El CGPJ aprueba un refuerzo para atajar el problema del narcotráfico en el Estrecho

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó este jueves un refuerzo para agilizar los procesos contra el narcotráfico y aprobó una medida de apoyo para los juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2 de Barbate. El primero de ellos instruye la causa por el asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en el puerto de esta localidad.

La decisión se ha comunicado este jueves a los presidentes de las Audiencias Provincias de Cádiz y Huelva, así como a los jueces decanos de ambas provincias, en una reunión en la que los vocales del CGPJ han expuesto las conclusiones del informe del Servicio de Inspección sobre los partidos judiciales más afectados por el narcotráfico: Barbate, La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz; y Ayamonte y Moguer, en Huelva.

Este documento propone que para dar respuesta a esta particular realidad delictiva sería recomendable unificar los partidos judiciales de Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque; crear un nuevo juzgado de Primera Instancia e Instrucción en los de Moguer y Sanlúcar de Barrameda; y adoptar medidas de refuerzo extraordinarias en los órganos judiciales de Barbate, La Línea, Sanlúcar, Ayamonte y Moguer.

El informe señala que la complejidad de las causas por delitos de narcotráfico y de blanqueo de capitales se deriva tanto de las dificultades para su investigación como del elevado número de investigados y testigos.

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Las primeras se refieren esencialmente al contenido de las diligencias acordadas judicialmente y su control posterior (intervenciones telefónicas, registros, incautación de efectos, medidas cautelares de carácter patrimonial, pruebas periciales contables, etc.). La gran cifra de investigados es consecuencia de la presencia de organizaciones criminales con estructuras propias y la toma de declaración a estos ocupa un tiempo muy considerable en la práctica judicial diaria.

Para afrontar con celeridad estos procedimientos, concluye el Servicio de Inspección, se precisa de medios personales y materiales superiores a los actuales; pero también sería necesario un aumento de la coordinación de los titulares de los juzgados con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como poner solución a algunas de las deficiencias detectadas.

Entre estos problemas, destacan la necesidad de desplazamiento físico a Cádiz para realizar pruebas preconstituidas con menores (por falta de sala Gesell en algunos partidos judiciales), dificultades para la designación de abogados de oficio, demoras en la emisión de informes psicosociales y del Instituto de Medicina Legal (IML) o de informes periciales sobre embarcaciones neumáticas dedicadas al narcotráfico y retrasos en el volcado de teléfonos móviles.

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A ello se añaden medios materiales insuficientes: edificios antiguos y con dependencias inadecuadas, sistemas de gestión informáticos obsoletos, ausencia de impresoras, etcétera.

En relación con el refuerzo para Barbate que sí será una realidad, el CGPJ afirma que el objetivo de la medida es reforzar la jurisdicción penal en esos órganos y agilizar el trámite de las macrocausas que se investigan en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2, conforme al plan de actuación que establezca la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).