Sánchez y Yolanda Díaz mantienen su calendario y allanan la negociación con JxCAT y ERC

Alberto Núñez Feijóo se ha marcado un camino. Pero Pedro Sánchez y Yolanda Díaz seguirán el que ya habían trazado, sin desviarse en exceso del rumbo. El líder del PP tiene algo más de un mes para tratar de recabar apoyos para su investidura, entre el 26 y el 27 de septiembre, y el presidente y la vicepresidenta segunda en funciones aprovecharán cada minuto antes de que se active la cuenta atrás del adelanto electoral para hacer lo propio. Este miércoles, poco después de que Francina Armengol desvelara que dará tiempo a los populares para intentar atar apoyos que hoy la izquierda ve imposibles, Sumar desveló que cederá dos diputados a ERC para que puedan conformar grupo propio.

El PSOE, reticente a desvelar sus pasos, ha oficializado este jueves el préstamo de 4 parlamentarios a Junts. Es un gesto de cortesía con varios precedentes, afirmaban fuentes socialistas, y lo confirmaban desde el Gobierno sin dar muchas más pistas. Una declaración de intenciones que viene a blindar su estrategia para conformar una mayoría que permita la investidura de Sánchez, que aterriza una de las reivindicaciones formuladas en las negociaciones para la constitución de la Mesa, el 17 de agosto, y que persigue sentar las bases para generar "confianza", en palabras de un integrante del Ejecutivo en funciones.

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La decisión de Armengol de tener en cuenta los deseos de Feijóo, que inicialmente quería un pleno lo antes posible y después ha optado por ganar tiempo para intentar negociar, sorprendió en algunos sectores de los partidos de la coalición. La lectura más común es que cuentan con un mes extra antes de que las manecillas del reloj empiecen a deslizarse, que cada minuto cuenta para buscar los votos que necesitan, que serán muy difíciles de amarrar. Feijóo cuenta con 172 respaldos, pero en el PSOE y en Sumar dan por hecho que pueden atar los 178 apoyos que no solo impedirían la investidura del líder del PP, sino que garantizarían la de Sánchez, en primera vuelta.

La "discreción" es la consigna entre PSOE, Sumar y las formaciones independentistas, pero las conversaciones se suceden. En paralelo, el partido de Díaz ya pide abiertamente una ley de amnistía para los procesados y condenados por su rol en el procés catalán, una exigencia de Junts que puede tener un importante coste político, especialmente para los socialistas. En el PSOE, son más cautos y esquivan la palabra amnistía, pero Sánchez ha pasado de presumir de que los independentistas no han logrado esta pretensión, hace poco más de un mes, a desechar el mantra socialista de que la Constitución no la permitiría. Sumar explora esta senda, y el PSOE no la rechaza.

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El encaje, explican desde las filas socialistas, sería muy delicado: más allá de su dimensión jurídica, que tocaría estudiar al milímetro, habrá que mimar aspectos que pasan incluso por la denominación de la futurible norma, para intentar rebajar los daños que puede causarles aprobar esta amnistía. En este camino, sin embargo, en el PSOE y en Sumar ridiculizan la actuación de un PP que, tras las elecciones, dio a Junts legitimidad como interlocutor, después se la arrebató y durante años ha sido muy crítico con este partido, con Carles Puigdemont y con el conjunto de fuerzas independentistas. Este miércoles, reconocía la "tradición y legalidad" del partido del "prófugo de la Justicia".

Ver cómo Feijóo se plantea conversar con ERC, después de años de guerra política entre ambas, les parece casi justicia poética. Y creen, especialmente en Sumar, que no cuenta con margen alguno para rascar apoyos. Que Borja Sémper, portavoz del PP, apelara de nuevo a los diputados socialistas, llevó al portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, a pedirle que "deje de hacer el tonto". Mientras el Partido Popular camina hacia el fracaso parlamentario, insisten, ellos se mueven hacia una investidura plausible.

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Con todo, el gesto hacia Junts y ERC no es solo simbólico. Contar con grupo propio garantiza el acceso a una enorme cantidad de recursos, empezando por la subvención de 30.000 euros mensuales por grupo y pasando por el derecho a recuperar lo invertido en envíos electorales el 23-J, y eso únicamente en lo económico. Tener grupo propio garantiza visibilidad, más tiempo para las intervenciones y les permite mantener un estatus que, sin este acuerdo, ninguno de los dos grupos habría podido revalidar. Esta decisión saldrá adelante por la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa (5/4) el próximo lunes, pero hay otros tantos frentes abiertos, como el que toca al uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja, en los que también están trabajando. El pleno de investidura de Feijóo no frustra esta hoja de ruta.