Los letrados del Senado alertan de la inconstitucionalidad de la amnistía, aunque la Mesa tramitará la ley

El Senado tramitará la ley de amnistía, aunque advierte de las dudas de inconstitucionalidad de la norma. La Mesa de la Cámara Alta acordará este martes la calificación de la proposición de ley impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, según confirman fuentes parlamentarias a este diario, apoyándose en un informe de los letrados que alerta del contenido del texto, aunque avisa que la inadmisión no se ajustaría a la Carta Magna. "Hay una obligación automática ex constitutione de someter el texto legislativo remitido por el Congreso de los Diputados a la deliberación del Senado", señala el órgano de gobierno de la cámara territorial, con mayoría absoluta del PP.

La propuesta refleja a lo largo de varios folios las serias dudas que plantea el texto a partir de las conclusiones de los letrados, “tanto desde el punto vista de la constitucionalidad material y formal" como por la "infracción de las reglas esenciales de formación de la voluntad de las cámaras”, al apreciar vicios de procedimiento durante su tramitación en el Congreso.

De hecho, considera que el Senado no es competente para aprobar una ley de este tipo, puesto que nada en la Constitución faculta a las Cortes para legislar sobre esta materia. Al hilo de este razonamiento, el texto al que ha tenido acceso El Confidencial indica que la norma va mucho más allá de una simple proposición de ley y constituye, en realidad, “una reforma constitucional encubierta”.

En opinión de la Mesa, controlada por el PP, con la iniciativa se ignoran “las mayorías cualificadas” necesarias para emprender un cambio de este tipo. Además, los populares aseguran que la ley que vulnera “valores, principios y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución” como la separación de poderes, la igualdad ante la ley o la seguridad jurídica. La Cámara tramitará la norma porque la ley así lo obliga, aunque dejará constancia de las presuntas irregularidades.

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La propuesta también aprecia una vulneración del Derecho de la Unión Europea y varias normas internacionales en materia de Derechos Humanos. Se refiere en concreto a la intención de amnistiar la malversación de caudales públicos haciéndola depender de la intención de no enriquecimiento y el terrorismo que no se puede justificar -dice- “con la remisión a la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo” e ignorar así la aplicación de nuestro Código Penal que ya traspuso dicha Directiva.

La tramitación de la norma asegura un choque entre el PP y Vox. La formación ultraconservadora lleva meses exigiendo a los populares que hagan valer su mayoría y entierren la ley, bajo el argumento de su inconstitucionalidad. Los de Alberto Núñez Feijóo, en cambio, no han atendido las reclamaciones de sus socios en cinco ejecutivos autonómicos, resignados a iniciar el procedimiento. El partido, no obstante, agotará los plazos y dilatará el proceso hasta los dos meses.

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Los populares señalan también vicios de procedimiento, entre ellos la obligación de imponer el trámite de urgencia que no acatarán al arrancar una tramitación ordinaria de dos meses. La propuesta precisa así que la Cámara pone el contador en marcha y dispondrá de un plazo que acaba en inicio el 16 de mayo de 2024. Además, ordena constituir una comisión conjunta de las Comisiones Constitucional y de Justicia, a la que se le encomendará el dictamen de la Proposición de Ley y que quedará integrada por 32 miembros, según el mismo escrito.

Informe de los letrados

El informe en el que se base la decisión precisa que la inadmisión por parte de la Mesa del Senado de la propuesta de ley “no se ajustaría a la Constitución”, ya que el artículo 90.1 dispone que una vez aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, “su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de este”. Es decir, aprecian que se impone "un acto de continuidad que no se puede interrumpir".

"La opción de no admitir a trámite, además de ser inconstitucional, mermaría considerablemente los derechos del Senado y de los senadores, pues impediría el desarrollo de su tramitación con las correspondientes aportaciones, vía enmiendas, veto, comparecencias y debates", añaden los letrados.

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Lo mismo sucede con la decisión de reflejar las dudas sobre la constitucionalidad en el texto de la propuesta. "Es conveniente que las mismas sean reflejadas en el texto literal del acuerdo de la Mesa de admisión a trámite, para dejar constancia, a efectos de posibles litigios judiciales, de la posición del Senado, que tramitaría la Proposición de Ley por obligación constitucional a pesar de esas dudas", añade este informe.

De ese modo, consideran cumplida una obligación de advertencia que equiparan al caso similar del Parlament de Cataluña, en el que los letrados advirtieron de la infracción de resoluciones del Tribunal Constitucional de determinadas iniciativas que la Mesa decidió someter al Pleno.