El presidente del CGPJ propone al Congreso cambiar la ley para renovar la cúpula judicial

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha remitido este martes a las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado su propuesta de modificación del sistema de nombramientos de cargos gubernativos del Poder Judicial y de magistrados del Tribunal Supremo. "El CGPJ necesita urgentemente nuevos aires", sostiene en su escrito, de 17 páginas. "Tan solo me mueve el deseo de ayudar a la necesaria renovación".

Guilarte envía esta propuesta a título personal con el objetivo de que los sectores ideológicos, ya sean conservadores o progresistas, no puedan dominar los nombramientos de cargos judiciales que hoy por hoy corresponden al pleno del CGPJ. Según argumenta, hay que revisar el sistema para "dar más protagonismo a la Carrera Judicial (...) en lo que afecta al ejercicio de las tareas gubernativas" y, al mismo tiempo, "limitar la inevitable discrecionalidad actual" en los nombramientos del CGPJ.

Al limitar el papel del CGPJ, Guilarte considera que los partidos ya no mostrarían tanto interés en controlar su composición: "Se trata de reforzar las competencias del Poder Judicial en pro de su independencia para evitar las intromisiones de lo que entonces se denominaba el Gobierno y que hoy, más genéricamente, denomino la política". El presidente del CGPJ sugiere reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el nombramiento de magistrados del Supremo, de cargos gubernativos y de los propios vocales del órgano de gobierno de los jueces.

Elección de los magistrados del Supremo

Guilarte propone que los magistrados del Supremo sean a partir de ahora "nombrados por una comisión cualificada, mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados del Tribunal Supremo, presidida por un vocal [del CGPJ] magistrado del Tribunal Supremo, si lo hay, o por un especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la de magistrado del Tribunal Supremo, en caso contrario".

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Su escrito apunta a que la comisión estaría formada por "cinco miembros de un nivel de cualificación parangonable con la plaza que se saca a concurso" y que los vocales del CGPJ solo formarían parte de la misma si reúnen "la específica capacitación para valorar los méritos de los candidatos". El número de vocales nunca podría ser más de tres, y el resto de miembros en principio serían magistrados del Supremo a los que se elegiría "por sorteo y turno rotatorio".

"La Carrera Judicial tendría un peso decisivo en la conformación de estas comisiones", argumenta. "Los otros dos miembros de estas comisiones, a desarrollar reglamentariamente, serían profesionales cualificados en función de la Sala afectada". De hecho, Guilarte también abre la puerta a que un fiscal de Sala o un abogado del Estado pudieran ocupar uno de esos dos últimos asientos de la comisión.

"Si bien es tema de mayor recorrido, quizás sea ya momento de diseñar la carrera judicial, es decir, el cursus honorum que permita conocer apriorísticamente cuáles son los méritos a valorar para acceder a la cúpula de la Judicatura. Tema hasta ahora entregado a una relativa discrecionalidad del CGPJ", concluye respecto a los magistrados del Supremo.

Elección de cargos gubernativos

En lo que se refiere a los cargos gubernativos de la cúpula judicial, su propuesta afectaría a la presidencia de la Audiencia Nacional, presidencias de audiencias provinciales y presidencias de los tribunales superiores de justicia (TSJ), así como a las presidencias de sala de la Audiencia Nacional y de salas del propio Supremo.

"Los electores deberían ser todos los miembros de la Carrera Judicial del territorio respectivo, es decir, aquellos sobre los que el tribunal, audiencia o sala tenga competencias gubernativas", explica. "Los candidatos habrán de presentar un programa de actuación sobre la mejora en su caso del órgano para su valoración por los electores". "Reglamentariamente, podrán determinarse exigencias adicionales de antigüedad, en su caso vinculación con el territorio, etc."

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El papel del CGPJ quedaría en segundo plano, pues solo "se reservaría la competencia para convocar y organizar el proceso electoral y garantizar su correcto funcionamiento", además de "acordar el nombramiento y ratificación del candidato propuesto tras la previa comprobación de integrar las exigencias reglamentarias".

Elección de los vocales del CGPJ

Guillarte centra la parte final de su propuesta en el nombramiento de los vocales del CGPJ. El órgano de gobierno de los jueces lo forman 20 vocales —12 de ellos jueces y otros ocho juristas de reconocido prestigio—, y el sistema de elección actual depende de que sean respaldados por tres quintas partes del Congreso y el Senado.

"La actual situación política y social que se califica, con razón, de polarizada, da lugar a que el sistema de renovación previsto —negociación PSOE y PP—, de llegar a culminar, determinaría una composición del CGPJ fiel reflejo de las mayorías parlamentarias que irradiaría de futuro, con gravísimas consecuencias para la independencia judicial y la politización de todos los cargos judiciales", augura en su escrito.

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Para evitar ese escenario, Guilarte apunta a dos posibles vías. La primera mantendría la elección parlamentaria, pero los candidatos tendrían que ser ajenos a 'toda contaminación política previa, entendida esta en sentido objetivo y en ningún caso peyorativo". Por otra parte, los elegidos por el turno de juristas deberían ser "de efectivo y reconocido prestigio", resultando "recomendable" que se integraran en el órgano "letrados en ejercicio" y "profesionales cualificados en representación del Notariado, del Registro, de la Abogacía del Estado, del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, la Procura y otras profesiones vinculadas con la jurisdicción".

La segunda vía sería la de la "elección corporativa de los miembros de la Carrera Judicial". Esta fórmula podría reservarse a la de los 12 vocales de turno judicial y, por tanto, combinarse con la primera, pero respetando siempre un objetivo: "Proporcionalidad en la designación entre miembros de la carrera judicial asociados y los que no lo están". En la misma línea, Guilarte sugiere introducir "causas de inelegibilidad", entre las que destaca haber ocupado algún cargo político en los años previos.