La Justicia cerca a los líderes independentistas: Torra y Borrás, al banquillo

Dos altos cargos del independentismo catalán, Quim Torra y Laura Borràs, están en el punto de mira de la Justicia española. Uno por desobediencia y la otra por corrupción. El expresident se sentará en el banquillo de los acusados este mismo jueves, mientras que la máxima personalidad del Parlament va por el mismo camino tras ser procesada este lunes por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por presunto fraude. Es un nuevo episodio de lo que podría denominarse como la ‘maldición de los presidents’, tras la condena e inhabilitación de Artur Mas y la fuga de Carles Puigdemont. Pero también de los responsables de la cámara, con Carme Forcadell condenada por el 1-O y Roger Torrent, antecesor de Borràs hasta 2021, a la espera de juicio por desobediencia.

Torra se sentará en el banquillo acusado de desobediencia porque en septiembre de 2019 se negó a retirar una pancarta y un gran lazo amarillo de la fachada de la Generalitat, con el texto ‘Libertad presos políticos y exiliados’. El lazo era la enseña política del soberanismo. La ley dice que en los edificios oficiales no pueden exhibirse insignias o proclamas partidistas. Pero Torra ya llegó al Govern diciendo que no iba a gobernar para todos, sino para alcanzar la independencia de Cataluña.

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Con motivo de su negativa a retirar los símbolos, la asociación Impulso Ciudadano le llevó a los tribunales, acusándolo de desobediencia. Tuvieron que ser los Mossos d’Esquadra quienes fueran el 27 de septiembre de 2019 hasta el Palau de la Generalitat para descolgar el material de la fachada, a instancia del denunciante, una entidad presidida por el exdiputado de Ciudadanos José Domingo.

Un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ya le había comunicado que debía retirar los símbolos, pero Torra dio la callada por respuesta. Es más, a las pocas horas, varias personas aparecieron en el balcón principal de la Generalitat para colgar otra pancarta que rezaba: ‘Libertad de opinión y expresión’. Esas personas eran el exdiputado de la CUP Antonio Baños, el exdiputado de JxS Lluís Llach, la actriz Sílvia Bel y la filóloga Maria Teresa Casals. Nadie sabe quién les franqueó el acceso a ese lugar (prohibido para cualquier ciudadano) y quién les permitió colgar el mensaje.

Torra se encontraba entonces embarcado en una lucha sin cuartel contra las instituciones españolas, fomentando desde la presidencia de la Generalitat la confrontación institucional como fórmula de desgaste. En las elecciones generales de 2019, los edificios de la Generalitat eran el escenario donde se habían colocado multitud de carteles, pancartas y consignas independentistas, así como lazos amarillos. En plena campaña, Ciudadanos denunció esa utilización de los edificios públicos y el TSJC le conminó a eliminarlos. Torra no hizo caso, por lo que fue condenado, primero por el TSJC (entonces era aforado) y luego por el Tribunal Supremo. En septiembre de 2020 tuvo que dejar su cargo. Es el primer presidente en activo que es inhabilitado mientras se halla en el ejercicio de sus funciones. Ahora será el magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Barcelona el que juzgará al ‘expresident’, que ya no está aforado.

Un amigo 'peligroso'

Un caso muy distinto es el de Laura Borràs. Del 15 de enero de 2013 al 22 de enero de 2018 ejerció como directora del Institut de les Letres Catalanes (ILC), un organismo de la consejería de Cultura dedicado a “promover la creación literaria en lengua catalana y darla a conocer y difundirla dentro y fuera de Cataluña, así como promover el libro y la lectura”. Desde su puesto, concedió casi una veintena de contratos sospechosos.

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La ley prevé que no se pueden otorgar contratos menores en prestación de servicios con duración superior a un año o cuantía superior a 18.000 euros por contrato. Tampoco se pueden fraccionar los encargos. Según el auto que acaba de dictar el TSJC, entre enero de 2013 y febrero de 2017, Borràs concedió 18 contratos “relativos a la programación y mantenimiento del portal web de la institución”. El importe global ascendía a 330.442 euros. De ellos, seis fueron adjudicados a Isaías Herrero, un amigo de Borràs, por importe de 112.503 euros y otros 155.000 euros fueron a empresas controladas por éste. Herrero ya ha sido condenado por otras causas.

