El TSJC ve indicios "suficientemente sólidos" para juzgar a Borràs por presunto fraude

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado el primer paso para enviar al banquillo a la presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs. En un auto, el TSJC asegura que existen "indicios suficientemente sólidos" para juzgarla por un presunto fraude administrativo cuando era directora del Instituto de las Letras Catalanas.

El magistrado instructor ha dado por finalizada la instrucción y ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que presente el escrito de acusación o la petición de archivo del procedimiento de Borràs y otras tres personas. En el procedimiento se han investigado delitos de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos.

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El Tribunal Superior de Cataluña tomó las riendas de la causa después de que Borrás fuera nombrada presidenta de la cámara regional. Hasta ese momento, las diligencias se conducían en el Supremo, donde era aforada por su condición de diputada nacional. En concreto, se investiga la adjudicación de varios contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) en la etapa en la que Borrás era su directora y si estos favorecieron a un amigo de la presidenta, Isaías Herrero.

Herrero se embolsó cantidades por distintas adjudicaciones salteadas a lo largo de cuatro años. Como adelantó El Confidencial, los contratos que Borràs adjudicó a su amigo rozan los 260.000 euros y se trocearon en adjudicaciones inferiores a los 18.000 para que no saltaran las alarmas y pasaran desapercibidos. Para maquillar estas adjudicaciones, el tribunal apunta a que la sociedad APMG&CE, empresa de Andreu Pujol Martin, "consintió que se aportaran presupuestos a su nombre", ocultando así "trabajos que realmente habían sido ejecutados por Isaías Herrero". Como la Generalitat de Cataluña también exigía tres presupuestos antes de la adjudicación, otra maniobra consistió en fabricar los mismos y ponerlos "a nombre de otras entidades que no habían participado en su elaboración ni habían autorizado su presentación".

Así se refleja en una serie de correos electrónicos enviados por Herrero y Borràs el 18 y 19 de julio de 2015, en los que el primero pregunta si ocurre algo con las facturas y la actual diputada contesta que "hay que hacer tres presupuestos por cada una", pero que no sufra, porque "el dinero lo tiene reservado y es para esto". En otro de los mensajes que constan en la causa, la líder independentista subraya también que "el presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabe, los 18.000 euros más IVA".

Estas supuestas prácticas irregulares se tradujeron en que el importe final de los contratos adjudicados "no se correspondía con el precio real del servicio prestado", pues también incluía "la cuantía de gastos variados a los que Herrero debía hacer frente al recurrir a las entidades tras las que se ocultaba su identidad". La investigación se extiende así al propio Herrero, "dada la inescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye y la imputada a la aforada".