Las defensas piden la nulidad de las investigaciones de la operación Voloh
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OBJETIVO: QUITAR AL JUEZ LA PIEZA

Las defensas piden la nulidad de las investigaciones de la operación Voloh

La intención es anular las principales pruebas de cargo de los delitos de que se les acusa, que van desde tráfico de influencias hasta cohecho

Foto: Agentes de la Guardia Civil custodian la puerta del ayuntamiento de Cabrera de Mar (Barcelona) en el marco de la investigación judicial. (EFE)
Agentes de la Guardia Civil custodian la puerta del ayuntamiento de Cabrera de Mar (Barcelona) en el marco de la investigación judicial. (EFE)

Las defensas de los dirigentes independentistas detenidos en la Operación Voloh presentaron la pasada semana un recurso pidiendo la nulidad de las intervenciones telefónicas que fue admitido a trámite este martes. Quien abrió el fuego fue Olga Tubau, la abogada de David Madí, ex mano derecha de Artur Mas, que confeccionó un recurso al que se adhieren las demás defensas.

La intención es anular las principales pruebas de cargo de los delitos de que se les acusa, que van desde tráfico de influencias hasta cohecho, pasando por blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos, prevaricación y desórdenes públicos.

Foto: Los independentistas y los comunes piden investigar las filtraciones del caso Voloh

El objetivo de las defensas es que el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, no pueda continuar con las investigaciones. De ahí que el objeto del recurso sea intentar anular el auto inicial por el que el magistrado ordenaba, en agosto del 2019, la intervención de los teléfonos de los principales implicados.

Las diligencias que terminaron el pasado 28 de octubre con la detención, entre otros, del propio Madí, del ex alto cargo de ERC Xavier Vendrell, del presidente de la Plataforma Pro Selecciones Catalanas, Xavier Vinyals, así como de varios empresarios y altos cargos de la Generalitat, surgieron tras encontrarse en el IPhone SE A1723, perteneciente a Víctor Terradellas (exresponsable de Relaciones Internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya) dos conversaciones con Madí y con Vendrell de las que se podía sospechar la existencia de varios delitos.

Xavier Vendrell (en la imagen abraza a su pareja). (EFE)
Xavier Vendrell (en la imagen abraza a su pareja). (EFE)

Las conversaciones, según los informes policiales incorporados al sumario, permitían suponer que los independentistas estaban trabajando en una nueva ofensiva contra el Estado con dinero que podría proceder de subvenciones y adjudicaciones concedidas por administraciones controladas por JxCAT y ERC (tanto la Generalitat como la Diputación de Barcelona) que eran desviadas para sufragar actos políticos.

Un reguero de negocios

Debido a las intervenciones, se pudo conocer, por ejemplo, el ‘pelotazo’ urbanístico de Xavier Vendrell en Cabrera de Mar, cerca de Barcelona, cuyos terrenos fueron recalificados este año. El concejal de Urbanismo, el republicano Enric Mir, dimitió de su cargo tres encontrársele en su despacho varios sobres con 38.000 euros en metálico de dudosa procedencia.

Vendrell también pudo haberse beneficiado de supuestos tratos de favor por parte de las consejerías gobernadas por ERC hacia sus negocios: según los indicios hallados, se obviaron por parte de los responsables de Educación -consejería en manos de ERC- irregularidades en una de sus escuelas y se le adjudicaron concursos dudosos. De las conversaciones, pues, se infería que la Administración catalana podría estar beneficiando a los exaltos cargos de CDC y de ERC, por lo que el magistrado abrió una causa separada y mantuvo en secreto las diligencias.

De las conversaciones intervenidas se deduce también que algunos de los detenidos manejaban los hilos de la plataforma Tsunami Democrátic, el grupo que organizó las violentas manifestaciones del 2019 tras conocerse la sentencia del 1-O. Las conversaciones telefónicas intervenidas se convierten, así, en una poderosa herramienta que deja al descubierto un sinfín de irregularidades y conductas sospechosas.

Foto: Imagen: EC.

El recurso presentado enfoca el asunto sólo por algunas de las actuaciones jurídicas: trata de demostrar que no se desprende que haya malversación de dinero público, niega que se estudiase un sistema de criptomonedas y operar con estas divisas y apela al secreto de las comunicaciones para rechazar las grabaciones incriminatorias.

