El Gobierno espera llegar a un acuerdo para el CGPJ antes de verano pese al frenazo del PP

Moncloa se aferra a la posibilidad de un acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a pesar del frenazo que Génova ha impuesto a las conversaciones. La interlocución entre el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, se mantiene abierta y la previsión del Ejecutivo es que pueda haber fumata blanca antes del verano.

Posiblemente, el hilo de comunicación entre ambos es el único que existe entre el Gobierno y la dirección popular. Y las dos partes han decidido preservarlo en el actual clima de crispación. En parte, el mal ambiente político se explica por la triple convocatoria de elecciones (vascas el 21 de abril, catalanas el 12 de mayo y europeas el 9 de junio). Y es justo esta sucesión de campañas electorales, lo que ha llevado a Génova a retardar la negociación y anular la cita de este miércoles en Madrid entre Bolaños, González Pons y el comisario de Justicia, Didier Reynders, que, a petición del PP, ejerce de mediador.

Lo sorprendente es que el Ejecutivo gestiona esta nueva demora -el CGPJ debía haberse actualizado hace cinco años- de manera paciente, con la esperanza y la convicción de que habrá un momento más favorable para la renovación en los próximos meses. "Mucho antes" de que las elecciones europeas pongan fin al mandato de esta Comisión, señalan. Desde el Gobierno no se verbaliza el momento exacto, pero parecen apuntar a antes de las vacaciones estivales.

Este horizonte hizo que Bolaños defendiera públicamente que los contactos se mantendrán "el tiempo que sea necesario". "Seguimos sentados en la mesa y nos vamos a dar más tiempo", aseguró. Aunque recordó que los populares tienen un lustro bloqueado este órgano, por negarse a renovarlo y echarse atrás varias veces cuando se había alcanzado un acuerdo, las reflexiones del ministro fueron positivas, destinadas a resguardar este canal de diálogo.

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El Gobierno ni siquiera ve un problema que el comisario de Justicia haya pedido una excedencia para pujar por convertirse en el próximo secretario general del Consejo de Europa, una institución con sede en Estrasburgo que no tiene relación con la Unión Europea. La Comisión Europea (CE), señaló el ministro, "no depende de una persona".

Este organismo decidirá ahora quién ejerce la mediación, explicó, reclamada en su día por los populares, en la primera y única reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de esta legislatura, para buscar una vía de solución al bloqueo del órgano de los jueces y compatibilizarlo con la exigencia de Génova de cambiar el sistema de elección.

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El Ejecutivo cree que la sustituta de Reynders podría ser la vicepresidenta de la CE, Věra Jourová, pero no tiene ninguna confirmación. Porque con la salida de Reynders, es la presidenta Ursula von der Leyen quien debe determinar quién ocupa la cartera de Justicia y qué pasa con el arbitraje pedido por España, solicitado, inicialmente, con una duración máxima de dos meses. Aunque el PP siempre advirtió que el plazo era indicativo y que las conversaciones podían durar más allá de marzo.

Para Génova el momento no es propicio porque a la consecución de elecciones se suma que el Congreso acaba de aprobar la amnistía, el estallido del caso Koldo o la petición de dimisión de Isabel Díaz Ayuso por el presunto fraude fiscal de su pareja. El Gobierno tampoco está especialmente contento con el PP por su ofensiva política contra la mujer del presidente, después de que este diario revelara las reuniones con Air Europa, antes de que se le concedieran ayudas millonarias, y el comisionista Víctor de Aldama, implicado en la trama de cobro de comisiones en torno al asesor de José Luis Ábalos.

Y pese a todo el diálogo sobre el CGPJ no está roto. Y los socialistas esperan incluso que el grupo popular salve la tramitación de su ley para abolir la prostitución, como ya sucedió en la pasada legislatura, que no cuenta ni con el apoyo de sus socios de coalición, Sumar, ni con otros partidos de su mayoría parlamentaria.