Génova da por imposible la negociación del Poder Judicial pese a la mediación de Reynders
El PP lleva el enésimo intento de desbloquear el CGPJ a un callejón sin salida, con la amnistía como principal inconveniente para acercar posturas con el PSOE: "No es el momento"
Esteban González Pons volverá a compartir mesa con Didier Reynders y Félix Bolaños el próximo 13 de marzo. El interlocutor del PP para la renovación del Poder Judicial viajará a Estrasburgo, pero no con la intención de flexibilizar posturas o labrar, con el PSOE, el camino hacia un acuerdo que desbloquee más pronto que tarde el órgano de gobierno de los jueces. Acudirá para verbalizar todo lo contrario. Que no ayudarán a Pedro Sánchez a "blanquear" el "ninguneo" a los jueces con un acuerdo para el CGPJ paralelo a la aprobación de una ley de amnistía en el Congreso que "humilla" a los tribunales y torpedea la separación de poderes.
La dirección popular da ya por "imposible" la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el corto plazo que solvente la inédita situación del Poder Judicial en España, con cinco años de interinidad a las espaldas. Primero, aseguran en la cúpula, porque el Gobierno no ha dado señas de avanzar en su planteamiento de reformar el sistema de elección de los jueces para blindar la "despolitización" de la Justicia.
El primer partido de la oposición está dispuesto a renovar el CGPJ con la ley actual, pero solo si se tramita en paralelo una reforma del sistema de elección con la firma de PP y PSOE. Pero no flexibilizará esa condición. Y Bolaños, denuncian, ni siquiera se ha aproximado a ella.
Pero el segundo y principal motivo tiene una connotación exclusivamente política. Sánchez culminó este jueves la ley de amnistía con nuevas cesiones en terrorismo, traición y malversación, con el objetivo de lograr un blindaje total de Carles Puigdemont que burle la investigación del Tribunal Supremo y conseguir así el apoyo definitivo de Junts al texto. Tras conocer el dictamen, dirigentes con peso en la cúpula del PP no escondían sus reparos sobre la posibilidad de avanzar en el acuerdo judicial. "No es el momento", coincidían estas fuentes.
González Pons ya había preparado el terreno el pasado miércoles para llevar el enésimo intento de desbloquear el Poder Judicial a un callejón sin salida. Antes de conocer el dictamen, el vicesecretario de Institucional del PP lanzó un aviso a navegantes y frenó en seco la negociación. "El Gobierno no puede jugar al mismo tiempo a humillar a los jueces y a renovar el Consejo. O se está contra los jueces, o con ellos", reiteró el también vicepresidente del PPE, que aseguró que nadie en Europa entendería que la formación "facilitase a Sánchez la excusa de ponerse al lado de los jueces cuando es su principal enemigo". Ni siquiera Reynders.
Génova se reafirmó en esa postura 24 horas después. Las sospechas sobre la última cesión de Sánchez al independentismo se cumplieron, y la dirección del PP sitúa de nuevo las conversaciones para renovar el CGPJ en un punto muerto. En un principio, el comisario europeo de justicia fijó finales de marzo como plazo para conseguir, como mínimo, avances significativos en la negociación. Pero la dirección popular aleja del todo esa posibilidad. "A Reynders no hay que hacerle perder el tiempo. Si el PSOE no quiere cambiar el sistema y además aprueba la amnistía, no hay mucho más que hacer", sentencia un vicesecretario de la dirección popular.
El frenazo del PP aboca al fracaso la mediación europea que el propio Feijóo exigió a Sánchez el pasado mes de diciembre. El líder popular creyó oportuno que, dada la profunda desconfianza con el interlocutor del Ejecutivo, Félix Bolaños, la presencia de una especie de interventor europeo daría más "garantías" a la negociación y obligaría a los socialistas a aceptar sus condiciones sobre la independencia judicial. La Moncloa aceptó, pero la nube tóxica de la amnistía vuelve a emponzoñar un pacto ya de por sí complejo, que ni siquiera Reynders ha conseguido desatascar.
Desde Génova evitan dar por rotas las conversaciones de forma definitiva, pero sí admiten que le ven un difícil desenlace. Lo que desde luego no tiene Feijóo es prisa. "Si Reynders se va, la Comisión designará a otro y volveremos a empezar", comentan en su equipo, en alusión a la salida de Reynders para postularse como candidato a la presidencia del Consejo de Europa.
Distintos dirigentes de PP consultados apuestan por dilatar la negociación sobre el Poder Judicial, sin horizonte temporal. En este momento, dicen, lo importante es ser "firmes" contra Sánchez por su desafío al "Estado de derecho" a la espera de que Europa responda a su petición de ayuda. "Hay que ser coherente", defiende un líder territorial, que recuerda que en el último intento Feijóo se levantó de la mesa de negociación cuando supo que Moncloa estaba negociando en paralelo la eliminación del delito de sedición del Código Penal para beneficiar al independentismo. Y la amnistía, sobre todo en su versión final, "es mucho más grave".
Génova rompe de este modo el único hilo que le unía al PSOE, y prepara la artillería pesada para el contraataque a Sánchez. La medida de gracia, no obstante, ha dejado de estar en el centro de la estrategia del primer partido de la oposición para dar paso a la "corrupción" del PSOE, convertida en una "trama sistémica" que cerca al Ejecutivo de Sánchez por múltiples frentes, con distintos ministerios implicados y con su propia mujer salpicada. "La amnistía es importantísima, pero no vamos a soltar la presa de la corrupción", sostienen en la cúpula nacional.
Esteban González Pons volverá a compartir mesa con Didier Reynders y Félix Bolaños el próximo 13 de marzo. El interlocutor del PP para la renovación del Poder Judicial viajará a Estrasburgo, pero no con la intención de flexibilizar posturas o labrar, con el PSOE, el camino hacia un acuerdo que desbloquee más pronto que tarde el órgano de gobierno de los jueces. Acudirá para verbalizar todo lo contrario. Que no ayudarán a Pedro Sánchez a "blanquear" el "ninguneo" a los jueces con un acuerdo para el CGPJ paralelo a la aprobación de una ley de amnistía en el Congreso que "humilla" a los tribunales y torpedea la separación de poderes.
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