El repentino cambio de clima (no político) que también resquebraja la justicia española

Si hay un poder del Estado dañado por el actual clima político, ese es el Judicial. Cada cierto tiempo resuenan las palabras del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, que pedía a los políticos "déjennos en paz". Un ruego que regularmente cae en saco roto entre acusaciones de lawfare, renovaciones de órganos congelados y nombramientos de jueces que están en el limbo.

Pero la temperatura del Legislativo no es la única que genera problemas a la justicia. Y deja alguna situación surrealista. El cambio brusco de la climatología, pasando de jornadas lluviosas a días con el termómetro rozando los 30 grados, ha provocado el desalojo de unos juzgados de Torremolinos (Málaga) tras levantarse el suelo de una planta y detectarse grietas en otros puntos como consecuencia de la dilatación de los materiales.

Los desperfectos, que en buena parte se concentran en el Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos, se detectaron el pasado domingo y llevaron a la jueza decana a ordenar el desalojo del personal de guardia que estaba en el inmueble, ubicado en el número 41 de la avenida Palma de Mallorca de la localidad.

Fuentes de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública manifestaron que inmediatamente se desplazaron efectivos de los Bomberos de Torremolinos, Policía Local y personal de la delegación territorial, además de informar a responsables del área de Urbanismo del Ayuntamiento.

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Los bomberos, tras una primera inspección, "señalaron en el lugar que no parecía que fuese un asunto de gravedad", pero la Administración autonómica realizó el lunes una cata que —según las citadas fuentes— confirma esta primera impresión. "Han levantado el suelo, han retirado rodapié, han revisado el forjado…" y el examen "ha determinado que no hay ningún daño estructural". Los testigos métricos que se colocaron tampoco han revelado que las grietas hayan crecido.

La consejería afirma que no existe riesgo para la seguridad de los funcionarios y sus fuentes explicaron que el aproximadamente medio centenar con plaza en esa sede judicial se ha reincorporado a su puesto tras un par de días trabajando en remoto.

Al que se le ha ofrecido la posibilidad de seguir teletrabajando es al personal de la cuarta planta, en la que está el juzgado de Instrucción número 5, ya que su espacio se encuentra acotado porque va a concentrar los trabajos de reparación. Pero se le está habilitando un sitio para que puedan realizar sus tareas presencialmente, pues el Ejecutivo andaluz insiste en que "se puede utilizar el edificio y esa planta" sin peligro.

El TSJA, de forma reiterada, ha alertado del estado de las sedes judiciales andaluces. Una situación que se repite en otros puntos del país

El informe preliminar de los técnicos, apuntaron las citadas fuentes, recoge que el cambio de clima que ha habido estos días, junto a una colocación de la solería mejorable, provocó el abultamiento del suelo como consecuencia de la dilatación de los materiales.

"La subida de temperatura tan fuerte que se ha producido, tras el periodo de lluvias registrado en Semana Santa, ha hecho que el suelo dilate" y provoque su deformación.

La consejería precisó que "en ningún momento Bomberos, ni la Policía, decretaron el desalojo del edificio" y que se ha remitido a la jueza decana el informe técnico que reclamaba para que la plantilla regresase. El inmueble operaba este miércoles "con normalidad", manifestó.

"Es un aviso más"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) declaró sobre este incidente que espera que la Junta de Andalucía detalle con celeridad cómo se van a realizar las reubicaciones de personal, la duración de las reparaciones y la planificación de las funciones, para no perjudicar a los trabajadores destinados en las dependencias afectadas. Además, pedimos que se garanticen unas condiciones de seguridad durante el desarrollo de la actividad en este edificio.

"Lo ocurrido en Torremolinos es un aviso más que la Administración autonómica no puede seguir ignorando. Debe atajar de una vez el problema por la falta de adecuación de los espacios, así como la dispersión que presentan las sedes judiciales en las localidades de la Costa del Sol. En el caso de este municipio está prevista la construcción de un edificio que albergue y unifique los cuatro juzgados, que están ubicados en distintos putos del municipio en instalaciones muy antiguas y deterioradas, que exponen a riesgos para su seguridad y salud tanto a los funcionarios como a las personas usuarias que acuden cada día", agregaron desde la sección de Justicia.

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) coincide con la organización sindical al señalar que la antigüedad de las edificaciones, unida a un deficiente mantenimiento, deriva a que con frecuencia haya problemas de hacinamiento por la falta de espacio, humedad por la escasa ventilación, poca iluminación e incluso presencia de roedores e insectos, especialmente en época estival.

El alto tribunal, en su memoria de 2022 —la última publicada—, insiste en que "Andalucía sigue contando aún con numerosas sedes judiciales que no responden al nivel exigible a un inmueble destinado a la prestación de un servicio público a los ciudadanos y donde desarrollan su actividad profesional funcionarios y trabajadores públicos". Circunstancia acrecentada por el "deficiente estado general y dispersión" de los juzgados, aunque el TSJA asume que "esa ancestral deficiencia no puede ser corregida de forma brusca" y precisa de un importante "impulso presupuestario".

La Junta de Andalucía anunció a mediados del pasado mes un plan de inversión de 1.500 millones de euros para dotar a la región de mejores infraestructuras judiciales y "superar años de retraso" en este ámbito. La idea es actuar en 85 partidos, donde se construirán o ampliarán 42 nuevos edificios y se rehabilitarán otros 18.

La Junta de Andalucía ha anunciado un proyecto para edificar 42 edificios judiciales con 2030 como plazo máximo de ejecución

Está previsto que se pase de 66 inmuebles alquilados —como el de Torremolinos en el que el domingo se registró el incidente— a seis, lo que supondrá un ahorro del gasto en este capítulo de 15 millones de euros.

El plazo de ejecución de estos trabajos es hasta 2030, pero la CSIF entiende que "las actuaciones no pueden esperar más". "Es necesario dignificar la actividad laboral en estas dependencias", señala, para insistir en que el caso ocurrido en Torremolinos no es aislado. Pues la organización sindical detectó en la comunidad hasta una veintena de "puntos negros", y Málaga es la provincia andaluza en la que peor estado se encuentran las sedes judiciales.