El presidente del CGPJ cuestiona la amnistía: "No se puede donar un riñón a cambio de precio"

El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, considera que el Gobierno en ningún caso ha sacado adelante la ley de amnistía para lograr "la pacificación política y convivencial de Cataluña", sino como simple "contrapartida por el apoyo de sus beneficiarios a la investidura" de Pedro Sánchez. Ese razonamiento le lleva a cuestionar la legalidad de la norma porque, a diferencia de otras amnistías, esta no es más que una transacción política: "Puede donarse gratuitamente un riñón, pero no a cambio de precio, de igual manera que no cabría indultar, menos aún amnistiar, a cambio de una contraprestación onerosa".

Guilarte recoge estos argumentos en un documento que explica los motivos por los que votó en blanco durante el pleno del jueves, cuando el CGPJ aprobó un duro informe contra la ley de amnistía con los votos de nueve vocales conservadores. "El Poder Judicial debe abstenerse de intervenir en cuestiones políticas", advierte. El presidente suplente del CGPJ ya se ha desmarcado en ocasiones anteriores del bloque conservador apuntando a esa misma idea. Pero, esta vez, aclara que su voto en blanco también responde al hecho de que el informe definitivo contra la ley de amnistía pasara por alto una cuestión que él considera determinante.

"Apenas se ha incidido en la incuestionable realidad del precedente que causaliza la existencia de la ley de amnistía", argumenta. "A diferencia de cuantas leyes de amnistía hemos conocido, la que nos ocupa no es una mera medida de gracia otorgada unilateralmente por el poder legislativo, sino que tiene contrapartidas políticas de gran relevancia a cargo de los amnistiables". Guilarte insiste para ello en que la amnistía no puede ser "moneda de cambio de la consecución de una mayoría parlamentaria para la investidura" de Sánchez, pues implicaría convertir lo que por definición es una medida "unilateral y gratuita en algo bilateral y oneroso".

Aunque el presidente suplente del CGPJ reconoce desconocer la "incidencia constitucional" de estas reflexiones, considera que, desde una perspectiva civil, la norma "difícilmente superaría los criterios de validez y licitud". Esa cautela al abordar la constitucionalidad de la norma es la que le diferencia del resto del bloque conservador: "Con mi voto en blanco he pretendido, de cara al exterior, ofrecer un posicionamiento neutral pues, queramos o no, el planteamiento de constitucionalidad tiene sin duda fuertes connotaciones políticas a las que debiéramos intentar ser ajenos", avisa. "Asumo los riesgos de no contentar con ello a unos y a otros, sobre todo a algunos".

TE PUEDE INTERESAR

El presidente del CGPJ frena al bloque conservador en plena crisis con el Gobierno

Pablo Gabilondo

Si el pronunciamiento del CGPJ sobre la ley de amnistía "se hubiera limitado al análisis de su articulado" y no al "debate sobre su constitucionalidad", Guilarte sostiene que "se habría conseguido aprobar un único informe" que se centrara en "una lógica jurídica en la que prácticamente todos habríamos estado de acuerdo". El informe final, por el contrario, tachó la norma de "inconstitucional" y salió adelante con el respaldo de nueve vocales conservadores, el rechazo de cinco progresistas y dos votos en blanco. "La polaridad que nos acosa lo ha impedido", concluye Guilarte sobre la falta de unanimidad en el órgano.

El lawfare del PSOE y Junts

Tras marcar distancias con los conservadores del CGPJ, Guilarte finaliza su informe recordando que la ley de amnistía no fue el único requisito impuesto por Junts per Catalunya para votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez. "Debe reiterarse que hay un aspecto de la contraprestación convenida (…) que no puede asumirse desde una perspectiva de legalidad contractual ni tampoco constitucional por resultar flagrantemente contrario al principio de autonomía e independencia judicial, así como a la necesaria separación de poderes". El presidente suplente del CGPJ se refiere así a las referencias que incluye el acuerdo a un supuesto lawfare contra el independentismo.

La ley de amnistía no aborda esa cuestión de forma directa, pero Guilarte apunta a que la misma "se ha materializado inicialmente en la aprobación de esas comisiones parlamentarias, con citación de jueces, cuya presencia sin duda pende de la voluntad de la mayoría parlamentaria". Si se da "continuidad" a esta medida, Guilarte sí considera que el acuerdo que dio lugar a amnistía resulta insostenible: "Aboca fatalmente a la nulidad radical del pacto y, desde una perspectiva constitucional, caso de formar parte inescindible con el ofrecimiento de la ley de amnistía, llevaría sin duda a la inconstitucionalidad de la prestación unitariamente comprometida".

El presidente del CGPJ también destaca las reuniones que Junts y PSOE están manteniendo en Ginebra con un mediador internacional, lo que refuerza una vez más la idea de que no solo se debe analizar la legalidad de la amnistía, sino de cualquier otra medida que termine por incluir el pacto de investidura: "Hay un verificador extranei que periódicamente se reúne con las partes del acuerdo político para verificar el cumplimiento de las prestaciones comprometidas", remarca Guilarte en su informe. "Pende como acuerdo final 'la estabilidad de la legislatura', sin que se tenga noticia real de variación novatoria alguna de los compromisos adquiridos".