Sánchez culmina la ley de amnistía con nuevas cesiones en terrorismo, traición y malversación

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El texto final de la ley de amnistía introduce cambios en los dos delitos que preocupan más a Carles Puigdemont, el terrorismo y la traición, y trata de hacer un guiño a Europa respecto a la malversación, para trazar una línea respecto al asunto que más inquieta a la UE: la corrupción. La redacción introduce cambios que buscan proteger al expresident catalán de los principales casos que instruyen los juzgados: Tsunami y Voloh.

Ese blindaje es más fuerte en el segundo caso, donde se especifica que para no ser amnistiado el delito debería haber supuesto “una amenaza efectiva y real” de enorme gravedad para España. En el primero, el terrorismo, como ya ha publicado este periódico, se introducen nuevas condiciones que deben darse cuando los tribunales examinen la posibilidad de perdonar al líder de Junts, considerado por el TS en este momento, dirigente de una organización que buscaba subvertir el orden constitucional.

El texto dice que no podrán amnistiarse "los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo, según la Directiva de la UE 2017/541 y a su vez, hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, en particular las reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos".

Pese a esa doble condición, la redacción final no garantiza un escape definitivo a Puigdemont, que quedará en manos del TS y de la interpretación que este haga respecto a su papel en Tsunami. No se acerca tampoco a lo que exigía Junts en inicio, cuando la ley quedó bloqueada. El partido de Puigdemont buscaba que el terrorismo se amnistiara por completo y no lo ha conseguido.

En el apartado de la traición el texto afina más. Para que alguien acusado de traición no pueda ser amnistiado debe haber cometido o estar siendo investigado por actos tipificados como delitos de traición y contra la paz “siempre que se haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España en los términos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas”. Amenaza efectiva y uso de la fuerza asimilable prácticamente a una invasión que queda muy lejos de estar probada en este punto en la instrucción de Voloh, donde se analizan contactos del independentismo con Rusia.

El guiño a Europa con la malversación y, con ella, con los delitos de corrupción es evidente. A sabiendas de que este aspecto es especialmente sensible para la UE, el texto definitivo concreta que no se perdonará en ningún caso “el enriquecimiento personal” y, para evitar lecturas contrarias a los independentistas por parte de los tribunales, agrega que no se considerará enriquecimiento “la aplicación de fondos públicos” destinados al procés “cuando, independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico, no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”.

La ley adelanta el origen del procés

Además, la ley adelanta los orígenes del procés para situarlos en 2011 y pone la fecha de inicio de las conductas amnistiadas en el mes de noviembre de ese año. Trata en su exposición de motivos y en todo el articulado de dejar claro que se han tenido en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Venecia sobre la necesidad de no violar la separación de poderes y mantener una distinción clara entre el Poder Legislativo y el Judicial en la implementación de la amnistía.

“Corresponde al poder legislativo el establecimiento de los criterios para ser beneficiado por la amnistía y corresponde al poder judicial identificar a las concretas personas comprendidas en el ámbito de aplicación establecido por el legislador”, dice ahora la exposición de motivos que insiste una y otra vez en la incardinación plena en los estándares internacionales sobre los actos inamnistiables que se han ido configurando a través de la jurisprudencia internacional, especialmente europea, y que responden a los principios básicos del derecho internacional y del derecho europeo en materia de derechos humanos.

“Esta Ley de amnistía ha sido diseñada, por tanto, en coherencia con los compromisos europeos e internacionales en materia de derechos humanos, siguiendo directrices de tratados y organismos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos”, dice también.

Precisa, además, que la amnistía no dará lugar a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa o sanción “salvo las satisfechas por imposición de sanciones leves y graves por la ley de protección de la seguridad ciudadana, siempre que concurran para ello criterios de proporcionalidad según estime la Administración que impuso la sanción”. Con este inciso, abre la vía para que los multados por acudir a votar el 1-O o participar en manifestaciones reclamen.

Negociación de más de un mes

El acuerdo de la amnistía llega después de más de un mes de negociaciones que se han "intensificado" en los últimos días. Así lo ha explicado este jueves Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y uno de los negociadores del PSOE. Según el dirigente socialista, esa mayor intensidad ha sido el resultado de la publicación del borrador del informe de la Comisión de Venecia. Los retoques, asegura el Gobierno, responden a ese documento solicitado por el Senado y que ha avalado el perdón general, aunque con reparos. Bolaños, por ese motivo, ha asegurado que se trata de "una ley que sale del Parlamento español, pero que es europea".

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Los socialistas han acabado aceptando cambios en el delito de terrorismo al vincular su definición a la normativa europea. La aspiración de Junts era eliminar cualquier mención a este delito, pero, según ha explicado el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, en la SER, se dan por satisfechos porque la alusión al derecho de la UE les permitirá, aseguran, defenderse en caso de que los jueces españoles utilicen algún resquicio del texto para evitar aplicarlo como quieren los neoconvergentes.