"Si te preguntan dónde trabaja papá, no digas que es policía": Cataluña, tras el 1-O

Corría el 2 de octubre de 2017, solo un día después del referéndum ilegal de Cataluña, cuando los policías que habían sido albergados en el hotel Pineda del Mar (Barcelona) —desplazados allí en el marco de la operación Copérnico— se vieron cercados por miles de manifestantes nacionalistas. "Nos rodearon y no podíamos ni salir", recuerda un miembro de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional que vivió todo aquello en primera persona. Asegura que los Mossos d'Esquadra vinieron a proteger el edificio y que algunos de ellos les saludaban, pero otros no. "Estos son nacionalistas", le explicó un 'constitucionalista'. "Vi entonces que algo gordo estaba pasando contra la Policía y la Guardia Civil", sostiene el mismo agente, que efectivamente adivinó la realidad que se venía encima a quienes formaban parte de alguno de estos cuerpos.

El funcionario regresó a su destino habitual en Madrid. Pero en Cataluña se quedaron cientos de compañeros suyos y del cuerpo 'hermano' que desde entonces han sufrido una tensión creciente que hoy alcanza extremos preocupantes. Así lo entienden los sindicatos Jupol y Jucil, que denuncian que desde 2017 se ha "recrudecido" el "clima de ataque, acoso y odio" que sufren sus colegas en Cataluña. Ambas organizaciones reclaman por ello al Ministerio del Interior que declare la comunidad autónoma, como el País Vasco, zona de especial singularidad, lo que en la práctica se traduce en que policías y guardias allí destinados podrán obtener más puntos para su ficha profesional que luego les servirán para elegir plazas más cómodas.

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María (nombre ficticio), una guardia civil que vivió en Guipúzcoa durante los años del plomo y que ahora reside en Barcelona, su tierra natal, hace un paralelismo entre el ambiente que había entonces por las calles de algunos pueblos vascos y el que existe ahora en determinadas zonas de Cataluña. "Se respira la misma tensión que yo respiraba entonces", sentencia la mujer, que relata que ella ya no se habla con algunos de sus familiares por culpa del clima imperante. "Tras el 1-O, hemos sufrido una estampida de compañeros que han decidido marcharse a otros territorios; muchos otros siguen, pero se quieren ir", sostiene la funcionaria de la benemérita, que cuenta que ahora en Cataluña, como ocurría en el País Vasco en los 80 o en los 90, un guardia civil no puede decir a qué se dedica.

"Yo miento", confiesa sin pudor. "Y cuando tienes que mentir es que algo no marcha bien", reflexiona. "A veces digo que soy panadera, otras que trabajo en Zara; cada día me invento una cosa si es necesario", admite María, que no es la única que utiliza este escudo para evitar represalias. Otro guardia civil de mayor rango también se niega a revelar su identidad a sus vecinos. Hace dos semanas, fue a apuntarse a una academia de inglés. La recepcionista le preguntó por su profesión y él afirmó que se encontraba en el paro. Lo cuenta una compañera suya que no solo ha tenido la misma reacción cuando ha abordado con desconocidos su actividad profesional, sino que incluso les ha dicho a sus hijos que también mientan. "Si te preguntan dónde trabaja papá, no digas que es guardia civil, di que es comercial", les indica.

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En una línea similar, María explica que ella siempre les insiste a sus pequeños en que no deben meterse en problemas en el colegio, que incluso se tienen que pasar de educados si es necesario. "Les pido que nunca den ni el más mínimo motivo a los profesores para que estos les expulsen o tomen represalias, que sean ejemplares", remarca la guardia civil, que tiene argumentos para dar estas instrucciones. No han sido pocos los episodios vividos por compañeros suyos, de hecho, que han chocado con sus docentes. Como aquel padre, recuerda sobre un caso mediático, que denunció que la profesora daba la razón a los niños de seis años que en clase de su hijo aseguraban que los guardias civiles eran asesinos. Esta y todas las denuncias posteriores que hubo en el mismo sentido fueron archivadas finalmente por los tribunales catalanes, resalta María para dejar entrever que existe cierta complicidad de la judicatura catalana.

