La atmósfera asfixiante del narco: "Envenenaron a los perros y quemaron la finca de mi padre"

Luis —nombre ficticio— es guardia civil y natural de La Línea de la Concepción. Se crio en la zona de El Zabal, donde permaneció hasta su adolescencia. "13 o 14 años", recuerda. "Nos fuimos, pero mi madre siguió viviendo allí". La familia tenía una parcela en la zona que compró "mi padre para tener su huerto".

La finca, inicialmente, tenía una superficie inicial de 5.000 metros, pero los propietarios la dividieron y fueron vendiéndola por partes. "La extensión de la nuestra era de casi 2.000 metros". "Terreno rústico donde no se podía edificar".

Los dueños de las parcelas cultivaban la tierra y todo transcurría con normalidad, "hasta que llegó la crème de la crème". Es su particular forma de describir a los miembros de un clan muy conocido en La Línea, "les llaman Los Gordos, y hay varios de ellos en prisión", que "comenzaron a comprar las fincas".

"A la izquierda nos construyeron una casa que puede valer un millón de euros. En una zona donde no se podía edificar. Sin papeles, engancharon la luz, el agua, hicieron pozos ilegales… Pero es que a la derecha, otro familiar levanta otra vivienda igual. Y detrás hacen un picadero de caballos. No te quiero ni contar".

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La familia de Luis decidió poner en venta el terreno, "que mi padre compró para tener su huertecito cuando se jubilara". Estuvo así "durante cinco años". Un tiempo en el que no cesaron los problemas por los intentos del clan de adquirirlo. Los ofrecimientos iniciales se convirtieron después en "acoso" e hicieron "circular bulos" para torpedear una posible transacción.

La cosa no quedó ahí. El agente, un día, descubrió que tres perros que tenían en la parcela habían sido envenenados. Pero es que después "le metieron fuego". "Horroroso, un desastre, todo lo que te diga es poco".

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Al final, el terreno fue adquirido hace tres años por un joven que aceptó hacer la operación de compraventa legalmente. "Ya la tiene en venta. Lo tienen amargado, completamente amargado", comenta el agente, que ha optado por dejar el municipio en el que nació para "irme a vivir a más de 30 kilómetros".

El asesinato de dos guardias civiles arrollados por una lancha tripulada por un grupo de narcos ha vuelto a aflorar las condiciones de trabajo de los agentes de la comarca del Campo de Gibraltar. Una "precariedad de medios y efectivos", denunciada reiteradamente por los sindicatos, a la que se suma un contexto asfixiante en el que se llega a evitar contar públicamente que se es policía o guardia civil para no ser señalado.

Salvando las distancias, es una atmósfera parecida a la que los agentes vivían en el País Vasco y Navarra cuando la banda terrorista ETA estaba activa, y que hace que muchos de ellos solo estén de paso. Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, por ejemplo, han cifrado en un 40% los miembros de este cuerpo en la zona que cada año piden el traslado.

La atmósfera también hace mella en "maestros, enfermeros, abogados, jueces…". Y en los funcionarios de prisiones

"Los que se quedan es porque tienen su familia aquí, tienen arraigo desde hace varias generaciones y no les queda otra, pero si pudieran, se irían también", explica Luis Bueno, secretario de Organización de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que añade que esto "también le sucede a maestros, enfermeros, abogados, jueces…". Y a los funcionarios de prisiones.

En la conocida como la cárcel del narco, Botafuegos (Algeciras), se convive a diario con las amenazas y los avisos velados. Pero esta situación asumida en el puesto ha dado paso a la inquietud que generó los ataques sufridos por una trabajadora social del centro y su pareja.

Ocurrió en septiembre de 2022 y el coche de ambos —supuestamente— fueron incendiados de forma intencionada. Esta funcionaria, que no fue la primera en que le quemaran el vehículo, formaba parte de los equipos técnicos que, entre otras cuestiones, aprueban los permisos de los presos. Se trató de "una coacción en toda regla", señalaron fuentes de Acaip-UGT.

"Aquí todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe que eres funcionario, dónde vives, dónde está tu familia…", explicaba el presidente nacional de este sindicato, José Ramón López, para describir un ecosistema complejo para los que se sitúan en el bando de los que se enfrentan al tráfico de drogas.

"Estamos hablando de que muchas mañanas coincides con esos narcos a la hora de dejar en el colegio a tus hijos", comenta un agente, que apunta que estas situaciones se replican también en la Costa del Sol y otros puntos del litoral andaluz.

Cumples de niños con reguetoneros

"¿Estás de pie? Creíamos que no te ibas a levantar", le espetaron los familiares de un narco a un guardia civil cuando salía de un tratamiento de rehabilitación. No es que se alegrasen de que estuviese mejor, es que lamentaban que se recuperase después de que un vehículo cargado de hachís lo arrollara en un control.

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Un policía nacional recuerda una anécdota para explicar la desconfianza permanente que marca sus relaciones sociales desde que llegó a Algeciras (Cádiz), "allá por abril de 2018, poco después de que se produjese el asalto al hospital de La Línea".

Entonces "la cosa estaba muy tensa". "Había tiroteos cada dos por tres" y los clanes estaban muy activos. "Decidí buscar un gimnasio para hacer deporte y encontré uno que me agradó. Pero cuando iba a pagar la matrícula, hablando con los compañeros, me contaron que era a donde iban a entrenar muchos de los traficantes de la zona. Evidentemente, no me apunté".

La presión del narco no solo se ejerce a través de la intimidación. La imagen que proyectan puede ser hasta más peligrosa. Es lo que piensa un especialista en la lucha contra el crimen organizado y que cuenta la experiencia de un compañero "nacido en La Línea, que cuando su niña cumplió los cinco años decidió que su familia no podía continuar allí".

"Se imaginó que su pequeña, en un futuro, acabase siendo pareja de uno de ellos o trabajando para alguna organización"

La anécdota es tan sorprendente como reveladora de esa extraña convivencia entre buenos y malos que se extiende por toda la comarca. "El traficante de drogas maneja mucha pasta, y contra eso no puedes competir. Cuando sus hijos celebraban sus cumpleaños, se podían gastar 50.000, 60.000 euros o más. Contrataban a un reguetonero, pequeñas atracciones… Mi compañero temía que su hija le pidiese eso y decidió que no quería que se criase en ese ambiente".

Este agente acabó pidiendo el traslado, "con lo que eso implica para la familia", pero "se imaginó que su pequeña, en un futuro, acabase siendo pareja de uno de ellos o trabajando para alguna organización". Mejor poner tierra de por medio.

Luis Bueno comprende que los agentes "acaben buscando destinos con menos peligrosidad" y mayor seguridad para sus familias. Pero advierte de que hay que buscar fórmulas para fijar a las plantillas y que el Campo de Gibraltar no sea un puesto de paso. La propuesta que han lanzado es la declaración de zona de especial singularidad, aunque el Ministerio del Interior ha descartado de momento esta posibilidad.