en coordinación con la guardia civil

Encapuchados y con escolta: así corta la luz Endesa en los barrios de la marihuana

Van con la cara tapada y evitan pronunciar sus nombres de pila. Intervienen más de una vez por semana en los barrios del 'triángulo de la marihuana' entre Granada, Jaén y Almería

No son aún las nueve de la mañana cuando la guardia civil acordona los accesos y se despliega por el barrio de la Ermita, el más conflictivo de Huétor Tájar (Granada). Los 12 técnicos de Endesa desembarcan justo después, aparcando en fila sus furgonetas. Van vestidos con monos azules y llevan el rostro cubierto con pasamontañas, cascos y gafas de trabajo. Actúan deprisa, casa por casa, comprobando las instalaciones eléctricas y siguiendo los cables que cuelgan de las paredes en busca de enganches ilegales. De las ventanas surgen señoras como relojes de cuco. Se asoman unos segundos y después desaparecen entre las cortinas.

En pocos minutos hay dos, tres, cuatro, cinco vecinos en la calle. Algunos hablan con los agentes, otros tuercen el gesto malhumorados. Un joven de más de 100 kilos pedalea entre los técnicos con una bici de montaña cuyo manillar roza con las rodillas. “Este está siempre por aquí rondando. Su trabajo es vigilar todo lo que pasa y contárselo al patriarca”, comentan. La operación se alarga durante un par de horas más y el saldo —dicen los técnicos— es discreto para lo habitual: de las 85 instalaciones revisadas, han encontrado un total de 20 con la luz pinchada. Y solo en uno de los pisos ha aparecido marihuana. "Aquí es que ya se lo saben porque vinimos el 31 de enero. Se cortó la luz de 30 viviendas y 17 albergaban viveros de cannabis", dicen.

Un técnico de Endesa desengancha un cable en Huétor Tajar. (A. V.)
Un técnico de Endesa desengancha un cable en Huétor Tajar. (A. V.)

La escena se repite cada pocos días en tres provincias: Almería, Jaén y Granada. Sobre todo en Granada, donde se firmó el primer acuerdo entre la Delegación del Gobierno y Endesa para llevar a cabo operaciones conjuntas de manera regular. Francesc Alemany, director de la multinacional en la zona, dice que ha pasado casi un año desde entonces. “Empezamos en el norte de esta provincia, que es donde más marihuana se cultiva, y luego lo extendimos a Almería y Jaén. Está funcionando muy bien y se ha puesto en marcha también en Cataluña".

Alemany asegura que en algunas zonas de esta comunidad autónoma —donde Endesa no tiene apenas competidores y cubre casi el cien por cien de la demanda— el robo de electricidad es ya endémico. “Para que te hagas una idea, en el norte de Granada solo facturamos el 19% de la energía que se consume. Nos complican mucho los cultivos de marihuana porque las redes no están dimensionadas para ese tipo de actividad y las acaban fundiendo, provocando apagones y dejando a barrios enteros sin electricidad. Además, es muy peligroso porque en ocasiones se provoca un incendio”.

En el norte de Granada solo conseguimos facturar el 19% de la energía que se consume

Los técnicos llevan tiempo negándose a intervenir en zonas enteras de la región si no van acompañados de agentes armados. “Si vamos nosotros solos nos increpan, nos tiran piedras. En cuanto aparece la furgoneta de Endesa se encabritan", dice un técnico que ha participado en decenas de operaciones. "¿Cómo funciona? Nosotros pedimos protección y luego ellos nos mandan a quien consideran. Cuando el barrio es muy difícil vienen los lobos, las fuerzas especiales de la Guardia Civil, con sus metralletas y todo. Si hace falta, tiran una puerta abajo de una patada. Otras veces mandan a la policía nacional, a los de las operaciones especiales. La policía local, si viene, es de apoyo porque a ellos no los respetan tanto", dice. Después de la operación, con unas cañas, los técnicos comentan que nunca han tenido un susto gordo desde que van acompañados. "A veces se arma jaleo, voces y gritos, pero no hace falta que intervengan los agentes. Con su presencia basta para disuadir”.

Una de las habitaciones llenas de plantas de marihuana encontrada durante el registro. (A. V.)
Una de las habitaciones llenas de plantas de marihuana encontrada durante el registro. (A. V.)

Para Endesa, la marihuana es solo una parte del problema. En barrios y localidades como Huétor Tajar, calles enteras viven enganchadas a la red sin pagar lo que consumen. Algunas viviendas tienen firmado un contrato pero pinchan la instalación antes de llegar al contador. Otras directamente no están dadas de alta. “El problema ya no es solo el robo de electricidad, es que no podemos dar a los clientes que pagan el servicio que tienen contratado, ni atender la calidad de los suministros. En muchos barrios de esta zona, antes de ir a arreglar algo tenemos que llamar al 112, porque si nos presentamos con la furgoneta de Endesa acabamos rodeados y tenemos que irnos”.

Los técnicos no se quitan los pasamontañas hasta que salen del pueblo y prohíben utilizar sus nombres de pila mientras dura la operación. “Hay que tomar todas las precauciones porque hay gente aquí que puede ser peligrosa". También han aprendido a no discutir mientras trabajan. "A algunos les enseñas el lío que tienen montado con los cables y siguen negando que estén pinchados. O intentan convencernos diciendo que tienen niños enfermos o ancianos con respirador. Si eso pasa, pedimos un documento o algo que acredite lo que dicen. Y no hemos visto nunca un papel del médico".

