El Senado plantea un conflicto institucional con el Congreso por la ley de amnistía

El Partido Popular quiere sacar la artillería pesada contra el Gobierno para obstaculizar la ley de amnistía en el Senado, aunque para ello tenga que forzar un inédito choque institucional en las Cortes Generales. La portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, ha anunciado durante su interpelación al ministro Félix Bolaños que la Cámara Alta planteará un "conflicto de atribuciones" contra la Cámara Baja para que retire la proposición de ley de amnistía, al considerarla una "reforma encubierta de la Constitución".

Los populares sostienen su ofensiva en el duro informe que los letrados de la Cámara Alta emitieron este lunes, y defienden que la tramitación de la ley de amnistía como proposición de ley, sin que medie una reforma de la Carta Magna, vulnera las atribuciones del Congreso. El PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, se ampara en el artículo 188 del Reglamento del Senado, que establece que el requerimiento puede ser solicitado por un grupo parlamentario o 25 senadores "a través de un texto debidamente motivado".

El primer paso será plantear la petición en un pleno del Senado para requerir formalmente al Congreso la retirada de la proposición de ley. Desde entonces, el Congreso tendrá un plazo máximo de respuesta de 30 días. Si no lo hace o su respuesta es negativa, el siguiente paso sería llevar al Tribunal Constitucional el conflicto de competencia.

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Fuentes del PP en el Senado aclaran que este procedimiento no afecta a los plazos inicialmente establecidos para la aprobación definitiva de la despenalización íntegra del procés. Importante recordar que el PP impulsó una reforma del Reglamento del Senado para neutralizar la petición de tramitación urgente del Gobierno, por lo que cuenta con un plazo máximo de dos meses —hasta el 16 de mayo— para devolver la norma al Congreso para su ratificación definitiva. Los palos en las ruedas que puso el PP impedirán la entrada en vigor de la ley de amnistía antes de las elecciones catalanas, previstas para el próximo 12 de mayo.

Con la apertura del choque institucional, el PP sigue la guía que marcaron este lunes los letrados del Senado, que plantearon en su informe la posibilidad de abrir un "conflicto entre órganos constitucionales en sus dos fases", empezando por el requerimiento formal al Congreso para que suspenda la ley de amnistía y la apertura de un conflicto que deberá resolver el Tribunal Constitucional si la Cámara presidida por Francina Armengol desecha el trámite.

No obstante, los juristas de la Cámara Alta planteaban una segunda vía a explorar: la posible petición al Tribunal Constitucional de la "suspensión cautelar del procedimiento legislativo" en el Senado hasta que el Alto Tribunal resuelva el conflicto entre las dos Cámaras; y un recurso de amparo "por vulneración del derecho de representación política". Fuentes del PP en la Mesa del Senado alejan, por el momento, la posibilidad de pedir medidas cautelares al TC por la desconfianza en que la "imparcialidad" del órgano termine dando más munición al PSOE para blindar la ley.

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Las mismas fuentes apuntan a que el PP sí presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero sólo una vez que la ley esté definitivamente aprobada. Génova reforzará esa ofensiva a posteriori con otro recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), donde sí creen que podrán conseguir un pronunciamiento "más favorable" a sus intereses contra la amnistía.

Con la apertura del conflicto de atribuciones entre el Senado y el Congreso, el PP recoge el guante que le había lanzado Vox horas antes. La portavoz de los ultraconservadores, Pepa Millán, exigió al partido de Feijóo que tuviese "valentía", usase su mayoría absoluta en la Cámara Alta y se atreviese a ir al choque con el Congreso e, incluso, pidiese cautelares al Tribunal Constitucional.