"Durante el tiempo en el que el proceso estuvo abierto, la profesora y el resto de colegas suyos cuidaban mucho qué decían al hijo del denunciante, pero cuando el caso se archivó...", cuenta María, que añade que "desde ese momento ningún docente volvió a cruzar palabra alguna con el padre, que ahora pide tutorías para hablar sobre su hijo como cualquier otro progenitor, pero no recibe respuesta alguna". En estos momentos el hombre sufre una depresión por todo aquello, que no solo tuvo consecuencias para el pequeño, sino también para su madre. La esposa del denunciante fue despedida de su puesto de trabajo en cuanto el responsable de la empresa se enteró de que su marido era miembro del instituto armado.

Tampoco esta ha sido la única pareja que sufre las consecuencias de estar con un componente de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña. La propia María relata que una amiga suya, esposa de guardia civil, era acosada en su trabajo. "Todos los días salía y veía un nuevo rayajo en su vehículo, todos los días", insiste la agente. Desde Jucil se quejan de que ninguna de estas denuncias de guardias civiles haya prosperado y que, sin embargo, sí se estén reabriendo ahora procedimientos judiciales contra miembros de los GRS de la corporación, unidades de élite de la Guardia Civil que se desplazó durante la operación Copérnico a Cataluña.

Antonio (también nombre ficticio) no tiene hijos, pero sí pareja. Es policía nacional y ahora vive en una localidad grande, pero antes residía en una pequeña población de la que tuvo que irse tras ser "identificado". "Detectaron que yo era policía y durante las caceroladas todo el mundo se dirigía a nuestra ventana", recuerda con tristeza. "Dejé de poder ir al bar donde siempre acudía; un hombre en la barra le dijo a la camarera que no me sirviera más café; acabamos mudándonos", cuenta el funcionario, gallego de nacimiento pero catalán de adopción. "Yo trato de comprender su ideología, pero cuando pasan al insulto...", confiesa el agente, que admite que hasta el 1-O tenía "amigos independentistas".

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"Quedábamos porque eran compañeros del trabajo de mi mujer y había buen rollo, pero desde entonces ya nada", asegura. "Mi grupo social se ha reducido mucho", reconoce el hombre, que cuenta cómo su pareja fue expulsada del grupo de WhatsApp que tenía con los compañeros del trabajo. "Un chico vino de Almería con su pareja y esta se puso a buscar trabajo porque acababa de terminar la carrera; fue a hacer una entrevista a una conocida cadena de supermercados de aquí, le preguntaron que si sabía catalán, respondió que no pero que haría un curso, luego le dijo que era mujer de policía y fue entonces cuando le respondieron que no la cogerían por este motivo", añade el mismo agente.

"Son pequeños detalles que al final terminas normalizando", valora el policía, cuya historia corre en paralelo a la de muchos otros agentes de ambos cuerpos estatales. Marcos Veiras, delegado de Jupol en Cataluña, asegura que un amigo suyo está aún de baja psicológica porque tuvo que sacar a sus dos hijos del colegio y vender su piso también para mudarse por la presión que sufría.

"Es necesario que el Ministerio del Interior valore que haya policías que quieran quedarse aquí, como pasaba en el País Vasco", reclama el sindicalista, que explica que ahora mismo la Dirección General otorga algo más de tres puntos a los funcionarios desplazados a Cataluña. Jupol pide que se superen los cinco puntos, como ocurre en Guipúzcoa y Vizcaya. Esta revalorización de la estancia permitiría luego a los agentes acercarse antes a sus ciudades de origen, donde muchos quieren volver. "Sería premiar que permanezcan en una zona en la que pocos quieren estar", añade Veiras, que es consciente de las dificultades que un policía o un guardia civil tienen que afrontar en Cataluña durante su día a día.

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"Los compañeros tienen miedo incluso cuando alquilan un piso, porque tienen que dar sus nóminas y en ese momento el propietario sabe que está delante a un policía; no sabes si ese dueño es un radical o no", revela el representante de Jupol, que confiesa que ha intentado establecer incluso una red de inmobiliarias de confianza para agentes que viene de fuera, pero que no lo ha conseguido. Arguye que ninguna se presta, porque "todas tienen miedo a ser identificadas o simplemente no quieren, precisamente" porque se lo están solicitando agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.

