El Gobierno activa la reforma que deja la instrucción en manos de los fiscales

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es ya una realidad. El Gobierno prevé aprobar en el próximo Consejo de Ministros el anteproyecto de ley por el que el Gobierno concederá las riendas de la instrucción de las causas penales a los fiscales, según confirman a El Confidencial fuentes gubernamentales. La norma se lanza para que emprenda el trámite de informes y parlamentario en un momento en el que la independencia de la Fiscalía se encuentra en entredicho tras el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado para dirigirla.

Consciente de los riesgos, el Ministerio de Justicia acompañará la reforma de un mecanismo que, según aseguran las fuentes consultadas, servirá para incrementar la autonomía de los equipos fiscales. Se modificará el Estatuto del Ministerio Público con la intención de crear grupos de fiscales dedicados por especialidad a la instrucción de los distintos procedimientos con un director al frente. El Gobierno considera que esta actuación colegiada respaldará y fortalecerá el criterio frente a la posible injerencia de los fiscales generales. Los asuntos se atribuirán a cada equipo a través de un sistema objetivo de reparto.

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Europa Press

La reforma propuesta elimina de este modo la figura del juez de instrucción. Una vez sea aprobado por el Congreso y el Senado, la iniciativa para reforzar la independencia -que se considera indispensable- tendrá que elevarse a las Cortes en el plazo máximo de un año. Justicia es consciente de que este intento es ya el tercero para modificar el actual sistema de instrucción judicial y quiere que, a la tercera, venga la definitiva. Tanto el PSOE como el PP lo intentaron antes sin éxito. Consciente del reto, el borrador incluye una amplia 'vacatio legis', de seis años, plazo en el que se espera lograr con éxito la transición.

Con la iniciativa, serán los fiscales los que pasarán a controlar la instrucción en todos sus extremos. El juez instructor pasará a ser una figura de garantías, ideada para supervisar el proceso pero sin intervenir en el mismo. Los magistrados tendrá que aprobar todas aquellas diligencias que supongan una intromisión en derechos fundamentales y también avalar las entradas preventivas en prisión. Con la reforma se pretende, además, restar carga de cuestión probada a los actos de la fase previa al juicio. "La regulación de la imparcialidad objetiva del órgano judicial obedece a la idea compartida de que el juez no debe ser en adelante contemplado como el impulsor de la actividad pública investigadora sino como el garante de los derechos individuales", dice el borrador.

Otro de los principales puntos de la reforma es la eliminación de la presencia de partidos políticos en los procedimientos judiciales. Ya no podrán actuar como acusación popular. Se ha decidido arbitrar un sistema que combine que el ejercicio de la acción popular sirva de contrapeso frente a una concreta actuación del Ministerio Fiscal que puede ser controvertida con la prevención de que esta acción tendente a la imposición de la pena se utilice para la consecución de intereses ajenos a los fines del proceso.

El texto define también nuevas forma de nombrar a los afectados por un procedimiento penal. Se parte de la denominación genérica de persona encausada, que solo informa que una persona está siendo sometida a un procedimiento penal. Junto a este concepto de persona encausada -la sometida al procedimiento en cualquiera de sus fases-, se precisan los términos de investigada -la sometida a investigación-, acusada -aquella frente a la que se ha ejercido la acción penal y condenada o penada -aquella frente a la que se ha dictado sentencia condenatoria o se le ha impuesto una pena-.

Indemnización por prisión

A lo largo de casi 1.000 páginas se desarrollan otros puntos de relevancia. Entre las novedades significativas se incluirá, por ejemplo, la plasmación de la reciente doctrina del Tribunal Constitucional sobre la indemnización de la prisión provisional sufrida en un proceso penal concluido con sentencia absolutoria. Se regula un procedimiento especial cuyos trámites permiten obtener, ante la propia jurisdicción penal, la indemnización por la prisión provisional cuando el procedimiento concluye con una resolución con efecto de cosa juzgada.

Se implementan, también, dos tipos distintos de detención. Junto a la clásica modalidad de detención preventiva, se contempla ahora otra forma distinta -y más leve- de privación cautelar de libertad a la que se da la expresiva denominación de detención para la ejecución de actos y resoluciones. Esta modalidad atenuada se caracteriza por estar exclusivamente orientada a facilitar la realización de actuaciones procesales que requieren, inexcusablemente, la presencia de la persona detenida por una duración máxima de veinticuatro horas, frente a las setenta y dos horas de la detención preventiva.

El juez instructor será una figura de garantías, ideada para supervisar el proceso pero sin intervenir en el mismo

Ha sido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el encargado de anunciar este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados que el anteproyecto de ley sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) ya está listo y ha avanzado que regulará por primera vez el acceso a la información sobre los procesos judiciales para evitar, entre otras cosas, la "pena de banquillo".

"Los trabajos de elaboración del anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal están concluidos y este próximo jueves serán debatidos en la comisión general previa al Consejo de Ministros", ha dicho Campo, en respuesta a una interpelación urgente de Vox sobre el plan del Gobierno contra las 'fake news' o noticias falsas.

El ministro ha aprovechado además para avanzar parte del contenido de la nueva LeCrim, destacando que "por primera vez regulará las comunicaciones con los medios de comunicación" para "garantizar su acceso a informaciones con un claro interés social", aunque también establecerá "limitaciones".

Campo ha lamentado que "es frecuente encontrarse en los medios con filtraciones de informaciones judiciales que suponen graves penas"

Campo ha lamentado que "es frecuente encontrarse en los medios de comunicación con filtraciones de informaciones judiciales que suponen para las personas investigadas graves penas de banquillo", si bien al mismo tiempo se ha mostrado consciente de que hay casos que por su "relevancia social" deben conectarse al derecho a la información. "Es el viejo dilema de la foto del detenido esposado cuyo caso luego queda en nada", ha ilustrado.

Con la nueva LeCrim, ha explicado, "se protege la integridad, el honor y la intimidad de los investigados", así como de peritos, testigos y demás intervinientes en el proceso penal, "limitando la difusión de imágenes cuando no revistan interés informativo o cuando no se trate de un hecho socialmente relevante".

Campo ha reconocido que "la solución no es fácil" y por ello ha insistido en el mensaje de que "el Gobierno tiene la primera palabra pero no la última". Así, ha indicado que se abre ahora un proceso de debate con las fuerzas políticas para "afinar y concluir una nueva norma". "Espero que se sumen al diálogo", ha concluido.