Interior enfría que el Campo de Gibraltar tenga un estatus similar al País Vasco

“Está en estudio”, pero “no hay ningún compromiso”. Esta es la precisión que en las últimas horas ha realizado el Ministerio del Interior sobre la declaración del Campo de Gibraltar como zona de especial singularidad (ZES) este año. Una consideración que, en el ámbito de la seguridad, implicaría incentivos económicos, pluses, aumento de las plantillas y mayor dotación de medios.

Fuentes gubernamentales confirmaron a este periódico que esta posibilidad se ha ido abordando en las distintas reuniones mantenidas por el ministro Fernando Grande-Marlaska con sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil, pero quisieron matizar que aún “no se ha adoptado ninguna decisión” y tampoco se ha fijado una fecha para su activación. “Es una posibilidad que está en estudio, tanto en el Campo de Gibraltar como en Cataluña”, pero “no se ha adoptado ninguna decisión”.

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De esta forma, redujeron las expectativas de que la comarca gaditana se convierta en zona de especial singularidad a lo largo de 2022 y añadieron que, aunque las reuniones con los representantes de los agentes están siendo “muy cordiales”, y se trabaja para alcanzar mejoras, sobre esta reclamación “no hay compromiso” todavía.

Fuentes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Cádiz, no obstante, señalaron el pasado viernes, y recalcaron en el día de ayer, que el mismo ministro del Interior se había comprometido a que la designación “sería una realidad” este año. Fue una de las conclusiones que extrajeron tras su encuentro con Grande-Marlaska y después de que la dirección nacional emitiera un comunicado en el que se destacaba que la declaración de zona de especial singularidad “debe convertirse en una herramienta para reforzar la seguridad pública allí donde sea necesario e impulsar otras medidas que den soporte a esta cuestión”.

Este cambio de estatus, que también reclaman colectivos vecinales y partidos políticos, implicaría que los agentes que operan en este territorio obtendrían una condición similar a la de los efectivos que tienen su base en el País Vasco, con medidas que fomentasen el arraigo —como incentivos económicos, plus vacacional o preferencia en la movilidad geográfica— y un aumento de las plantillas y los medios. En este contexto, no se puede obviar que uno de los principales problemas que encuentran la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como el Servicio de Vigilancia Aduanera, es que muchos de los agentes destinados a Algeciras, La Línea de la Concepción o Barbate están de paso y no encuentran alicientes para asentarse.

El Gobierno, en cambio, anuncia más de 10 millones para el Plan Especial de Seguridad

La AUGC recordó en un comunicado que viene trabajando “incesantemente” en los últimos años para que el área geográfica del Campo de Gibraltar, “en el entorno del crimen organizado afincado en la Costa del Sol”, obtenga esta declaración. El motivo principal es el enraizamiento del narcotráfico en una comarca que es la que más operaciones antidroga concentra en el país y que ha sido escenario de la evolución de una delincuencia hacia registros cada vez más violentos. No se puede olvidar que han sido varios los agentes que han fallecido en la lucha contra el narco y las actuaciones policiales reciben respuestas cada vez más agresivas.

El Ministerio del Interior adelantó este miércoles que próximamente presentará el nuevo Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, aprobado para el periodo 2022-2023 y que, además de contar con más de 10 millones de euros, “consolidará” la ampliación geográfica a toda Cádiz y las provincias de Málaga y Huelva. El anuncio lo hizo el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, quien confirmó la continuidad de un programa que se inició en 2018.

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Grande-Marlaska, en una comparecencia en el Senado el pasado mes de noviembre, explicó que el balance del mismo entre enero y septiembre de 2021 reflejó un incremento en el número de operaciones policiales del 88,7% —4.159, frente a las 2.204 del periodo anterior—. De ellas, 3.472 correspondieron a actuaciones contra el narcotráfico —con un 89,4% de subida— y 687 intervenciones por blanqueo de capitales —un 85,2% más—.

Pero son muchos los que consideran que las actuaciones deben extenderse a otros ámbitos. El presidente de la Coordinadora Alternativas y portavoz de la plataforma Por tu Seguridad, Por la de Todos, Francisco Mena, lamentó en su momento a este periódico que “el movimiento asociativo ha estado muy solo en la lucha social contra el narcotráfico, denunciando las carencias que tienen las fuerzas de seguridad y el abandono histórico que ha tenido el Campo de Gibraltar”. Según recalcó, “hemos llegado a esta situación no porque nos haya dejado atrás un Gobierno u otro, sino porque lo hizo el Estado”, por eso, y para evitar que se cronifique en el tiempo, consideró necesario adoptar “medidas de empleo, educativas y formativas” para que los jóvenes “tengan una oportunidad más allá de esta lacra”. “Que al menos puedan elegir: entre una vida honrada o pasarse al lado oscuro”.