La Comisión de Venecia ve agujeros en la amnistía y pide amplías mayorías para aprobarla

El borrador del informe de la Comisión de Venecia está muy lejos de suponer un aval del órgano a la concesión de una amnistía a los afectados por delitos vinculados con el proceso independentista catalán. Las 26 páginas del escrito arrancan con una advertencia que ya desde el origen demuestra que no existe en el dictamen un espaldarazo a la iniciativa que negocian el PSOE y Junts. Su análisis —dice el texto— "no hará comentarios sobre la conveniencia de la amnistía, ni sobre su idoneidad" además de no pronunciarse sobre la constitucionalidad del texto "que corresponde en última instancia decidir al Tribunal Constitucional español" ni sobre la compatibilidad del proyecto de ley de amnistía con Derecho de la Unión Europea. El dictamen está cuajado de puntos oscuros y advertencias sobre la norma.

El informe va desgranando puntos a favor y en contra de la ley. El contenido, un borrador, desencadenó de forma inmediata lecturas enfrentadas. Desde Moncloa se asumió como un espaldarazo y se destacaron los argumentos que servirían para apoyar su norma. Desde el PP, que lideró en el Senado la consulta a la Comisión, se ha puesto el acento en las cuestiones negativas y las advertencias que incluye el dictamen.

Lo cierto es que las pegas al texto y a su tramitación superan a los puntos positivos. A favor de las tesis socialistas, la Comisión destaca que el argumento de buscar una normalización social y política en Cataluña es legítimo y no ve que la ley atente contra la separación de poderes, ya que serán los tribunales quienes decidan su aplicación o rechacen aplicarla. También destaca que la concesión de amnistías (en abstracto) es posible en el marco europeo e internacional.

En la balanza, no obstante, pesan más los argumentos en contra. El punto negro más destacable es la redacción de una norma hecha a la medida de determinadas personas a las que se quiere beneficiar: léase Carles Puigdemont. La Comisión recuerda que una amnistía "es una medida impersonal que se aplica a todas las personas o a una categoría de personas". "Los criterios para su aplicación no deben estar diseñados para cubrir a individuos específicos", resalta.

Apoyo parlamentario

También señala la conveniencia de que cuente con un apoyo parlamentario amplio. "La Comisión de Venecia considera que, en la medida en que la amnistía pueda afectar a la cohesión social, debe aprobarse con una mayoría cualificada adecuada", destaca el borrador en uno de sus puntos. Pese a no valorar la constitucionalidad de la norma, el organismo se fija en la "controversia" provocada por su desarrollo y llega a sugerir la necesidad de "regular este asunto explícitamente mediante una reforma constitucional".

Aunque, por lo general, las amnistías están motivadas por razones de reconciliación social y político y ese objetivo es "legítimo" deben alcanzarse mediante métodos y procedimientos coherentes que impliquen "la inclusión, la participación, el marco temporal adecuado y las discusiones públicas". "La precipitación puede perjudicar la calidad de la ley", añade mientras señala que "un procedimiento legislativo acelerado no es adecuado para la adopción de leyes de amnistía".

El informe plantea dudas sobre la eliminación de los delitos de malversación y considera que su redacción actual abre la puerta a "arbitrariedades". Y es que las zonas oscuras que aprecia en la norma alcanzan a su parte técnica. La Comisión recomienda definir de manera más precisa el alcance material y temporal de la aplicación de la amnistía. "La falta de claridad y determinación de su ámbito de aplicación conlleva el riesgo de que surjan un gran número de casos y controversias sobre la correcta aplicación de la ley", dice a la vez que advierte que este hecho provoca el riesgo de trasladar los conflictos del nivel político al judicial.