El Constitucional avala la reforma del CGPJ y mantiene el bloqueo de la cúpula judicial

El Tribunal Constitucional ha avalado este lunes por siete votos frente a cuatro la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le impide realizar nombramientos para la cúpula judicial mientras se encuentre en funciones. La mayoría progresista ha rechazado los recursos de PP y Vox, y descarta así que el actual CGPJ, de mayoría conservadora, desbloquee las decenas de nombramientos que han ido acumulándose durante los últimos dos años y medio.

El PSOE y Unidas Podemos sacaron adelante esta reforma en marzo de 2021 y el Tribunal Supremo acumula ya 23 vacantes de un total de 78 magistrados. Si se suman los tribunales superiores, las audiencias provinciales y la Audiencia Nacional, los nombramientos pendientes superan los 80.

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"Si el CGPJ tiene como misión fundamental velar por la independencia de los jueces, no proceder a su renovación en tiempo y forma no deja de ser una manera de cercenar la plenitud de esa independencia, del mismo modo que lo es mantener al más alto tribunal de la nación en una situación crítica, casi de respiración asistida", criticó el presidente del Supremo en funciones, Francisco Marín Castán, durante la apertura del año judicial del pasado 7 de septiembre.

El Gobierno siempre ha defendido la reforma del CGPJ como un intento de forzar su renovación, pero, en junio de 2022, corrigió la misma para lograr otro de sus principales objetivos: la renovación del Constitucional y el correspondiente cambio de fuerzas a favor de los progresistas. Para conseguirlo, el Gobierno permitió al CGPJ hacer los nombramientos que le correspondían en este tribunal y mantuvo el bloqueo para el resto.

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La renovación del Tribunal Constitucional terminó por llevarse a cabo el pasado enero y las fuerzas se reequilibraron con siete progresistas frente a cuatro conservadores, además de la elección de Cándido Conde-Pumpido como presidente. Esta nueva mayoría progresista es la que ha avalado ahora la reforma del CGPJ, que el próximo diciembre cumplirá cinco años con el mandato caducado.

Según apuntan desde el tribunal, los magistrados conservadores Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel ya han anunciado que mostrarán su rechazo a través de un voto particular. En el caso del recurso del PP, su ponencia había recaído sobre el propio Tolosa, que abogaba por atenderlo, pero, una vez conocida la postura de la mayoría progresista, el magistrado ha renunciado a la misma y Conde-Pumpido ha pasado a asignársela a María Luisa Balaguer.

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Balaguer ya estaba a cargo de la ponencia sobre el recurso de Vox y defiende que esa prohibición para nombrar cargos "no tiene otra finalidad que dar respuesta a una eventual anomalía: el incumplimiento del mandato constitucional de renovar [el CGPJ]". Según la magistrada, no existe vulneración alguna de la Constitución ni la medida atenta contra la independencia del CGPJ.

Balaguer considera que, si los nombramientos siguieran adelante pese a tener el mandato caducado, los partidos (en este caso el PP) se sentirían tentados de alargar de manera antinatural esta situación "para que este continuara ejerciendo unas funciones de nombramiento con enorme peso en la designación de jueces y magistrados en determinados puestos, y con un elevado nivel de discrecionalidad en el ejercicio de esas funciones".