El CGPJ cumple cinco años en funciones con la renovación más lejos que nunca

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) finalizó el 4 de diciembre de 2018 su mandato de cinco años y entró en funciones. Aún no ha sido renovado. Este lunes se cumplen cinco años y las posibilidades de recambio se ven más lejos que nunca. En este plazo, su número de integrantes ha ido mermando. Pero, más allá de salidas individuales —la más sonada, la de su presidente Carlos Lesmes—, no hay tampoco a la vista iniciativa alguna de dimisión en bloque. El PSOE y el PP no consiguen hilar un acuerdo y siguen estancados en sus respectivas posturas. "No hay nada que celebrar", aseguran fuentes del órgano.

La aprobación hace unos años de la reforma legislativa que prohíbe al Consejo realizar nombramientos discrecionales ha añadido una capa más de tensión a una situación que agranda cada día más la deslegitimación institucional. Las plazas por cubrir pendientes se acercan ya a las 90. De nada han servido los toques de atención del Supremo, que lleva meses advirtiendo de que la situación es insostenible y perjudica a la ciudadanía.

En la hemeroteca se acumulan los intentos fallidos de acuerdo entre los dos principales partidos. El más reciente fracasó ya bajo la dirección del PP de Alberto Núñez Feijóo. Fue la quinta intentona de una larga lista de negociaciones frustradas que fueron saltando por los aires por distintos motivos. La última ocasión reventó ante la constatación, por parte del PP, de que el Gobierno negociaba con ERC la eliminación del delito de sedición. Aquello generó una enorme desconfianza que ha ido creciendo más aún. En un escenario en el que se tramita una ley de amnistía y se mantienen conversaciones secretas con Junts que incluyen la aprobación de un futuro referéndum de autodeterminación, el acercamiento es imposible.

Desde el PSOE ya han avanzado que tratarán de reanudar los contactos y se han fijado como uno de sus objetivos prioritarios acabar con la situación de interinidad que alarga ya la pervivencia del actual Consejo un total de 10 años. Primero el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, y después el presidente del Gobierno han avanzado que el PSOE llamará al principal partido de la oposición para intentar volver a abrir un canal de comunicación. Sin embargo, el PP no está dispuesto a ceder. Feijóo no se niega a una cita en la Moncloa, pero descarta negociar sin que se apruebe un cambio previo en el sistema de elección de los jueces. En anteriores intentonas se mostró dispuesto a renovar sin modificar el sistema y después cambiarlo. Ya no.

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En la última etapa, sobre el PP sobrevolaba la sospecha de que el Ejecutivo se planteaba repescar ideas anteriores para forzar el cambio. Los populares tenían la certeza de que asistirían a un nuevo recorte de las mayorías en la elección de los vocales, pensada para sortearles. No obstante, esa opción ha sido descartada por la Moncloa, que incluso se ha comprometido ante la Comisión Europea a desistir de ese camino.

Mientras esto sucede, el Consejo ha ido experimentando una división cada vez más dura entre los dos bloques. El mayoritario y conservador está integrado por ocho vocales que han liderado en las últimas semanas iniciativas que han sentado muy mal en el seno del Gobierno. Primero fue la declaración contra la ley de amnistía, redactada en términos muy duros. Después, el rechazo a la idoneidad de Álvaro García Ortiz para asumir el puesto de fiscal general del Estado.

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En medio de ambos sectores se encuentra el presidente suplente, que se ha ofrecido públicamente para mediar entre ambos partidos, eso sí, con la certeza de que se trata de una empresa previsiblemente inviable. Vicente Guilarte ha sugerido en repetidas ocasiones que existe un término medio entre lo que buscan las dos formaciones que podría servir para acercarlas. Propone eliminar la idea de que gana quien suma más vocales y fuerza la elección de personas de su cuerda para responsabilidades sensibles en el Tribunal Supremo, los tribunales superiores de Justicia o las audiencias, modificando la forma en la que el órgano de gobierno de los jueces decide entre candidatos.