Tanto la guardia civil como la multinacional explican el programa conjunto como una colaboración simbiótica. Los funcionarios armados ofrecen protección a los técnicos y, a cambio, la compañía eléctrica ayuda a descubrir viveros de marihuana en interiores, una modalidad de cultivo cada vez más extendida que está convirtiendo a España en el gran invernadero de cannabis del continente. “A veces es la policía o la guardia civil la que nos pide colaboración, otras veces avisamos nosotros porque detectamos picos sospechosos de consumo. Y cada vez más a menudo nos llaman desde los ayuntamientos porque hay apagones o porque saben que se está cultivando o pinchando la luz de manera masiva en una zona”, dicen los técnicos.

Un técnico de Endesa, durante la operación. (A. V.)
Un técnico de Endesa, durante la operación. (A. V.)

Casas sospechosas

En Huétor Tajar, a mitad de la operación, los técnicos llaman la atención de la guardia civil sobre dos viviendas con picos exageradamente altos de consumo eléctrico. En la primera, una casita estrecha donde parece vivir una familia, encuentran 255 plantas de marihuana. Mientras dura el registro, desde la calle se ve a Bob Esponja en una televisión de plasma de tamaño considerable. Atiende a los agentes una mujer corpulenta que habla pausadamente mientras sujeta la puerta y que le quita importancia a la situación cuando preguntan los vecinos. La guardia civil se lleva la droga, destruye la maquinaria utilizada para cultivarla y le toma los datos para formalizar la denuncia.

En la segunda vivienda no hay droga. Los agentes, sorprendidos, especulan con la idea de que quizás esté la instalación preparada pero aún no se ha puesto en marcha el vivero. “A veces nos pasa. El consumo puede ser engañoso porque, como no tienen que pagar, dejan todas las luces encendidas a todas horas y tienen la calefacción a 35 grados”. Son escenas que se desarrollan con una cotidianidad absoluta y entre gente que se conoce: Granada se ha convertido en el principal productor de marihuana de España y quizá de Europa.

Antes de llegar a Huétor Tajar, la radio local habla de una nueva operación en la A-92: dos detenidos por conducir un vehículo cargado con varios kilos de marihuana. La guardia civil ha encontrado ya plantaciones en el 50% de los pueblos y ciudades de la provincia. Y aunque de vez en cuando aparecen en exteriores, la droga se cultiva cada vez más dentro de naves o viviendas particulares, convirtiéndose en una fuente de ingresos para mucha gente anónima. Gran parte de la producción está en manos de clanes gitanos y grupos organizados. “Pero también nos hemos encontrado productores individuales, familias normales, gente a la que le va mal un negocio, constructores arruinados... Hay un poco de todo. Algunos se lo venden a los clubes de marihuana, otros a los grupos organizados... El dinero fácil siempre llama y ahora mismo aquí están los juzgados colapsados con este tema”, explican fuentes policiales.

En las cervezas de después del tajo, los técnicos lo definen como “una industria más”. “Cuando te metes hay más riesgo, pero si te empieza a ir bien ya no paras nunca porque no hace falta tener las cosas a tu nombre. Pagas a otro para que cuide las plantas y dé la cara. Y si es insolvente, mejor”. Del negocio se beneficia después mucha gente. “Están los que venden las semillas y los fertilizantes, los electricistas que pinchan la luz y que hacen instalaciones tan profesionales que empezamos a sospechar que pueden ser gente que trabaja o ha trabajado para nosotros. Y luego los que venden la maquinaria para el cultivo en interiores, los focos y esas cosas, que son muy caros”. Según fuentes policiales, acondicionar una sola habitación cuesta entre 10.000 y 20.000 euros. “Y si los pillan, la policía se lleva todo o lo inutiliza, así que hay que volver a comprarlo. Algunas instalaciones son de verdad increíbles. En Linares encontramos una en la que tenían 3.200 plantas”.

Huétor Tajar tiene 10.000 habitantes y dos 'grow shops' (tiendas con lo necesario para el cultivo de marihuana, perfectamente legales). Casi todo el negocio, aseguran los investigadores, está en manos de dos clanes. Después el producto se destina mayoritariamente a otros países de Europa. La 'maría' al por mayor se vende en el pueblo (como en el resto de la zona) a unos dos euros el gramo, precio que se multiplica por 10 al llegar al Reino Unido.

Los agentes de la Guardia Civil ofrecen protección a los técnicos. (A. V.)
Los agentes de la Guardia Civil ofrecen protección a los técnicos. (A. V.)

En la región, los apagones y los problemas con la instalación son frecuentes, pero muchos vecinos desconfían de la versión oficial. Diego Castillo, miembro de la Plataforma Zona Norte, asegura que "Endesa se excusa en lo de los enganches ilegales y la marihuana, que es verdad que existe, pero así no reconocen el verdadero problema: unas instalaciones completamente obsoletas y que en muchos barrios van por el aire en lugar de soterradas, cosa que además está prohibida".

Las asociaciones de vecinos de las zonas castigadas con los cortes de luz reclaman la intervención de la Junta y un encuentro entre los responsables de las diferentes organizaciones para resolver los problemas, especialmente en cuatro barrios de la zona norte de Granada. "Hay viviendas de protección oficial de los años setenta en las que han podido pasar 20 inquilinos diferentes y nadie ha tenido contrato. Muchas tienen la luz enganchada, pero no se va a resolver cortando cables. También nos cabrea que solo se acuerdan de venir a vernos para esto. De cómo estamos viviendo aquí no se acuerda nadie".

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