Cómo arrebatar a los partidos el caramelo del poder judicial: el plan del presidente del CGPJ

Vicente Guilarte tiene un plan y busca aliados para sacarlo adelante. El desde el pasado mes de julio presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva años convencido de que la única forma de garantizar la independencia del órgano de gobierno de los jueces y hacer desaparecer las luchas entre el PSOE y el PP para controlarlo pasa por eliminar todo el interés de los partidos en él. "Quitarles, en resumen, el caramelo del Consejo", explican fuentes jurídicas consultadas. Para alcanzar ese objetivo solo hay un camino. Borrar por completo cualquier posibilidad de que los sectores ideológicos, ya sean conservadores o progresistas, dominen los nombramientos de cargos judiciales que hoy por hoy corresponden al pleno del Consejo.

La idea, que madura desde los inicios de su etapa como vocal, supondría romper el taco de cromos que acostumbran a intercambiarse los principales partidos desde los inicios del Consejo. Eliminar la idea de que gana quien suma más vocales y fuerza la elección de personas de su cuerda para responsabilidades sensibles en el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia o las Audiencias.

La fórmula no se centra en el sistema de elección, ni en si los 20 vocales que integran el órgano deben ser elegidos por las cámaras parlamentarias con mayorías reforzadas o por los jueces en el caso de los 12 que proceden de la carrera. Va directa al modo en que el Consejo escoge ahora entre un candidato u otro para una plaza y a la posibilidad de que se convierta en un coladero para amiguismos.

En el caso de los cargos gubernativos -presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales- la fórmula es sencilla: que sean elegidos por los jueces de cada territorio, como ya ocurre ahora con los jueces decanos. Y en el caso de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo, Guilarte sugiere que los vocales, cada uno procedente de un orden (en el caso de los jueces) o catedráticos, y profesionales de otros sectores de la Justicia los que no lo son, no están capacitados para distinguir entre aquellos que optan a un puesto.

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En un reciente encuentro con jueces de vigilancia penitenciaria, incluso ahondó en el proyecto y avanzó que está consultando con algunos especialistas para desarrollar el proyecto y darle forma. A continuación, vendrá el paso más complicado, lograr que los partidos que pueden implementarlo renuncien a sus cromos y su capacidad de control y compren la idea. Todo gira en torno a la forma de elección.

La tesis consiste en instaurar un sistema de selección de candidatos dependiente de un tribunal diseñado al efecto y que valore el mérito y la capacidad. Bajo la presidencia de uno de los vocales procedente del Tribunal Supremo y del orden (penal, civil, contencioso...) al que corresponda la plaza, se crearía un tribunal cualificado para valorar a los aspirantes, cuya composición sería ajena al Consejo -aunque dependería de este órgano- y que contaría con un sistema automatizado de baremos. No importaría en ese caso la adhesión ideológica del concursante o su cercanía a uno u otro sector, defiende, según aseguran las fuentes consultadas.

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Ni vencedores ni vencidos

Lo que quiere Guilarte es que "no haya vencedores ni vencidos". Según recalcó recientemente, no solo no quiere agarrarse al sillón, sino que no le dolerían prendas en abandonar su actual responsabilidad si con ello facilitara una renovación que debe hacerse "desde la independencia de quienes sean elegidos". "Parece que esto es una lucha política", indicó para terminar: "Si no lo consigo, será el momento de decir hasta aquí hemos llegado".

La renovación que reclama Guilarte, la que reclamaba su antecesor Carlos Lesmes en su momento, sigue —no obstante— atascada y sin visos de solución. La última ocasión en la que el PP y el PSOE rozaron el acuerdo fue ya hace meses. Las conversaciones reventaron a raíz de la reforma de la sedición y la malversación, pactada con ERC de cara a la aprobación de los presupuestos. En pleno debate sobre la amnistía, es impensable que los populares retomen ahora las conversaciones. Los de Feijóo reclaman una reforma previa del sistema de elección, mientras que el Gobierno trata de presionarles con su "continuado" incumplimiento de la Constitución.