un impulso que se espera para el próximo septiembre, coincidiendo con el punto álgido de las conversaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Tanto Esquerra como Junts han puesto como condición la amnistía.

El Instituto Armado ha ido analizando, a lo largo de los meses en que el procedimiento se ha mantenido secreto, centenares de comunicaciones con la intención de definir el funcionamiento y organigrama de Tsunami. Su conclusión es la existencia de un nexo indiscutible con la organización de "personas que ocupan puestos de cierta relevancia en la esfera política", con mayor presencia de cargos vinculados a ERC. Todos ellos se comunicaban empleando alias para ocultar su identidad.

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El análisis de las comunicaciones y los dispositivos del empresario de la comunicación Oriol Soler, bajo el apelativo Rigoberta, ha permitido ampliar los indicios iniciales que llevaron a la Guardia Civil a ubicar al frente de las campañas de difusión y las acciones del movimiento a destacados políticos de Esquerra. A nombres como el de Marta Rovira, que se comunicaba con la trama mediante el alias Matagalls, o Xavier Vendrell Segura, exsecretario de Organización del partido y consejero de Gobernación de la Generalitat en 2006, se añaden ahora otras identidades en escalones inferiores de la organización.

Entre ellos se encuentran Oriol Durán Torres y Carlos A. Foguet, ambos ligados a responsabilidades en el área de comunicación del partido. Del análisis de los chats encriptados se deduce que se encargaban de informar a la prensa de distintas acciones y estrategias de Tsunami, y los informes sustraen de ello un conocimiento interno de los planes del movimiento y de los detalles de su desarrollo. La difusión en los medios de esta actividad se consideraba fundamental para su éxito, según reflejan los investigadores. En el caso de Durán, los agentes destacan su recomendación a terceros de "eliminar el historial" de los contactos que mantenían en distintos grupos.

Un chat con periodistas para "influir"

Como desveló este diario, los agentes ubican en el núcleo directivo de la plataforma al diputado autonómico de ERC y secretario cuarto de la Mesa del Parlament, Rubén Wagensberg Ramon, al que sitúan a cargo de la estrategia de comunicación y propaganda de las movilizaciones. Entre las identidades señaladas en los informes se encuentra también Marta Vilalta, diputada del Parlament y secretaria general adjunta y portavoz, localizada como participante de uno de los chats bautizado como INDI'S GRUP 1-O, en el que se incluyó a diversos periodistas. Otro de los nombres mencionados por la Guardia Civil es el de Marina Llansana, también en relación con ese grupo. El objetivo, dicen los investigadores, era "influir en la opinión pública, posiblemente, en pos del relato promovido por campañas de desobediencia civil".

Las referencias de Soler a otros políticos son constantes. Menciona en un punto su deseo de contactar con Teresa Jordá, diputada del Congreso, antes de un viaje previsto por esta a Rusia. También hay referencias al expresident de la Generalitat Quim Torra, a quien advirtieron de una ruptura con el Govern si los Mossos cargaban contra los manifestantes. La Guardia Civil también pone el foco en el entorno de Carles Puigdemont o personas ligadas a Junts.

Se refiere, así, a la mano derecha del expresident, el historiador Josep Lluís Alay; al responsable de sus finanzas, Jaume Cabaní Massip, y al publicista y actual director de la estructura técnica de la autodenominada Casa de la República en Waterloo (Bélgica), Sergi Miquel. De las comunicaciones secretas de Tsunami analizadas, la Guardia Civil infiere que el expresidente Puigdemont prestó sus redes sociales para difundir las acciones de la plataforma.

"La mitad de la buena gente de Esquerra está detrás"

La Guardia Civil destaca entre los indicios una de las afirmaciones realizadas por Rigoberta (el empresario Soler, que utilizaba también otras derivaciones de este alias, como Rigoberto). "La mitad de la buena gente de Esquerra está detrás de Tsunami", dice mientras defiende de una manera "contundente" las acciones llevadas a cabo por la plataforma, que considera necesarias pese a las críticas contra la violencia procedentes de algunos sectores.

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La plataforma irrumpió en 2019 como respuesta al encarcelamiento de los dirigentes secesionistas. A diferencia de la actividad de los partidos y otras marcas habituales del activismo independentista en Cataluña, Tsunami Democràtic presentaba una puesta en escena clandestina, sin caras visibles, pero especialmente activa en redes sociales y con poder de convocatoria. Organizó cortes de carreteras o colapsó el aeropuerto de Barcelona, lo que provocó el arresto de 194 personas. Trataron de hacer lo propio en el aeropuerto de Barajas de Madrid y se organizaron para hacerse visibles durante un encuentro entre el Barcelona y el Real Madrid disputado en el Camp Nou bajo el lema "Spain, sit and talk".

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El destino del procedimiento judicial aún es una incógnita. El juzgado a cargo del procedimiento, el central 6 de la Audiencia Nacional, aprecia indicios que podrían sustentar una acusación por integración en organización terrorista, pero el parecer de la Fiscalía es otro. Tras la desaparición del delito de sedición a raíz de la reforma impulsada por el Ejecutivo, el Ministerio Público sondea acusar por desórdenes y desvincular con ello las diligencias del tribunal especial con sede en Madrid para remitirlas a Cataluña. La imputación de aforados autonómicos lo dejaría así en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

A este caso se suma ahora el contexto político surgido tras las elecciones generales del 23 de julio, en que los escaños de los partidos independentistas resultan claves para la investidura. Pedro Sánchez negocia un apoyo tanto de ERC como de Junts que incluye la exigencia de una amnistía que beneficie a todos los investigados y condenados en los diversos procedimientos relacionados con el procés.