Sánchez promete a Puigdemont una amnistía total al rebajar la definición de terrorismo

Acuerdo para desbloquear la ley de amnistía y modificar su redacción para blindar la inclusión de Carles Puigdemont entre los beneficiados. Los equipos negociadores de PSOE, Junts per Catalunya y ERC cerraron un texto un mes después del bloqueo provocado por el rechazo de los neoconvergentes ante sus dudas de que la ley pudiera sortear los distintos procesos judiciales relacionados con el independentismo. La solución ideada por Moncloa y Ferraz para convencer a los independentistas pasa por vincular el delito de terrorismo a la definición propia de la normativa europea, supuestamente más laxa que la que figura en el Código Penal. La muestra de la satisfacción de Junts es que forman parte de la entente, a pesar de que en ERC restan importancia a los cambios, "un giro de 360 grados".

El pacto trata de acotar, aún más que hasta el momento, el tipo de terrorismo que quedaría excluido de la amnistía con la intención evidente de dificultar que el Supremo considere que Puigdemont no puede ser perdonado por el caso Tsunami, en el que se le acusa de liderar un grupo organizado que tenía como fin subvertir el orden constitucional. Para ello introduce un nuevo filtro. Además de señalar que no podrán amnistiarse los actos terroristas “que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos” regulados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, añaden que tampoco serán amnistiables los que se consideran terrorismo por sus fines en la directiva de la UE de 2017.

En esta se describe que los actos en cuestión deben cometerse “con un fin terrorista específico”: intimidar gravemente a la población, presionar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional para que lleve a cabo o se abstenga de llevar a cabo cualquier acto, o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales fundamentales de un país o de una organización internacional. La lectura que ha hecho el PSOE es que la combinación de los factores protege mejor a Puigdemont pero, de nuevo, el resultado dependerá de la lectura que hagan los jueces.

Con la traición se ha hecho algo similar. Incluir un cortafuegos. En este caso la causa que amenaza al expresident y a su entorno en la denominada Voloh en la que se investigan contactos del independentismo con Rusia. Con la nueva redacción, los acusados por traición no podrán ser amnistiados si emplearon en ella un uso de la fuerza o participaron de forma activa en un intento de invasión. "No serán amnistiables los delitos más graves de terrorismo, torturas, traición o contra la independencia de España", trasladaron desde Moncloa tras conocerse la entente. Tampoco habrá perdón para "la corrupción que suponga enriquecimiento personal", indican estas fuentes.

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La reforma se articula por medio de una enmienda pactada entre las tres formaciones a partir de las que quedaron vivas en el dictamen. Esta nueva redacción también adelanta el ámbito temporal de la ley a noviembre de 2011, con el objetivo de abarcar a determinadas investigaciones del Tribunal de Cuentas. El retoque también llega a la exposición de motivos para explicitar que el objetivo "es precisamente el fin de las condenas y causas pendientes por el proceso independentista, con el fin de que la restauración de la convivencia sea completa"

El PSOE venía enviando mensajes contradictorios en los últimos días, ya que comenzó la semana asegurando que los artículos relacionados con el terrorismo se quedarían intactos. Después fue virando hasta que el propio Pedro Sánchez ha admitido que habría modificaciones del texto para dar a Junts las garantías que necesitaban. Horas antes del acuerdo, en Moncloa explicaban que esas garantías están alineadas con las directrices que salen del borrador del informe encargado por el Senado (es decir, por el PP) a la Comisión de Venecia, como explicaban este miércoles desde el Ejecutivo al cerrarse el acuerdo.

"La ley cubre a todas las personas vinculadas al proceso independentista", reza el comunicado conjunto lanzado este jueves, que insiste en que la entente llega "después de días de trabajo conjunto". Según Moncloa, el nuevo texto "refuerza" la amnistía incluyendo a todas las personas involucradas en el procès, pero también por su "plena concordancia con la Constitución, el derecho europeo y la jurisprudencia internacional". "La norma saldrá del Congreso igual que entró", explicaron desde el Gobierno. Y la prueba es que el resto de enmiendas que quedan vivas quedarán retiradas este jueves. De esta manera, el texto que se apruebe este jueves será el definitivo, el que irá a Pleno para aprobarse camino del Senado.

En el lado independentista creen que la entente es posible gracias a que el PSOE se ha abierto a retocar el texto que naufragó el pasado 30 de enero, en parte, por su debilidad tras el estallido del caso Koldo, con una presunta trama de corrupción vinculada al exasesor de José Luis Ábalos y el cobro de comisiones en la venta de mascarillas en los meses más complejos de la pandemia. "Yo me pregunto qué ha pasado para que el PSOE se mueva", decía una fuente independentista este jueves.

Minutos antes de hacerse público el acuerdo, el presidente, desde Brasilia, lanzó un mensaje concordante con los que venían mandando desde Moncloa, el texto tendrá encaje en el derecho europeo y en con la Constitución. Esta ha sido la obsesión de los socialistas desde el principio, desde antes incluso de conocerse el texto. Los cambios, insisten en el PSOE, no afectan al encaje jurídico de una ley que se va a encontrar con obstáculos en el Senado, cuando llegue a la Cámara alta, y también en los tribunales. "Es plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea y los mejores estándares europeos e internacionales", zanja el comunicado conjunto.

La ley ha ido mutando desde su presentación y siempre lo ha hecho al calor de autos de los jueces que investigan el procés, como Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre, responsables de Tsunami Democràtic y Volhov, respectivamente. Esto fue lo que provocó el rechazo de Junts en la votación del pasado 30 de enero, para enfado del resto de socios, como demostraron los portavoces de EH Bildu y ERC, Jon Iñarritu y Pilar Vallugera, respectivamente. Este miércoles, la portavoz adjunta de ERC, Teresa Jordà, defendió que el texto debería llevar tiempo aprobado, ya que hay "1.000 personas" pendientes de su desarrollo, en referencia a los dirigentes, pero también a directores de colegio y otras personas implicadas en el procès que se podrán beneficiar de la amnistía.

En el PSOE fue Santos Cerdán el primero en reaccionar al acuerdo. El secretario de Organización fue el responsable de firmar el acuerdo de investidura con Junts y es uno de los principales negociadores del texto junto con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. "Comienza una nueva etapa", defendió en una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), donde también ensalza "el diálogo como vía para resolver conflictos". El dirigente navarro calificó la norma como "una ley de amnistía valiente, constitucional y garantista" y aseguró que dejará atrás "la peor crisis de nuestra democracia". "Reconciliación y generosidad para seguir construyendo, juntos, un país mejor", zanjó.

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Por su parte, fuentes del PP indicaron que "el acuerdo de los socialistas con Junts y ERC es la evidencia de que Sánchez acepta que durante un periodo de tiempo concreto en Cataluña no había leyes que cumplir y que ya no hay sentencias que aplicar". Además, también expresaron que "en el PSOE hay dos tipos de corrupción: la que se genera por dinero y la que se produce por poder. En los últimos días, el socialismo está manchado en ambas direcciones. Por corrupción económica algunos se hicieron ricos. Por corrupción política algunos siguen siendo poderosos", esgrimiendo que "no se puede vender nuestra dignidad por las necesidades parlamentarias de Pedro Sánchez, quien hace un mes negaba tajantemente más cambios en su ley de amnistía. Es más, su portavoz en el PSOE hace tan solo dos días rechazaba nuevas modificaciones en el texto. Su palabra no vale nada". Los populares expusieron: "Combatiremos este acuerdo en las instituciones y en los juzgados".