Qué es la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en qué consiste

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Después de que Junts tumbase en el Congreso la Ley de Amnistía, reclamando nuevos cambios para blindarla al considerar que las últimas acciones de los jueces la ponían en peligro, el Gobierno busca nuevas fórmulas para lograr el 'sí' de la formación de Carles Puigdemont y sacar adelante la ley que ya habían pactado con ellos.

Pedro Sánchez se resiste a hacer más modificaciones en el texto de la Ley de Amnistía, pero ha planteado una iniciativa paralela que podría servir como compensación para las aspiraciones de Junts: la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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Marisol Hernández

Esa reforma serviría para acortar los plazos en las instrucciones judiciales y evitar que se prorroguen excesivamente en el tiempo. Sánchez aseguró en su reciente entrevista en La Sexta que "los propios fiscales han puesto en cuestión" esas prolongaciones de ciertos casos, en aparente referencia a la prórroga de seis meses recientemente determinada por el juez García-Castellón en la causa de Tsunami Democràtic, la cual ha vinculado con supuestos actos de terrorismo.

¿Qué es la Ley de Enjuiciamiento Criminal?

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (abreviada como LECrim) es un conjunto de normas legales cuyo propósito es regular las actuaciones judiciales que afecten a cualquier proceso penal. Su texto fue originalmente redactado en 1882 y entró en vigor al año siguiente, pero desde entonces ha sido modificado en numerosas ocasiones, la última de ellas muy recientemente para incorporar las medidas del decreto ómnibus, que ya introducía novedades para agilizar los procedimientos judiciales.

Por lo tanto, la LECrim es básicamente el marco legal que existe en nuestro país para que los jueces llevan a cabo los procesos penales: consta de siete libros y nada menos que 999 artículos, además de las disposiciones adicionales y finales. Todo ello puede consultarse íntegramente en su sección correspondiente del BOE. En teoría, el artículo que podría ser reformado es el 324, que permite a los jueces "prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses".

La LECrim es el marco legal para los procesos penales, y consta de 999 artículos

El Gobierno defiende que una reforma para evitar que ese tipo de casos se prolonguen iría en sintonía con sus últimas medidas para mejorar la eficiencia de la justicia, que fueron introducidas en el mencionado decreto ómnibus.

Pero muchos están recordando estos días que, durante el Gobierno de Rajoy, el ejecutivo popular ya introdujo una reforma en el artículo 324 para limitar los tiempos de instrucción, a la que el propio Sánchez se opuso y posteriormente revirtió al llegar a la presidencia, considerando que abría la puerta a la "impunidad" en casos de corrupción. En cualquier caso, aún están por ver los detalles de la nueva modificación que plantea ahora el Gobierno, si finalmente acaba materializándose.