El CGPJ da por hecho un pacto para su renovación en junio tras las europeas

La ansiada renovación del Consejo General del Poder Judicial ha vuelto a convertirse en estos días en el centro de las conversaciones entre jueces, fiscales y vocales. El mensaje que circula tanto en la carrera como en el seno del órgano de Gobierno de los jueces sitúa el recambio del órgano el próximo junio, una vez finalice el ciclo electoral que arranca con las vascas de este domingo y se cierra con las europeas el 9 de junio. A medio camino entre la desconfianza por las intentonas fallidas y la esperanza por el avance a cámara lenta de las conversaciones que se mantienen con la mediación de la UE, diversas fuentes quieren creer que, esta vez sí, habrá fumata blanca antes del verano.

Todas las fuentes consultadas ven imposible un anuncio de pacto en mitad de la sucesión de comicios, pero creen que cuando esta etapa acabe, las opciones se incrementarán. En junio confluyen varios factores que empujan al acuerdo. En el primer lugar de la lista se encuentra el anuncio formal de abandono efectuado por el actual presidente del CGPJ.

Vicente Guilarte llegó al cargo en julio de 2023 y se ha fijado el próximo verano como tope para seguir al cargo del Consejo. Según aseguran distintas fuentes y avanzó El Confidencial, no será el único que se marche. Hay al menos otro vocal tentado a seguirle. Desde hace meses, Guilarte se ha movido para tratar de empujar el recambio del órgano y quizá su salida sirva precisamente para ello. La marcha de un segundo presidente después de la de Carlos Lesmes en 2022 se considera una señal de desgaste "intolerable".

Los consultados apuntan también a que el PP es consciente de que no puede alargar sus reticencias mucho más tiempo. El PSOE ha comunicado en conversaciones privadas que baraja distintas opciones si esta intentona, que muchos consideran "una última oportunidad", queda frustrada. Aunque la vía de la reducción de las mayorías parlamentarias quedó descartada hace tiempo, cualquier nueva fórmula dejaría al PP en una situación de mayor desventaja.

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Los populares tampoco olvidan que en la negociación no solo está en juego la renovación, sino también una plaza que se considera clave en el Constitucional. Está aún pendiente la designación a propuesta del Senado de un magistrado para el tribunal de garantías en sustitución de Alfredo Montoya, que renunció por motivos de salud. Un nombramiento serviría a los de Alberto Nuñez Feijóo para equilibrar, al menos algo, el actual balance de sensibilidades en el TC. "Además, en un momento clave, antes del análisis de la ley de amnistía", asegura una de las fuentes.

El cómputo creciente de plazas vacantes en el Supremo, los TSJ y las audiencias, que ronda ya los 90 puestos, es otra de las razones de peso. Si el PP mantiene la puerta abierta al acuerdo, se asegurará la exigencia de la mayoría reforzada de tres quintos en la nueva cúpula judicial de cara a todos estos futuros nombramientos y resto de resoluciones, lo que aligeraría sesgos ideológicos marcados en estas designaciones.

La presión europea

Por otra parte, los consultados señalan que la presión europea va en aumento después de la primera fase de la mediación conducida por Didier Reynders, comisario de Justicia. El belga ha adelantado 10 días su excedencia para centrarse en la carrera para ser secretario general del Consejo de Europa (CoE). Es Věra Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea, quien ha asumido sus funciones hasta que concluya el proceso de elección. La UE apuesta por una resolución y defraudar ese esfuerzo no es una opción, menos aún para el PP, de quien partió la idea.

Reynders asumió al inicio de 2024 el trabajo para facilitar el diálogo entre el Partido Popular, representado por Esteban González Pons, vicesecretario general del PP, y el PSOE, representado por Félix Bolaños, ministro de Justicia. En principio, la Comisión, que era reticente a involucrarse en una cuestión tan delicada, señaló que la mediación se limitaría a dos meses, pero después Bruselas se ha mostrado dispuesta a seguir mediando más allá de esa fecha límite. No lo hace en vano.

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Hasta el momento las conversaciones no han sido exitosas. En el tramo final, el PP pinchó el globo. Reynders llegó a asegurar por entonces que el acuerdo estaba "muy, muy cerca" y que solo se trataba de una cuestión de voluntad política y oportunidad. Escoger cuándo se quiere hacer. Las asociaciones de jueces han perdido también la paciencia e intensificado sus demandas de manera unánime. "No vamos a rendirnos", dijo Bolaños en sus últimas declaraciones al respecto. Señaló que es "absolutamente imprescindible renovar el Consejo para recuperar la normalidad institucional, tanto en el órgano de Gobierno (de los jueces) como también en el propio funcionamiento del servicio público de la Justicia".