Sánchez admite cambios en la ley de amnistía para dar "más garantías" a Puigdemont

El acuerdo "está cerca". La ley de amnistía "va a salir". Son frases que salen de la Moncloa en las horas previas a la votación de la norma, pero nadie explicaba a qué respondía el optimismo, más allá de unos vagos comentarios sobre la actitud de Junts per Catalunya. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es quien ha resuelto las dudas en su viaje a Brasil, según recoge EFE, y ha admitido que la norma sufrirá cambios para dar más garantías a los neoconvergentes sobre Carles Puigdemont. En una conversación informal con periodistas en su viaje oficial, el jefe del Ejecutivo ha desvelado el motivo, pero no ha explicado qué modificaciones sufrirá la norma clave de la legislatura para recibir este jueves luz verde en la comisión de Justicia. Justo lo que no fue posible hace poco más de un mes.

Pero nada más. No hay más detalles sobre el contenido del acuerdo. Este martes ni siquiera se atrevían en la Moncloa a garantizar que los artículos referentes a los delitos de terrorismo se quedarán tal y como figuran en el dictamen que se sometió a votación el 30 de enero. El lunes los socialistas estaban en ese punto. "No nos hemos movido", dijeron fuentes de Ferraz respecto al citado delito, mientras que sobre el delito de traición no eran tan tajantes. 24 horas después, hay más ambigüedad. Pilar Alegría, portavoz y ministra de Educación, se centró en dejar claro que el acuerdo está "cerca" y que la ley "entró impecable y saldrá impecable, conforme al derecho europeo". Sánchez tampoco ha dado más detalles al respecto y ha emplazado a la publicación del acuerdo una vez se cierre.

Una fuente gubernamental se limitó a decir este martes que el texto sometido a votación el pasado enero ya salvaba a Carles Puigdemont, que es la principal obsesión de los neoconvergentes. Pero no fue definitivo cuando fue preguntado por cambios en la redacción sobre los delitos de terrorismo. "No hablamos de personas concretas, de si entran o no", apunta esta fuente. El modus operandi del Ejecutivo es ya clásico: discreción en las negociaciones y transparencia en los acuerdos es el lema y así funcionan. Sánchez en el avión a Brasilia explicó que los cambios servirían para dar más garantías a Junts, pero también a garantizar la constitucionalidad del texto y su futuro jurídico, una obsesión para los socialistas desde que comenzaron las negociaciones sobre esta ley.

El principal negociador en este asunto ha sido Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; codo con codo con Santos Cerdán, que fue quien cerró el acuerdo de investidura en Bruselas con Puigdemont y Jordi Turull. Las conversaciones son constantes, pero discretas. Y gran parte tienen un importante contenido jurídico, por lo que son los equipos legales de uno y otro partido los que llevan el peso de la negociación.

Tiene sentido si la negociación va por los derroteros que preocupan en Waterloo, que tienen que ver con el futuro político del expresident. Como ha avanzado este periódico, el líder de Junts teme que el retraso en la entrada en vigor de la ley de amnistía llegue después de su condena en el caso Tsunami. En ese caso, el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal le impediría presentarse a unas elecciones, como pretende hacer en las europeas del próximo junio e, incluso, en las catalanas previstas para principios de 2025.

La redacción de la ley de amnistía en lo relativo a los delitos de terrorismo fue el principal motivo de choque entre PSOE y Junts en el tramo final de la negociación sobre la amnistía en enero. Se abrió entonces un debate sobre la definición del terrorismo en el Código Penal, con los socialistas y sus socios enrocados en que los hechos que se juzgan en el procés no encajan en este delito. En el viaje, Sánchez ha dicho que no compartía las dudas de Junts respecto a esta norma y que está convencido de que la redacción inicial del texto ya cubría "todos los supuestos", pero ha admitido que, si hay que reforzar esas garantías, los socialistas están dispuestos.

TE PUEDE INTERESAR

Puigdemont teme la muerte política por el caso Tsunami y busca una vía de escape

Beatriz Parera

"Lo importante es que la ley va a salir, que salga como va a salir: impecable", explica una fuente del Gobierno que sí es más cauta y recuerda cómo naufragaron los acuerdos para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pactados con el PP. El siguiente paso, si finalmente hay fumata blanca, será la aprobación definitiva en pleno, aunque el orden del día de la próxima semana ya está aprobado y no hay rastro del texto. Existe la posibilidad de cambiarlo o de que se apruebe en un pleno extraordinario, aunque en la Moncloa explican ahora que hay que ir "paso a paso".

La norma sobre la que ha girado el primer tramo de la legislatura recibirá la luz verde en la comisión de Justicia mientras Pedro Sánchez está a miles de kilómetros, en un viaje oficial a Brasil y Chile. Resulta paradójico que el presidente esté tan lejos mientras el futuro de su tercer mandato se debate en la carrera de San Jerónimo. Y justo cuando el Gobierno ha puesto todas sus esperanzas en la norma tras verse envuelto en una crisis política formidable provocada por el caso Delorme. La detención de Koldo García Izaguirre, que fue asesor de José Luis Ábalos, destapó una presunta trama corrupta que se lucró con el cobro de comisiones en la venta de mascarillas durante los peores meses de la pandemia.

Los gobiernos de Canarias y Baleares y los ministerios de Interior y Sanidad compraron material a la empresa Soluciones de Gestión, en el centro de la trama. Y los focos están ahora puestos sobre Francina Armengol, presidenta del Congreso. La importancia de este caso es tal que el PP, que ha centrado su labor de oposición en la amnistía, dedicó el martes sus preguntas en la sesión de control en el Senado al caso Koldo. Por la mañana, en la comisión Constitucional de la Cámara Alta, el portavoz popular también centró su ofensiva en la presunta corrupción en el seno del PSOE y no en la norma que, de aprobarse, supondrá activar un perdón general por primera vez en España desde la democracia.