Un CGPJ dividido aprueba un duro informe sobre la amnistía: "Inconstitucional y arbitraria"

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves, con la misma división que ya se apreciaba en las últimas semanas, un informe muy crítico con la ley de amnistía en respuesta a la solicitud de dictamen que le formuló el Senado. El análisis, que ha contado con el respaldo mayoritario del sector conservador, considera que la norma es "inconstitucional", no tiene encaje en el derecho, es "arbitraria" y atenta contra el derecho de igualdad ante la ley y la separación de poderes. Nueve de los vocales lo han apoyado frente a cinco que han votado en contra y dos en blanco.

La decisión se ha adoptado tras una reunión en la que se han estudiado dos ponencias distintas. La que ha salido adelante fue elaborada por el vocal Wenceslao Olea frente a la propuesta de la progresista Mar Cabrejas, que veía en la ley encaje con la carta magna. La propuesta ganadora asegura que "ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en nuestro Derecho".

En su opinión, la norma está elaborada con una "deficiente técnica jurídica" y, además, ha salido adelante en el Congreso a través de una "arbitraria" tramitación parlamentaria. Para Olea, soslaya el interés general y "socava el derecho a la igualdad" entre los ciudadanos, además de vulnerar la separación de poderes. "No resulta admisible que el Legislativo pueda dejar sin efecto las decisiones de los tribunales" si no se trata de un indulto, dice.

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Han votado a favor del texto, además del ponente, los vocales José Antonio Ballestero, Nuria Díaz Abad, Gerardo Martínez Tristán, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, José María Macías y Ángeles Carmona. La vocal Mar Cabrejas, ponente de la contrapropuesta, presentará esta como voto particular, al que se adhieren los vocales Roser Bach, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda. El vocal Enrique Lucas y el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, han votado en blanco.

Indeterminación

El informe considera también que la proposición de ley es imprecisa, indeterminada y amplia en exceso. Advierte así que las futuras decisiones que adopten los distintos tribunales sobre su aplicación provocarán, previsiblemente, que la crítica social se centre en la judicatura, ya que el texto se presta a interpretaciones jurídicas distintas y que no concordarán, en algunos casos, con lo que buscaban sus redactores.

Olea marca como línea roja el delito de terrorismo y destaca la maniobra de eliminar la referencia en la norma al Código Penal. Critica la intención de que la tipificación contenida en el derecho nacional no sea utilizada por los órganos judiciales españoles, y sí directamente la directiva europea, lo que entiende que supone desconocer la naturaleza y forma de aplicación de esta clase de normativa europea.

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Además, apunta que la aplicación judicial automática e inmediata de la ley resulta muy difícil de acordar con la premura que se pretende, en dos meses mientras sostiene que la pretensión de dejar sin efecto una orden europea de detención cuando entre en vigor la ley es contrario al derecho de la UE. Defiende, a su vez, que el planteamiento de que las consultas al Constitucional o al TJUE no suspendan el procedimiento no se ajusta a la regulación vigente.

Los votos particulares

Tanto el presidente como el vocal Enrique Lucas han votado en blando por distintos motivos. Guilarte ha justificado su postura al entender que no se profundiza lo suficiente en el texto en el acuerdo suscrito por el PSOE y Junts per Catalunya, en el que como mutuas contraprestaciones se ofrecía la ley a cambio del apoyo a la investidura del presidente del Gobierno. Para él, esa es la causa real de la norma muy lejos de "la pretensión pacificadora de la sociedad catalana".

Por su parte, Lucas ha redactado un voto particular en el que asegura que está más cerca de los cinco vocales que han votado en contra y considera que la ley sí tiene encaje constitucional. No ha apoyado su postura, ya que discrepa de la decisión de estos de renunciar a realizar un juicio concreto sobre el encaje en la Carta Magna. La ponencia de Cabrejas, presentada ahora como voto, asegura por su parte que "el silencio constitucional respecto de la amnistía no significa que exista un vacío jurídico" y considera que al no existir una prohibición expresa en la Constitución para aprobar ese tipo de medida, "el legislador puede adoptarla".

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El PP no ha tardado en pronunciarse tras conocerse la decisión del Consejo y asegura que el dictamen coincide con el que emitieron los letrados del Senado y los de la Comisión de Justicia del Congreso, así como el que en su momento también trasladaron las principales asociaciones judiciales y juristas de reconocido prestigio. "Por más que el Gobierno intente meter con un calzador la amnistía, este proyecto de ley no tiene cobertura ni encaje en la Constitución", concluye.