Quim Torra da plantón al juez: "No reconozco la legitimidad de la Justicia española"

El expresidente de la Generalitat Quim Torra dio plantón en toda regla al Juzgado Penal número 6 de Barcelona, que este jueves le tenía que juzgar por desobediencia por negarse a retirar una pancarta con consignas políticas partidistas de la fachada de la Generalitat y un gran lazo amarillo en septiembre de 2019.

Todo estaba preparado para acoger este nuevo juicio (Torra ya fue inhabilitado en una primera condena y tuvo que dejar la presidencia de la Generalitat) y, en otra cabriola propagandística, Torra se puso en el ojo del huracán con un duro comunicado. “Me vuelven a juzgar por desobediencia y no legitimaré un nuevo juicio político con mi presencia”, dijo el 'expresident' en un comunicado emitido a primera hora de este jueves, hora y media antes de comenzar el juicio. La acusación particular, ejercida por la entidad Impulso Ciudadano, pide la pena de 12 meses de multa a razón de 300 euros diarios (108.000 euros) e inhabilitación de dos años, mientras que la Fiscalía pide multa de 10 meses a 100 euros diarios (30.000 euros) e inhabilitación de un año y ocho meses.

A través de su red social preferida, Twitter, Torra advirtió a primera hora: “Hoy me vuelven a juzgar, pero no legitimaré una nueva farsa, una nueva escenificación represiva disfrazada de justicia con mi presencia. Pido amparo a los tribunales internacionales, porque no reconozco la legitimidad de la justicia española que no respeta ni los tratados internacionales ni los derechos fundamentales. Los independentistas catalanes solo podemos encontrar la justicia en Europa”. De ese modo, sigue a rajatabla la hoja de ruta independentista, que trata de desviar hacia Europa todos los procesos penales con el fin de intentar internacionalizar el conflicto catalán.

El comunicado emitido por su oficina dice que el juicio “es la consecuencia de no haber seguido las instrucciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a instancias de una entidad españolista llamada Impulso Ciudadano, de retirar las pancartas y símbolos en defensa de la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados de los edificios públicos, en este caso fuera del periodo electoral”. En el primer juicio por desobediencia, celebrado en 2020, Torra fue condenado por esos mismos motivos, pero durante el periodo electoral, lo que agravaba la acusación. Su condena le valió el cese como ‘president’, aunque intentó agarrarse a su cargo hasta el último minuto.

Actitud desafiante

El 'expresident' aduce en su comunicado que la instrucción para retirar la pancarta de la fachada (su lema era ‘Libertad presos políticos y exiliados’) se hizo "de forma irregular e ilegal". Además, el comunicado presume de que la pancarta se retiró "sólo cuando se presentó una dotación de los Mossos d’Esquadra para hacerlo. El ‘president’ Torra no dio jamás ninguna instrucción de retirada de la pancarta". Eso implica, 'de facto', un reconocimiento del delito de desobediencia. Esa actitud desafiante ya fue mantenida por Torra en el primer juicio, lo que le valió la condena final.

En este juicio, el exmandatario estaba asistido por Gonzalo Boye e Isabel Albal, los abogados que también asisten a Carles Puigdemont. Ambos son los responsables de la estrategia de defensa de Torra. Sus principales argumentos son la politización del tema, apelando a la “inviolabilidad parlamentaria” para entender que los actos de Quim Torra no pueden ser juzgados, una conclusión osada pero efectiva ante un independentismo expectante y necesitado de tensión y confrontación para revitalizarse.

Otra de las líneas de defensa es insistir en que “la criminalización del ‘president’ Torra no sólo responde a una interpretación democrática del Código Penal, sino que infringe preceptos constitucionales y derechos fundamentales protegidos por los tratados internacionales y ratificados por el Estado español”. Además, subraya que “la exhibición de una pancarta por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados es una manifestación del derecho a la libertad de expresión”. Para reforzar la justificación, afirma también la línea argumental de que “la pancarta de la fachada del Palau de la Generalitat quiere representar el clamor de miles de ciudadanos en un acto de protección y garantía de derechos humanos”.

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En esa línea de argumentos genéricos, la defensa también arguye que "los derechos fundamentales no permiten limitaciones fuera de las excepciones derivadas del principio de necesidad en el orden jurídico de cualquier sistema democrático". No hace referencia, en cambio, a la obligación de preservar la neutralidad de las instituciones y a que estas no se conviertan en un instrumento partidista, precepto que también consta legislado en las leyes. En cambio, la defensa retuerce los argumentos hasta llegar a una sorprendente conclusión: “El Tribunal Constitucional ha establecido que un mismo hecho no puede ser al mismo tiempo un ejercicio de un derecho fundamental y la comisión de un delito. En este proceso legal contra el presidente Torra, no se ha hecho esta valoración previa, tal y como se pidió porque es preceptivo”.

En un plano más jurídico, los abogados plantean también que la “interpretación jurídica expansiva que se ha hecho para aplicar en este caso el artículo 410 del Código Penal (desobediencia y denegación de auxilio) produce una inseguridad jurídica, resultando de la arbitrariedad mostrada por esta extralimitación que buscaba reprimir la libertad de expresión mediante la exacerbación del tipo penal”. La asunción de los hechos por parte de Torra y su declaración voluntaria de que desobedeció porque no acata lo que digan los tribunales españoles dinamita todos los argumentos, sean genéricos o estrictamente jurídicos, que pueda presentar la defensa.