En algunas zonas, explica María, los guardias "no se atreven ni a tender su uniforme en el patio de su casa para no ser identificados" por los vecinos como agentes del instituto armado. "Los que vivimos en los cuarteles tampoco estamos a salvo", añade. "En los aniversarios, fechas señaladas o cuando se producen detenciones policiales como la reciente de Tsunami vienen manifestantes a hacernos escraches, con las repercusiones que esto tiene para nuestras parejas e hijos", agrega la componente de la benemérita, que recuerda las decenas de pintadas que han sufrido las dependencias de la corporación en algunas dependencias. "En Manresa incluso nos quitaron la bandera de España del cuartel", rememora la agente, que considera que toda esta tensión se está haciendo demasiado habitual. "Si el escrache te pilla a las seis de la tarde, cuando vienes con tu hijo de una extraescolar, por ejemplo... Al final terminas por normalizar lo que no debería ser normal", subraya.

"Un compañero que vivía en otro cuartel —recuerda— me contó que un día fueron a hacerle un escrache y que cuando los manifestantes voceaban se asomó a la ventana y vio que una de las que estaban en la marcha gritando era la profesora de la guardería de su hija". "¿Cómo le dejas a la niña al día siguiente?", piensa María en voz alta. "Recuerdo que en los 80 en el País Vasco había zonas en las que no atendían a las mujeres de los guardias civiles en los comercios; yo me he encontrado con lo mismo aquí", agrega la funcionaria, que admite que, a pesar de las similitudes, la cosa está en un plano menor al que presentaba entonces Euskadi. "Aún no hemos llegado a mirar los bajos del coche, afortunadamente", sentencia María, que aclara que la tensión va por áreas, barrios o poblaciones.

En Barcelona, un matrimonio de policías nacionales no ha vivido episodios de tanta tensión explícita, aunque sí implícita. Ambos dijeron en la guardería a la que iban a llevar a su hija que pertenecían al cuerpo y esto no hizo las cosas difíciles, pero tampoco sencillas. El hombre, según cuenta él mismo, explicó en una reunión con otros padres y con la profesora que no sabía catalán, lo que conllevó que la docente le hablara muy despacio en castellano, como si tampoco entendiera el español. "Fue un poco violento, pero no ha habido mucho más", reconoce el agente, que sí que admite que experimentó casi más tensión en su propia casa a raíz de ese episodio, ya que su mujer le recriminó que se señalara públicamente. "Yo no tengo que esconderme", explica a El Confidencial. "De hecho, te confieso que aquel día perdí el miedo", revela.

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Las tiranteces, de hecho, no surgen solo cara afuera, sino también de puertas adentro. No fueron pocos los guardias civiles que reprocharon a un compañero que había denunciado al colegio en el que habían permitido que los niños tacharan de asesinos a los miembros de la corporación. Entendían estos funcionarios que de ese modo su colega comprometía también el futuro de quienes trabajaban con él, porque igualmente quedaban señalados sus hijos. No compartían el modo de proceder de su compañero, porque consideraban que había que "normalizar" la situación, y entendían que responder así traía consecuencias peores.

Como también ocurría en el País Vasco, sin embargo, igualmente hay catalanes que apoyan la labor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Pocos lo exteriorizan, pero los funcionarios sí que admiten que de vez en cuando se cruzan con gente que les respalda. "Nos piden que no nos vayamos por favor, pero siempre es un poco a escondidillas", explica María, que con diferencia ha sido más objeto de insultos que de alabanzas. "Recuerdo una señora que una vez nos llamó 'hijos de Franco, fuera de aquí, no sois nuestra policía' cuando yo caminaba por la calle de uniforme", afirma. "Eso sí, en lo que todos los compañeros coincidimos cuando nos juntamos es en que esas miradas de odio que a veces nos dirigen los radicales jamás las habíamos visto antes; ni cuando he puesto multas de 9.000 euros por algunas infracciones; y llevo 28 años en el cuerpo", señala.