Partiendo de esas premisas, en el recurso presentado, se afirma que en ocasiones no hay “un indicio racional” de que se hubiera cometido o se iba a cometer un delito con desvío de dinero público, sino sólo “hipótesis policiales”. Asimismo, señala que no existen elementos indiciarios de soporte a esas hipótesis, al menos en lo que se refiere a la conversación inicial de David Madí con Víctor Terradellas. Afirma que, en ocasiones, la interpretación de las conversaciones por parte de los agentes de la Guardia Civil “se separa frontalmente de la literalidad de la misma” y subraya que en los diálogos se habla de futuribles.

Niegan operar con bitcoins

El recurso niega, asimismo, que los detenidos tuviesen intención de utilizar criptomonedas para eludir el control del Estado español, ya que los informes policiales señalan que estaban interesados en el uso de la criptomoneda bitcoin “y en establecer contactos con entidades bancarias con la finalidad de operar al margen de los controles de las autoridades europeas (…) la adquisición de criptomoneda podría estar realizándose con fondos relacionados con los casos de corrupción de los últimos años que han aflorado fruto de las investigaciones de las FCSE”.

Agentes de la Guardia Civil durante el registro en el ayuntamiento de Cabrera de Mar en el marco de la investigación judicial. (EFE)
Agentes de la Guardia Civil durante el registro en el ayuntamiento de Cabrera de Mar en el marco de la investigación judicial. (EFE)

Añaden los informes que el objetivo del uso de criptomonedas podría ser, presumiblemente, eludir el control de la Hacienda pública española. Y, si los fondos provenían de subvenciones otorgadas a través de la Plataforma Pro Selecciones Catalanas, podría haber incluso desvío de fondos públicos.

Según el recurso, “no hay ni un solo elemento objetivo y concreto que permita sostener que alguno de esos fondos públicos ha entrado en el circuito de las criptomonedas”. El escrito llega al punto de asegurar que “esta forma es la propia de una investigación prospectiva prohibida constitucionalmente”.

El recurso se apoya también en varios escritos de Fiscalía: uno de agosto del 2019 (reproducido casi en su totalidad posteriormente en julio de 2020, cuando la Guardia Civil solicitó una prórroga de las interceptaciones telefónicas) que dice que “no se ha identificado con la claridad necesaria cuál es el dinero presuntamente malversado para el uso de criptomonedas” y creía “precipitada” la suposición de la Guardia Civil.

También apela el recurso a que en el auto no se vincula la actividad de las fundaciones de Víctor Terradellas al uso de criptomonedas. Paralelamente, la letrada asegura que su defendido, David Madí, no tiene disponibilidad sobre fondos públicos ni ostenta cargo público alguno, aunque reconoce que tiene contactos de alto nivel. “Tener y mantener relaciones con personas que han ejercido funciones políticas públicas, reunirse con ellas, compartir con ellas proyectos, ideas, críticas, no comporta por sí solo la existencia de una influencia efectiva sobre cargos políticos con capacidad de desviar fondos de las arcas públicas”, dice el recurso.

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En las conversaciones, no obstante, salen a relucir algunas de las negociaciones y reuniones de Madí tanto con altos cargos de la Administración como con empresas privadas. Al no estar claros los delitos cometidos, indica el recurso, se afirma que se ha vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones, aunque en su auto el magistrado ya advertía que “si se supiera con exactitud cuál era este dinero [desviado], tal vez no sería necesaria la intervención de las comunicaciones”.

Con el recurso, pues, las defensas pretenden la “nulidad de pleno derecho” del auto original (que llevaba fecha de 29 de agosto de 2019) que dio inicio a la pieza hasta hace poco secreta, para luego provocar la nulidad de todas las demás actuaciones. Paralelamente, las defensas piden el envío de la pieza que contiene las intervenciones telefónicas a la Audiencia Provincial de Barcelona y que se envíen, asimismo, los autos de entrada y registro del pasado mes de octubre. Con ello, el magistrado que ha investigado el tema se quedaría sin la parte más importante de este sumario y se minimizarían los daños políticos del sumario.

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