Ell representante de otra de las empresas que oficialmente era la adjudicataria de dos contratos en ese periodo, APMG&CE, admitió ante el juez que “consintió que se aportaran presupuestos a su nombre o al de su empresa, resultando adjudicatario en dos ocasiones y facturando al ILC por trabajos que realmente habían sido ejecutados por Isaías Herrero”, según consta en otro escrito del TSJC de febrero del 2021. Otra adjudicación, ganada y facturada por Xarxa Integral por una cuantía de 21.538 euros, fue ingresado en una cuenta del amigo de Borràs. Herrero era socio de Xarxa Integral, que en realidad recibió otros 6 contratos en ese periodo por más de 101.000 euros. También era socio de Freelance, otra de las firmas que obtuvo tres encargos por 54.437 euros. En total, entre Herrero, Xarxa y Freelance (las dos firmas controladas por el amigo) se desviaron de las arcas públicas más de 267.000 euros.

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La Sindicatura de Cuentas, que fiscalizó la labor del ILC en el ejercicio del 2017, detectó que dos de los expedientes de ese año vulneraban la ley, ya que se trataba de “reiteración de objeto en los contratos” y que no se deberían haber concedido esos trabajos mediante contratos menores.

Las supuestas ilegalidades van más allá. El representante de Elit3 14 negó que esta empresa hubiese presentado presupuestos para optar a contrataciones conforme apareció en los expedientes del ILC. Esa empresa pertenece a un docente de la Universidad de Barcelona integrante del grupo de investigación Hermeneia, un grupo, precisamente, creado por la propia Laura Borràs. La cooperativa Smartcooper, que también aparecía en muchas de las licitaciones con presupuestos aparentemente formales, tampoco había enviado ninguno de los que se le achacaban.

Las órdenes de Borràs

El auto destaca que Borràs y Herrera se comunicaban a través del mail particular de la presidenta del Parlament. Los correos no dejaban lugar a dudas del papel de cada uno: Borràs le daba órdenes y le decía cómo había de confeccionar facturas para no tener problemas con la ley. “El presupuesto ha de quedar como si fuéseis profesionales independientes porque los totales no pueden superar, como ya sabes, los 18.000 + IVA. Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en diferentes paquetes, es cuando entonces piensan que hay una infracción. La cuestión es fraccionar, pues, cada uno de los conceptos para que quede claro que son como partes que es preciso in ensamblando conjuntamente”, le explicaba Borràs.

En otro correo, le daba nuevas instrucciones: “Como se han de hacer tres presupuestos por cada una de las personas o empresas diferentes, yo había pensado que podríamos hacer que tú te presentes a los cuatro y que solo ganes en uno, el más económico de la serie, la cooperativa ídem, APM gestión ídem y la otra, ídem. El resto podría hacerlo la empresa de A. (…). Si tú haces los cuatro vuestros, yo hago los otros. ¿Te parece bien?”.

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Esta operativa llevó a Herrero a comentar con un amigo: “Si hubiese una comisión económica que empezase a mirar… buenooo… porque yo tengo una de marrones… buffff. Hombre claro, porque yo, con la Borràs, con la jefa… yo facturo con la cooperativa, facturo unos ‘trapis’ por allí… yo he de hacer un presupuesto bueno y.. o sea… he de hacer dos presupuestos buenos y cuatro no buenos. Lo peor es si Borràs deja de ser directora”.

Pero no hay duda de que la presidenta del Parlament sabía lo que hacía. “En los 18 contratos menores citados, Laura Borràs intervino en su condición de directora del ILC, proponiendo la contratación, acordando la adjudicación, aprobando el gasto, certificando la ejecución del servicio, conformando la factura correspondiente y autorizando finalmente el pago”, dice el auto del TSJC.

Tras estallar el escándalo, Borràs, que entonces era consejera de Cultura, argumentó “persecución política” y admitió haber llamado al entonces consejero de Interior, Miquel Buch para saber cómo estaba la investigación. Tras filtrarse ese interés, la magistrada que investigaba el asunto apartó a los Mossos d’Esquadra de la investigación y le encargó todas las gestiones a la Guardia Civil, con el objeto de evitar interferencias políticas en la investigación. Borràs, no obstante, se refugió en el blindaje que le supone el aforamiento primero como consejera de Cultura (por lo que el caso pasó de un juzgado ordinario al TSJC), luego como diputada en el Congreso (por lo que la causa tuvo que ser enviada al Tribunal Supremo a Madrid) y, finalmente, como presidenta del Parlament (por lo que la causa tuvo que volver al TSJC), con la demora en el enjuiciamiento que ello supone. Pero ahora el TSJC trasladó el auto a las partes y ha dado un plazo a la Fiscalía para que en 10 días solicite apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o pida el sobreseimiento de la causa.