El futuro de Reynders y la falta de progresos dejan la mediación europea del CGPJ en el aire

Didier Reynders, comisario de Justicia, se ha convertido en un protagonista de la política española por su papel como mediador entre el Partido Popular y el PSOE para lograr la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueado desde hace cinco años. Pero el dirigente ya ha comunicado a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, su voluntad de acogerse a una excedencia para centrarse en la carrera para convertirse en el próximo secretario general del Consejo de Europa (CoE, por sus siglas en inglés), una institución con sede en Estrasburgo que no tiene relación con la Unión Europea.

En los próximos días, la alemana tomará una decisión y determinará quién debe encargarse de las competencias del belga, aunque no hay nada escrito: el comisario o comisaria que asuma la cartera de Reynders no tendría por qué encargarse de la mediación europea. Lo que está claro es que la excedencia impedirá que el belga, que fue confirmado este lunes como uno de los tres candidatos oficiales a la secretaría general del CoE, pueda seguir encargándose de la mediación tras las tres primeras reuniones entre el popular Esteban González Pons, vicesecretario de Acción Institucional, y el socialista Félix Bolaños, ministro de Justicia.

Justo este miércoles 27 de marzo estaba previsto que los tres se reunieran en Madrid; sin embargo, el encuentro se canceló el mismo lunes en el que se anunció la confirmación de Reynders como candidato al CoE. Desde la Comisión Europea se niega que se trate de un problema en la agenda del comisario. Una vez Reynders ha pedido acogerse a la excedencia, el asunto queda en manos de Von der Leyen, que es la que debe decidir quién coge la cartera del belga y qué ocurre con la mediación.

En un principio, la Comisión Europea había limitado a dos meses el esfuerzo de ejercer de mediadora en la cuestión del CGPJ, precisamente porque ese era el calendario de Reynders: ya se sabía que a finales de marzo el tiempo del belga se agotaba. Sin embargo, el comisario de Justicia todavía se mostraba optimista tras la última reunión en Estrasburgo, señalando que tenía la costumbre de “acabar lo que empiezo”. Desde los primeros encuentros, González Pons defendió que el límite de los dos meses era indicativo, y que, si había posibilidad de cerrar el acuerdo, las negociaciones seguirían más allá de marzo.

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Fue precisamente el PP el que promovió la cancelación del encuentro de este miércoles. Génova no se levantará de la mesa de negociación, pero apuesta por dilatar las conversaciones por el telón de fondo de la amnistía, la falta de puntos de encuentro con el PSOE y la sensación de que las citas con Bolaños enturbian su estrategia política contra el Ejecutivo. Génova prefiere esperar pese a la posibilidad de condenar al fracaso la mediación con Reynders que ellos mismos pusieron como condición para retomar la negociación del Poder Judicial con el Ejecutivo.

Los populares insisten, tanto en público como en privado, que no serán ellos quienes dinamiten las negociaciones, pero no tienen prisa. La tesis es esperar como mínimo a que pase el intenso ciclo electoral para explorar nuevos puntos de encuentro con la Moncloa. La relación con el PSOE se ha enturbiado más, si cabe, por el ingente clima de polarización a cuenta de la despenalización del procés o las acusaciones mutuas de "corrupción" por el caso Koldo y el presunto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La negociación también se limitó inicialmente a los dos meses de mediación porque la idea que se tenía en Bruselas era de que el acuerdo estaba muy cerca y el papel de Reynders era reducir el precio político que tendrían que pagar las partes para pactar la renovación del CGPJ. En ningún momento la idea del comisario era verse arrastrado a la lucha de partidos, ni que la negociación cayera en la trinchera del día a día de la política nacional. Pero él, su equipo y Von der Leyen sabían que era una operación de riesgo. De hecho, la negociación ha entrado en barrena y el desenlace vuelve a ser una incógnita.

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Tras las dos primeras reuniones, el ambiente cambió claramente con la ley de amnistía entrando en su última fase. En el Ejecutivo comunitario notaron una creciente falta de interés por el lado popular, que creían que estaba arrastrando los pies, y eso culminó en Bucarest (Rumanía), durante el congreso del Partido Popular Europeo (PPE), cuando González Pons dejó en el aire que fuera a acudir a la próxima reunión, prevista la semana siguiente.

Alberto Núñez Feijóo, presidente de los populares, aclaró después que González Pons viajaría a Estrasburgo, que las negociaciones continuarían. Que la amnistía ya estaba sobre la mesa cuando en diciembre el líder popular y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, decidieron pedir a la Comisión Europea que mediara entre las dos fuerzas políticas, y que, por lo tanto, no se podía ahora argumentar que dicha ley hiciera necesario levantarse de la mesa. Pero una cosa es levantarse de la mesa, algo que quedó descartado por el presidente popular, y otra cerrar un acuerdo en un momento delicado.

Este martes en la Comisión Europea no quisieron explicar qué pasará ahora, aunque no cierran la puerta a seguir facilitando el diálogo entre González Pons y Bolaños. Una opción clara para encargarse de la mediación es Věra Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea, que desde 2019 también ha seguido muy de cerca todo el dosier de la renovación del CGPJ y cuyo equipo ha estado volcado en los informes sobre el Estado de derecho que desde hace años subrayan una y otra vez la importancia de renovar e inmediatamente después reformar el CGPJ. Conoce perfectamente la situación del Consejo, está muy al tanto, pero es mucho menos política que Reynders, acostumbrado a la negociación permanente de la política belga.

Podría haber otros nombres, pero otra de las opciones es sencillamente acogerse a lo que habían dicho en un primer momento: que el diálogo estructurado se iba a limitar a dos meses. La Comisión ya sabe que el acuerdo sobre el CGPJ no está cerca y que se pueden ver arrastrados al papel de “incubadora” de las conversaciones hasta que la situación política haya cambiado y ambos lados consideren que es adecuado anunciar un pacto.

La decisión no es únicamente sobre quién toma las riendas de la negociación, sino también sobre si Von der Leyen y la institución quieren asumir un cambio en la naturaleza de las conversaciones: ya no es únicamente un diálogo limitado a dos meses, ya muy encarrilado, con el objetivo de hacer políticamente más sostenible para las dos partes el llegar a un pacto, como era cuando el Ejecutivo comunitario decidió aceptar el papel de mediador, sino que consiste en ser la excusa para mantener las conversaciones vivas hasta que los aires hayan cambiado.