El CGPJ se convierte de nuevo en la piedra en el camino de los planes de Bolaños

El actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va camino de volver a convertirse en una piedra en el camino de los planes del ministro Félix Bolaños. El Ministerio de Justicia que dirige acaba de desempolvar uno de los proyectos estrella del departamento en materia legislativa y ha anunciado su intención de dejar cerrada durante 2024 la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lanzada hace ya hace casi cuatro años y que ha pasado en ese plazo por tres ministros, con evidentes parones en cada cambio de cartera.

Según ha anunciado Bolaños, el Gobierno busca cerrar ya su aprobación definitiva, pero, para hacerlo, necesita el informe preceptivo del Consejo. El dictamen se reclamó en 2021, después de que el Consejo de Ministros aprobara la propuesta elaborada por entonces por el equipo de Juan Carlos Campo. La complejidad y extensión del texto -con un anteproyecto que abarca nada menos que 1.000 páginas- y la prioridad hacia otros proyectos más urgentes han ido relegando el informe. Bolaños se dirigió al Consejo hace unos días par protestar por la tardanza y exigir una aprobación inmediata del análisis.

Las prisas repentinas del Ejecutivo han levantado sospechas sobre el posible uso de las modificaciones de este texto legal fundamental para concretar hipotéticos compromisos alcanzados en la negociación con el partido de Carles Puigdemont. Por ejemplo, la recuperación de la limitación de los plazos de instrucción, una propuesta que partió de los socialistas en la última fase de conversaciones sobre el texto final de la ley de amnistía.

Fuentes del Consejo aseguran que están trabajando en el informe, pero descartan la posibilidad de cumplir la exigencia del Ejecutivo, que ha reclamado que esté listo en una semana. En la última reunión del Pleno se acordó refrescar las observaciones ya aportadas en su día por los ponentes y consultar a los expertos del grupo de trabajo que se creó al efecto por si quieren incluir nuevas observaciones. No se prevé, por tanto, llevar a votación el informe durante la próxima reunión de abril, por lo que al menos hasta mayo no parece viable que esté listo.

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Las fuentes consultadas precisan que la elaboración quedó paralizada en la última ocasión tras la convocatoria de las elecciones generales de julio. Justicia realizó su primera solicitud en febrero de 2021 y, ya entonces, quedaron designados como ponentes Rafael Mozo, Juan Manuel Fernández, Clara Martínez de Careaga, Roser Bach y Concepción Sáez. Posteriormente, a consecuencia de la relevancia de la reforma legal, se decidió constituir un grupo técnico de trabajo con tres magistrados para apoyar y colaborar en la elaboración del informe y se designó un nuevo vocal ponente para tratar de buscar mayor agilidad.

La llegada de Pilar Llop a la cartera de Justicia implicó una solicitud de suspensión que se alargó varios meses. La segunda paralización se produjo a raíz del 23-J. Desde la celebración de las elecciones generales, el Ministerio de Justicia no había vuelto a enviar, hasta que lo hizo en marzo, ninguna indicación al respecto, aseguran las fuentes consultadas. Se da la circunstancia de que la carta en la que el departamento de Bolaños exigía urgencia, se recibió en el Consejo la misma semana en la que se celebró el Pleno del Congreso para la aprobación final de la ley de amnistía.

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El punto central de la propuesta del anteproyecto se centra en otorgar a los fiscales la instrucción de los procedimientos. Las dudas sobre ese paso en el actual contexto son evidentes. La reforma elimina la figura del juez de instrucción y será la Fiscalía la que pase a controlar la investigación en todos sus extremos. El juez instructor pasará a ser una figura de garantías, ideada para supervisar el proceso pero sin intervenir en el mismo. Los magistrados tendrá que aprobar todas aquellas diligencias que supongan una intromisión en derechos fundamentales y también avalar las entradas preventivas en prisión.

Otro de los principales puntos de la reforma, que también se puede vincular con las causas vinculadas con el 'procés' y alimentar, así, reticencias, es la eliminación de la presencia de partidos políticos en los procedimientos judiciales. Ya no podrán actuar como acusación popular como sucede, por ejemplo, en la actualidad con Vox en la causa principal que investiga a Puigdemont.

Un informe negativo

El anteproyecto cuenta ya con el informe que emitió en su día el Consejo Fiscal y no fue positivo. El órgano se quejaba de las excesivas funciones que quedan en manos de los jueces de garantías y que se les impone una tutela excesiva sobre sus decisiones. Reclama también una ampliación significativa de la plantilla sin la cual, no sería posible que los fiscales asumieran la instrucción. Por último, consideraba esencial modificar el Estatuto Fiscal para ampliar la autonomía y la descentralización.